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Como adelantamos en este espacio el 23 de abril, Gustavo Rómulo Salas Chávez ­–extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el gobierno de Enrique Peña Nieto– fue designado la semana pasada titular del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi), cuyo jefe inmediato es el secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el sonorense Francisco Acuña Méndez, excoordinador de asesores del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fuerte aspirante a la candidatura para gobernador de Sonora por Morena.

Con este reciclaje del exfiscal de la PGR, quien por corto tiempo también estuvo a cargo en el sexenio pasado de la manipulada y fallida investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, los civiles empiezan a ganar terreno a los militares al interior del CNI, principal órgano responsable de cuidar la seguridad nacional del país y que cuenta con siete coordinaciones generales, algunas de ellas recién ocupadas por miembros del Ejército y la Marina, y otras con los mismos burócratas que hacían espionaje ilegal en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Desde mediados del gobierno de Peña Nieto (2015-2016) se creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) con seis Centros Regionales (Cerfi) en igual número de zonas del país, con el propósito de “reducir la violencia, combatir los delitos y fortalecer las condiciones de seguridad en el país”.

El Cenfi inició actividades para tratar de operar acciones de coordinación y cooperación interinstitucional, concentrar información e integrar cuerpos de inteligencia para identificar y ubicar objetivos generadores de violencia.

Dicho Centro estaba integrado por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; especialistas de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; así como de la Procuraduría General de la República.

El objetivo que tenía era el intercambio de información, operación de infraestructura tecnológica y la elaboración de productos adecuados de combate a la violencia y la delincuencia que promueven tantos los Centros Regionales como el Nacional, a fin de contribuir a la coordinación en materia de seguridad. A 4 años de constituido dicho Cenfi, vemos que ha fallado en casi todo, porque la violencia no cesa desde hace tres sexenios y sigue en aumento.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Gobernación, en 2016, cuando estaba al frente el priísta Miguel Ángel Osorio Chong –actual coordinador del PRI en el Senado de la República–, “la coordinación entre autoridades, regionalización y el fortalecimiento de la inteligencia que orienta la política pública de seguridad y procuración de justicia, hizo posible que los Centros de Fusión se distribuyeran en distintas regiones del territorio nacional”.

A principios de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa mañanera que las instalaciones de la Policía Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán reutilizadas para la nueva sede del Centro Regional Norte de Fusión de Inteligencia (Cerfi), con el propósito de fortalecer la inteligencia con el uso de tecnología en seguridad pública.

El presidente dijo que se busca “fortalecer la inteligencia, esta parte del Estado, y que sirva para todo el trabajo que hacen las dependencias federales y estatales en el ámbito de inteligencia”.

En la misma conferencia de prensa del 9 de enero pasado, como público el medio de información Debate, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval explicó que se trata de una dependencia que trabaja 24 horas al día, “son equipos de trabajo que van recopilando la información, van trabajando aspectos de inteligencia, se van conjuntando los esfuerzos de todos, en la parte de inteligencia del terreno, se va consolidando y generando un producto de inteligencia.

“Estamos en el proceso de integración, esperemos que en los próximos meses podamos ponerlo a funcionar al ciento por ciento, pero su operación va a ser permanente, en apoyo directo a todas las fuerzas de seguridad en el Estado, inclusive a estados vecinos.”

Las viejas instalaciones de la Policía Federal ubicadas en Ciudad Juárez serán la sede del nuevo Centro Regional de Fusión de Inteligencia, sumándose a otros cinco centros regionales de inteligencia en Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Colima y Veracruz, que se coordinan con el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) en la Ciudad de México y que ahora está a cargo del exfiscal Gustavo Salas.

“Mientras más inteligencia, menos fuerza necesitamos, esa es la concepción que estamos teniendo, para poder actuar de manera eficiente en contra de los grupos delincuenciales […], hay que incrementar en gran medida la inteligencia”, señaló el general Luis Cresencio Sandoval.

El secretario anunció en enero que sólo para el Cerfi de Ciudad Juárez se contarán con 13 mil 852 elementos, de los cuales por parte de Sedena son 2 mil 783; de la Guardia Nacional 1 mil 983 elementos; de la Policía Estatal de Chihuahua, 2 mil 698 agentes y 6 mil 388 policías municipales.

Fiscalía General de la República, Sedena, CNI, Semar y Guardia Nacional son las instituciones que se coordinarán en el Cenfi y las cinco actividades principales de inteligencia son: Planeación y Dirección, Acoplo, Procesamiento, Difusión y Explotación.

Puntos suspensivos… Intrigas en Palacio: nadie sabe de dónde salió la orden o al menos no del presidente de la República, pero el coordinador de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, investiga al senador Germán Martínez –expresidente nacional del PAN e infiltrado en el gobierno de Andrés Manuel López Orador, en donde por 6 meses ocupó el cargo de director general del IMSS– hasta que se hartó por no poder manejar a su antojo los recursos públicos, como lo hizo en gobiernos panistas. Martínez también se desempeñó como secretario de la Función Pública en el mediocre gobierno del panista Felipe Calderón, posición a la que fue enviado para ocultar y proteger los actos corruptos de su entonces jefe el presidente y de otros miembros del gabinete. Sin embargo, por el nuevo expediente que abrió la UIF podría presumirse que se trata de dinero que no se conoce su origen u operaciones financieras ilegales, pero tampoco es seguro que la investigación concluya con éxito, pues basta revisar las operaciones con recursos de procedencia ilícita producto del tráfico de drogas y otros delitos para darnos cuentas que es muy poco el dinero decomisado a bandas criminales… Es precisamente ahora que en la Presidencia de la República hay un hombre honesto y austero con en el gasto público, cuando la oposición en el Congreso ­–es decir los partidos chiquitos: PAN, PRI, PRD, MC, entre otros– se opone a que el jefe del Ejecutivo reasigne el presupuesto para atender eficazmente las necesidades más apremiantes de la población, como por ejemplo las acciones de salud motivadas por la pandemia de Covid-19; mientras que en otros sexenios tanto gobiernos priístas como panistas disponían a su antojo del gasto público, al punto que de lo aprobado cada año en el Congreso, la Secretaría de Hacienda reasignaba más del 50 por ciento el gasto, pero entonces los partidos no decían ni hacían algo al respecto. Era el derroche y la corrupción la que movía entonces el gasto público sin importarle a los políticos.