sábado 11, julio 2020

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La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) advirtió que los cambios legislativos que proponen implementar el “PIN Parental” en Nuevo León promueve que millones de menores sean discriminados por condición de edad, al imponer visiones religiosas en la educación básica, así como negarles conocimientos para la auto protección de la violencia sexual y las culturas machistas que sustentan las violencias contra las niñas y mujeres.

Ello porque “grupos anti derechos humanos, jerarquías religiosas y legisladores de Nuevo León –al seguir a VOX, partido político español de ultraderecha que recién se creó– buscan a través del llamado “PIN Parental” que los adultos impidan que niñas, niños y adolescentes reciban información científica y laica sobre educación sexual y desigualdades de género en el sistema educativo.

Ya “el pasado jueves aprobaron una modificación a la Ley de Educación del Estado de Nuevo León para incluir el precepto religioso de defensa del derecho a la vida desde la concepción en la educación, lo cual atenta contra el Estado Laico”, advirtió la organización.

Explicó que utilizando argumentos falaces y pervirtiendo el sentido del derecho a la educación estos grupos pretenden engañar a la ciudadanía sobre el importante rol de madres y padres de familia en la educación de sus hijos.

Por ello, indicó que el derecho a la educación es universal y busca el desarrollo personal, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y las mamás y papás pueden elegir los modelos educativos públicos o privados, horarios, estilos más innovadores o los tradicionales en su papel de corresponsales del derecho a la educación, sin embargo, a quien le compete el enfoque curricular es a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y esta está obligada promover un Estado laico.

“Pretender censurar los contenidos curriculares al deseo arbitrario de sus tutores adultos sería un acto discriminatorio que podría dejarles en desventaja frente a otras niñas y niños, afectando con ello su desarrollo, autonomía progresiva e interés superior de la niñez protegida por la Constitución mexicana y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, advirtió la organización.

Ante esta situación, la Redim exigió al Congreso de Nuevo León conducirse de acuerdo al mandato constitucional que les faculta en su carácter de legisladores, al tiempo que les establece límites claros en un Estado laico, recordando que su derecho personal a profesar creencias religiosas no les permite imponerlas sobre todas y todos los ciudadanos.

“Pedimos al gobernador de Nuevo León vetar la modificación a la Ley de Educación local realizada recientemente por estar contraria al orden constitucional del país”, indicó la organización.

Finalmente, solicitaron a la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a pronunciarse sobre esta grave violación al orden constitucional y acompañar al Estado de Nuevo León a proteger la garantía de una educación universal, científica y laica para todas las niñas, niños y adolescentes.