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Los nuevos retos económicos y costos sociales que dejará a su paso la pandemia de Covid-19 en México y en el mundo han hecho que tanto el gobierno de la “4T” como los empresarios establezcan rutas alternativas para evitar ante todo el desplome del empleo, pues no hacerlo implicará aumentar de manera exponencial el número de mexicanos en situación de pobreza.

La actual administración tomó la ruta de atender de manera primordial a los que menos tienen, a través del otorgamiento de créditos a la palabra a microempresas y trabajadores de sectores informales como los taxistas que sin el auxilio oficial estarían condenados a desaparecer de la actividad económica, pero también haciendo extensivos estos apoyos a las pequeñas y medianas empresas que generan más del 80 por ciento de los puestos laborales del país.

Importante que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, y otros más elevados al rango constitucional de derecho social por el Senado, no se vean afectados e, incluso, se hayan ampliado por la emergencia sanitaria como la doble ayuda a los adultos mayores.

Se estima que actualmente el conjunto de los programas sociales beneficia a más de 20 millones de mexicanos y mantenerlos vigentes permitirá amortiguar el golpe brutal que se avizora a la actividad económica en su conjunto y garantizará que los jóvenes no interrumpan sus estudios y que habitantes de zonas marginadas obtengan un ingreso, por ejemplo, con el programa de caminos rurales.

El gobierno federal no sólo busca que las pequeñas y medianas empresas y otros sectores ayuden a contrarrestar la caída en el empleo, de su parte ha anunciado su intención para que proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía Felipe Ángeles, y una serie de inversiones público-privadas en entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generen miles de empleos en todo el territorio nacional.

El país no se puede detener y prueba de ello es el contrato otorgado a la empresa portuguesa Mota-Engil que en sociedad con la China Comunication Construction Company se encargarán de las obras del primer tramo del Tren Maya, en los 226 kilómetros de Palenque hasta Escárcega, con una inversión estimada de 15 mil millones de pesos y la generación aproximada de 30 mil empleos que en los actuales momentos de emergencia sanitaria darán un indudable impulso a la economía del sureste del país.

Esta obra será uno de los ejes primordiales para incentivar y fortalecer al turismo en estados donde alrededor de esta actividad gravita gran parte de su actividad económica. La interconexión facilitará el acceso a un sinfín de sitios arqueológicos y naturales en varios estados del sureste, y garantizará atraer a turistas no sólo nacionales sino de todo el mundo. La derrama económica será permanente como la creación de miles de empleos bien remunerados.

La crisis que a todos preocupa, ha llevado al sector empresarial mexicano a buscar también otras alternativas de financiamiento donde ha quedado exento el riesgo de que tales acuerdos pudieran implicar en endose de deuda pública al Estado.

En este tenor, debe citarse el acuerdo firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), mediante el cual se otorgarán a los empresarios mexicanos hasta 12 mil millones de dólares (unos 290 mil millones de pesos), para financiar a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de permitirles enfrentar el tsunami económico que se avecina tras la pandemia del Covid-19.

De acuerdo al organismo empresarial, la distribución de los recursos se enfocará a aquellas empresas que forman parte de las cadenas de valor de las grandes compañías. Y es aquí donde los apoyos de la iniciativa privada y del gobierno en sus obras de desarrollo se complementan porque gran parte de estas empresas serán las encargadas de vender diversos implementos e insumos a las firmas que echarán a andar proyectos como el Tren Maya. Un círculo virtuoso para la economía nacional en su conjunto.

Según detalló el CMN: “El acuerdo está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento que permite a las mipymes [micr, pequeñas y medianas empresas] obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas”.

De acuerdo al plan trazado, el BID Invest buscará la colaboración y apoyo de la banca comercial local, inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo, para movilizar recursos adicionales con el objetivo de ampliar las líneas de factoraje inverso.

“La movilización de recursos, a través de préstamos y garantías, resulta fundamental para conseguir más financiamiento disponible para las mipymes, generando un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país”, detalló el organismo empresarial en un comunicado.

En el actual contexto todo apoyo en este sentido es valioso pues no debe olvidarse que en nuestro país, funcionan actualmente un promedio de 4.1 millones de mipymes que aportan el 42 por ciento del producto interno bruto (PIB) y generan casi el 80 por ciento del empleo en el país; empero, únicamente un 23 por ciento obtiene financiamiento de la banca comercial lo que representa una de las principales limitantes para su expansión y supervivencia.

El escenario que amenaza a la economía global es tan desalentador y de urgente atención que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha decidido otorgar a diversas naciones créditos con tasa cero de intereses.

Y el Banco de México (Banxico), por su parte anunció la liberación de recursos por 750 mil millones de pesos para destinarlos al apoyo de las familias mexicanas y las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de instituciones de crédito, con la supervisión del gobierno federal en la correcta aplicación de los recursos, pero respetando su autonomía. Todos estos esquemas buscan ante todo apoyar a las empresas para mantener los empleos.

Habrá que evaluarse tras el aprendizaje que está dejando la actual crisis, la necesaria adecuación de las leyes en materia laboral, para evitar los atropellos en contra de la clase trabajadora como los que han cometido empresas de outsourcing que bajo la excusa de la paralización de actividades por la contingencia sanitaria, despidieron a sus empleados sin indemnización alguna, alegando la terminación anticipada de sus contratos.

Es éste uno de los tantos ejemplos del por qué debe eliminarse la subcontratación que ha sido y es un vergonzoso retroceso a la estabilidad laboral y el derecho de los trabajadores a una vida mejor. Los senadores y diputados que defendían el outsourcing tienen elementos para normarse un nuevo juicio al respecto.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

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