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Periodistas, representantes de organizaciones sociales y entidades gubernamentales llamaron a reconocer la importancia de la labor periodística y a garantizar la seguridad de los comunicadores durante y posterior a la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Y es que consideraron que en esta pandemia ha incrementado la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos, quienes deben enfrentar nuevos riesgos derivados de la situación sanitaria, como restricciones a la movilidad, falta de equipo de protección y escaso apoyo de sus propios medios.

Expertos que participaron en el seminario digital “Pandemia, democracia y derechos humanos” –organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México (ONU-DH)– mencionaron que a dichas condiciones se suman a la violencia estructural que enfrentan los periodistas en México.

Pues, desde el decreto de la alerta sanitaria (el 31 de marzo) se han identificado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas (registrando 141 casos a lo largo de 2020), y se han reportado agresiones durante la cobertura informativa y contra agrupaciones de profesionistas de la salud y defensores de este derecho, informó Jorge Ruiz, director general adjunto de Reacción Rápida y Recepción de Casos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

No obstante, las condiciones derivadas de emergencia sanitaria exponen a las personas periodistas a posibles contagios y ponen en riesgo su salud, agregó.

Por su parte, Redes de Periodistas, Libertad de Expresión y Género de la asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), ha documentado que la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Coahuila son las entidades con más atentados contra periodistas.

Ante ello, Adriana Ramírez, responsable de CIMAC, aseveró que se han incrementado las agresiones contra los periodistas a través de espacios digitales, y que también se han reportado bloqueos informativos, despojo de material de trabajo, hostigamientos, intimidación y campañas de desprestigio, actos perpetrados en su mayoría por funcionarios públicos estatales.

Mientras tanto la Red de Periodistas Sonora –encabezada por Reyna Haydé Ramírez– ha documentado que en Veracruz, Chiapas, Sonora, Baja California Sur, Morelos y Puebla, las fuentes oficiales se rehúsan a responder consultas telefónicas, no aceptan videoconferencias, no proporcionan los datos que los reporteros solicitan o no responden las preguntas que se formulan en las conferencias de prensa.