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Berlín, Alemania. El pasado 17 de mayo 2020 el nuevo gobierno de Israel fue finalmente ungido después de año y medio de crisis política y tres elecciones consecutivas. En noviembre 2018 la coalición de Benjamín Netanyahu perdía su mayoría y dejaba un periodo de gobierno encargado por él mismo hasta la actualidad. Pese a los casos de corrupción y un desgaste en popularidad, su partido Likud se quedó a un escaño de ser primera fuerza de la Knesset (el parlamento israelí) en las elecciones de diciembre 2019 ante al Alianza Azul-Blanca de Benny Gantz.

El pasado 20 de abril 2020 los dos partidos mayoritarios, Likud y Alianza Azul-Blanco se pusieron de acuerdo en un “gobierno de unidad nacional” junto a partidos menores, donde Netanyahu estaría al frente por un año y medio y posteriormente Gantz tomaría el timón por el restante de la legislatura. Como consecuencia de ello la Alianza Azul-Blanco se dividió y de los 33 escaños tan sólo quedaron 15 parlamentarios leales a Gantz. En este nuevo gobierno habrá 36 ministros, lo cual es un hito histórico en la historia de Israel.

Uno de los temas más polémicos es sin duda la anexión del valle del Jordán –cerca del 30 por ciento de Cisjordania–, que Netanyahu defendió a capa y espada y que quiere implantar lo antes posible. Gantz no estaba en línea con dicha urgencia, aunque sí con el hecho de legalizar la presencia de asentamientos ilegales de colonos israelíes en tierra palestina. Además que Gantz disentía en su carácter unilateral sin apoyo de la comunidad internacional. Esto entra en el “Acuerdo del Siglo” que Estados Unidos e Israel negociaron a inicios del año. El beneplácito de Washington para con esta medida está asegurado, mientras que los palestinos quedaron excluidos de las negociaciones. El 1 de julio 2020 el nuevo ejecutivo quiere pasar por el parlamento una ley para formalizar el acto y entonces controlar todo el valle del Río Jordán que sirve de frontera natural con el Reino Hachemita de Jordania.

Por el lado palestino el rechazo es rotundo a dicha anexión anunciada. El gobierno palestino no solamente rechazó categóricamente el “Acuerdo del Siglo” y el territorio que éste le concede como estado soberano, sino que sigue exigiendo el respeto por las fronteras del año 1967 como base de una negociación con Israel. Mientras que los asentamientos ilegales proliferan desde la firma del Tratado de Oslo de 1993, cerca de 400 mil de colonos viven en Cisjordania de forma permanente.

La reacción por parte del presidente palestino Mahmoud Abbas fue contundente, al declarar que “este hecho nos obligará a reconsiderar todos los acuerdos, tratados y entendimientos que se habían alcanzado con el estado de ocupación o con Estados Unidos”. En concreto esto podría tener incidencia en el Tratado de Oslo de 1993 mismo. En términos del primer ministro Mohammed Shtayyeh la formación de este “gabinete anexionista querría decir literalmente que la solución de dos Estados estaría bloqueada y el pueblo palestino fragmentado. Esto contraviene contra la ley internacional y otras resoluciones internacionales relevantes”.

Incluso el rey Abdulah II de Jordania indicó a Aljazeera que “si Israel realmente anexara Cisjordania en julio, esto conduciría a conflicto masivo con el Reino Hachemita de Jordania”. Agregó que de ser necesario “estaría considerando todas las opciones”, sin especificar en detalle en qué consistirían. Jordania es vecino de Israel y de Palestina y uno de los dos firmantes del tratado de paz con Israel en 1967 junto a Egipto.

No obstante lo anterior, Estados Unidos constituye el principal apoyo internacional del nuevo Ejecutivo israelí, como demuestra la visita del secretario de Estado Mike Pompeo el pasado 13 de mayo, por el que incluso se pospuso la toma de posesión del nuevo gobierno al jueves 14, antes de volver a moverla al domingo 17 de mayo 2020. Durante su visita Pompeo reiteró “la visión de paz” del presidente Trump y declamó que “aún queda trabajo adelante, y tenemos que hacer progresos en la cuestión”.

El embajador estadunidense en Israel, David Friedman por su lado hizo entender previamente al gobierno de Tel-Aviv, que su país estaría dispuesto reconocerle la soberanía sobre el 30 por ciento de Cisjordania, siempre y cuando se cumplan unas condiciones, entre ellas el que negocie con la Autoridad Palestina, que detenga el 50 por ciento de los asentamientos ilegales en las zonas C (zonas bajo administración palestina) y que declare su soberanía formalmente, la cual Washington reconocería inmediatamente. En el pasado Washington ya reconoció a Israel la soberanía sobre las Alturas del Golán, que pertenecen a Siria y trasladó en 2018 la embajada a Jerusalén, que reconoció como la capital del país formalmente.

Mientras que el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell tras una videoconferencia con los 27 Estados miembros, anunció que los países integrantess “[…] reafirmamos nuestra posición de apoyo a una solución negociada de dos Estados. Para que esto sea posible, deben evitarse las acciones unilaterales de cualquiera de las partes y, con seguridad, debe respetarse el derecho internacional. Debemos trabajar para desalentar cualquier posible iniciativa de anexión”. Sin embargo a falta de un consenso interno, no existe una política común europea ante la posible acción israelí.

Luxemburgo, Bélgica o Irlanda por un lado se mostraron más críticos y contundentes ante los planes de inminente anexión por parte de Israel, mientras que la posición alemana e italiana ante Israel fue mucho más conciliantes. Primero hay que dejar al gobierno entrar en funciones, y si es necesario se podrá tomar cartas en el asunto más tarde. Francia pugnó por suspender la colaboración económica y cultural con la nación asiática en caso de producirse la anexión. Por su lado el Reino Unido, que ya no forma parte del bloque, sí mostró más claridad su rechazo a toda violación de la ley internacional, incluso esgrimiendo sanciones económicas contra Israel como medida represiva y distanciándose de la línea de Estados Unidos.

En plena pandemia de Covid-19 y ante una situación política incierta, los actuales territorios palestinos se verían reducidos ulteriormente por un 30 por ciento de la superficie de Cisjordania, lo cual hipotéticamente sería compensado por otros territorios al sur de Israel, según el “Acuerdo del Siglo”. Además de que la pérdida de la ribera del río Jordán, fronteriza con Jordania, enclavaría más aún a Cisjordania al perder la frontera común.

Independientemente del desenlace de unas negociaciones en el marco del “Acuerdo del Siglo”, a las cuales los palestinos no parecen proclives de participar, la región de Medio Oriente estaría cerca de un levantamiento popular, o por lo menos de una subida de tensión diplomática o militar, producto de una anexión unilateral por parte de Israel en Cisjordania.

 

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