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Este 1 de Mayo los trabajadores en México enfrentan un panorama desolador: la crisis por la pandemia ha erosionado al sector laboral como no se veía en años recientes. Más de 300 mil puestos de empleo se han perdido, sumiendo a miles de familias aún más en la pobreza. Al menos 84 empresas dieron de baja del IMSS a todo su personal

Cada día desde que el coronavirus SARS-CoV-2 llegó al país, decenas de personas pierden su empleo por la crisis económica que arrastra la pandemia. Tan sólo entre el 13 de marzo y el 6 de abril, 346 mil trabajadores fueron despedidos, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Liliana y varios de sus compañeros forman parte de esas estadísticas. Ellos trabajaban bajo un esquema de subcontratación para la trasnacional ManpowerGroup México –uno de los más grandes empleadores de outsourcing–, como demostradores de diversos productos (entre ellos Tequila Campo Azul, cervezas de la marca Modelo, L’Oréal)

Los contratos de Liliana y sus compañeros fueron cancelados cuando las tiendas de autoservicio en las cuales se desempeñaban dejaron de permitir el acceso a los demostradores, como parte de las medidas de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2.

Manpower, aseguran los denunciantes que pidieron el anonimato por temor a represalias, canceló los contratos firmados por 2 meses; sólo pagó las semanas que laboraron y un finiquito correspondiente a ese tiempo.

Explican que su experiencia con la trasnacional siempre sigue la misma ruta: cuando inicia la promoción de una marca se firma un nuevo contrato cuya duración varía de entre 15 días a 6 meses. Una vez concluido, la recontratación tarda un tiempo.

Para los denunciantes demandar no es una opción, porque asumen que cuando firman esos contratos también firman su renuncia. Además, consideras que la “culpa” es del gobierno, que cerró las empresas tras anunciarse las medidas sanitarias de distanciamiento social.

Consultado por Contralínea, Héctor Márquez Pitol –director Comercial y de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup México– explica que al mes de marzo (las estadísticas de abril aún no están disponibles) la empresa tuvo un impacto negativo en 625 puestos de trabajo de los 55 mil que mantiene, pero que aún tienen vacantes.

Agrega que la promotoría es siempre un empleo eventual: “te contratan por una, dos o más semanas dependiendo de la campaña”. Y como ejemplo pone la temporada que va del Día del Niño al Día de la Madre (30 de abril a 10 de mayo), cuando en épocas normales hay mucha contratación, pero ahora por la emergencia sanitaria se ha cancelado.

Advierte que hay dos subsectores que se han contraído por la pandemia a nivel nacional: el de los servicios para empresas –en especial hotelería– y el del comercio –demostradores, impulsadores de ventas en tiendas departamentales y de autoservicio–, con pérdidas de 110 mil puestos en el primer caso y de 32 mil en el segundo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el caso de ManpowerGroup México, indica que los 625 puestos que se cancelaron eran eventuales. “Desafortunadamente cuando hay pérdida de empleos al primero que le dan las gracias es al eventual, pero cuando empieza a recuperarse el trabajo al primero que se contrata también es al eventual”, explica.

Agrega que las personas que perdieron sus empleos con ManpowerGroup, pueden acercarse nuevamente a la empresa porque sí hay vacantes en otras áreas, en especial en materia de logística, de productos de limpieza y antibacteriales. “Trabajo sí hay, vacantes sí hay. Esas personas que han perdido su empleo pueden regresar con nosotros y ver qué otra oportunidad de trabajo hay”. Además, detalla que al contar con todos sus datos, sus papeles, es mucho más fácil su incorporación al mercado laboral.

También explica que toda contratación o término de contrato se ha hecho conforme a la ley, porque el compromiso de la compañía es siempre cumplir con sus obligaciones legales, laborales y de pago de impuestos.

Respecto del comportamiento del mercado laboral, Márquez Pitol espera que se recupere pronto, pues hay señales positivas entre las empresas. “Se espera que a mediados de mayo y ya a partir de junio se empiecen a abrir todos los sectores, aunque sea en forma parcial –que las empresas abran al 50 o al 30 por ciento de su capacidad–, se va a empezar a reactivar la producción y por lo tanto volverían a contratar personal. Sí vamos a tener 3 meses muy malos –marzo, abril y mayo– porque la pandemia está a todo lo que da, pero esperaría que para finales de mayo y en junio se recupere”.

Covid-19 y la erosión laboral

La crisis pandémica del coronavirus SARS-CoV-2 ha sido considerada no sólo un peligro para la salud, sino también para el sector económico y laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha declarado que si a nivel internacional no se instrumentan rápidamente políticas coordinadas ante esta crisis, cerca de 25 millones de personas podrían perder su empleo.

En México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha denunciado que al menos 84 empresas dieron de baja del IMSS a parte de su personal, algunas de ellas a toda su plantilla.

Aunado a ello, el pasado 29 de abril el gobierno de la Ciudad de México indicó que inspeccionó por despidos o bajas ante el IMSS a empresas como Dupperclean Services, SA de CV, que registró 1 mil 917 bajas; Excelencia y Calidad en Seguridad Privada Atlántico, SA de CV, con 1 mil 712 despidos; Construcciones Yamila, SA de CV, 1 mil 662 puestos cancelados; Randstad México, S de RL de CV, 951; Orion Integración, Desarrollo y Talento, SA de CV, 452; Servicios Corporativos Recórcholis, SA, 353; Holding de Restaurantes, S de RL de CV, 292; Brillo y Blanco, SA de CV, 244; Lifa Superpersonal, SC, 229; Grupo Parisina, SA de CV, 173.

En entrevista con Contralínea, el doctor en derecho José Alfonso Bouzas Ortiz –académico de la Universidad Nacional Autónoma de México– explica que ante las arbitrariedades que se están dando al interior de muchas empresas es fundamental que los trabajadores presenten sus demandas, ya que mientras ellos no demanden las autoridades federales y locales “no pueden hacer más que pronunciamientos generales”.

Refiere que las empresas que sean demandadas no podrán justificar su conducta, y recibirán las sanciones correspondientes, ya sea la reinstalación del trabajador, pago de salarios adeudados, etcétera. Y añade que aunque hay empresas que han obligado a sus trabajadores a firmar documentos como la renuncia éstos son inválidos.

El doctor Bouzas Ortiz explica que lo ideal es que los trabajadores recurran a sus sindicatos o formen sindicatos alternativos con los cuales se pueda establecer una negociación con la empresa para ajustar las condiciones de trabajo ante la situación irregular.

El investigador y experto en el tema laboral espera que la crisis económica y de salud que actualmente se está enfrentando el mundo se resuelva pronto, ya que México no podría soportar por más de 3 meses esta situación. Si no se resuelve pronto, expone, se podrían esperar más despidos, tomas de fábrica, cierres arbitrarios y se desataría la violencia.

Despedidos, en la incertidumbre

En el contexto de la pandemia, una de las empresas que despidió a sus trabajadores es la agencia Payroling Corporation, SA de CV. Extrabajadores denuncian que son 40 las personas que perdieron su fuente de empleo y, además, sin indemnización.

En este caso también se trata de demostradores de productos en centros comerciales y tiendas de autoservicio (entre ellos de la marca Nestlé). La forma de contratación tenía vigencia de 1 o 2 meses, dependiendo de la campaña, y se renovaba una vez concluido el plazo, por lo que los trabajadores no generan antigüedad.

“Nos avisaban con 2 semanas de anticipación que la promoción se terminaría y a lo mucho nos habíamos quedado una semana sin trabajo en lo que empezaba la nueva promoción. Esta última vez no nos dijeron que nos quedaríamos definitivamente sin trabajo”, explican afectados.

Agregan que afuera de las instalaciones, personal de la agencia les anunció el cierre de todas las actividades de demostración y que “hasta nuevo aviso se reanudaban labores”.

Los afectados dicen estar en una situación de incertidumbre, ya que la mayoría no cuenta con otro apoyo económico. Muchos de ellos se encuentran en búsqueda de otro empleo para mantener a sus familias.

“Si no hay trabajo no vamos a tener dinero para sobrevivir, y entonces ¿Qué vamos hacer? Porque las carnicerías y los negocios están abiertos pero si no tenemos dinero como vamos a comprar huevo y carne. Por mucho que hablen del coronavirus no podemos estar encerradas en nuestras casas, tenemos que trabajar, pero ¿de qué? Si ya todas las empresas están cerradas”, exponen.

Los demostradores no piensan actuar legalmente en contra de Payroling Corporation, pues antes de recibir su último cheque la empresa les pidió firmar su renuncia, por lo que consideran que no tienen posibilidad de ganar.

Otro caso similar ha ocurrido en la empresa Distribuidora Ulpallata, SA de CV, quien se dedica a la distribución de vinos –como Lagarde Cabernet Sauvignon, Obra Prima y La Florencia– en restaurantes argentinos, entre ellos Puerto Madero y Cambalache. Una vez que estos cerraron, la empresa se quedó sin materia de trabajo y por ello rescindió algunos contratos laborales.

Además de cesar fuentes de empleo, los denunciantes indican que a quienes continúan trabajando se les ha recortado el salario a casi la mitad. “Lo único que quieren hacer con este recorte de salario es fastidiarnos, porque como yo sí trabajo directamente para la empresa pues lo que les conviene a ellos es que yo renuncie, así no me liquidan”, indica una de las personas que aún conserva su empleo.

Sandra Martínez Aguilar, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social (Caceps), consideró que ante esta emergencia sanitaria la autoridad laboral federal debe enviar a los inspectores laborales a las empresas a verificar que cumplan con la ley establecida.

Durante la conferencia virtual “Coronavirus y empleo, la crisis se agudiza”, la experta dijo que los trabajadores deben levantar sus demandas en contra de las empresas que hayan atentado contra sus derechos laborales.

Durante su participación en la misma conferencia, Patricia Pozos Rivera –economista e integrante del Caceps– explicó que “si bien no hay mucha protección del empleo, los que están empleados que tienen un contrato laboral van a poder recurrir a estas demandas. Creo que el problema que tenemos es toda la parte de trabajadores informales que se va a quedar sin empleo y que no hay marco legal que los cubra”.

Afirmó que los estragos del coronavirus SARS-CoV-2 serán terribles por la cantidad de muertos que habrá, pero también por el impacto económico. Son las personas desempleadas, subempleadas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores migrantes y las pequeñas y medianas empresas (Pyme) los más afectados, explicó.

“Si bien es verdad que debemos analizar dicha coyuntura en relación a esta pandemia, también debemos decir que no todo es resultado de ella, sino que se debe a problemas estructurales de la organización social y económica en la que vivimos […]. Nunca antes en la historia de la humanidad la forma en la cual está organizada para producir todo lo que requiere para satisfacer las necesidades de todos sus integrantes como, por ejemplo, la comida, la ropa, las comunicaciones, el transporte, etcétera, nos ha colocado en un riesgo real de muerte. Esto se debe a que nos han despojado todo medio para poder producir nosotros mismos nuestros insumos básicos, y debemos recurrir a los mercados, a la tiendas, a los supermercados a comprarlo todo; es decir, nuestra vida en su totalidad depende de nuestro salario; por ello, un desempleado es un condenado a muerte”, indicó.

La economista Pozos Rivera añadió que esta crisis sanitaria permite ver de manera clara la vulnerabilidad de los trabajadores, que no es producto del coronavirus sino de la “reestructuración productiva que se utilizó, como la salida de la crisis de la década de 1970”.

Y enfatizó que es urgente instrumentar estrategias por parte del estado para brindar apoyo a todo el sector de la población que trabaja en la informalidad, “ya que son ellos los más afectados por la estrategia de quédate en casa”.

Los números del empleo informal

En México, 31.3 millones de personas de 15 y más años ocupadas se encuentran en el empleo informal, lo que representa 56.2 por ciento de la población ocupada, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el empleo informal no sólo se incluye a quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias, no constituidas como empresas y que no cumplen con registros básicos de proveedores de bienes y servicios, sino también a quienes, a pesar de estar fuera del sector informal, presentan condiciones laborales consideradas informales, tales como el autoempleo en la agricultura, la no remuneración o carencia de seguridad social.

El Inegi también ha dado cuenta de que de la población de 15 y más años ocupada en el empleo informal, 48.8 por ciento (15.3 millones) forma parte del sector informal; en tanto que 51.2 por ciento (16 millones) presenta condiciones laborales consideradas informales (por autoempleo en la agricultura, empleo no remunerado o carencia de seguridad social).

Las estadísticas del Instituto apuntan que la informalidad laboral está mayormente presente en los extremos de los grupos etarios de la población ocupada, 82.1 por ciento de los jóvenes de 15 a 19 años ocupados se emplean en la informalidad, así como 72.5 por ciento de la población de 60 y más años.

En relación con el grupo de personas ocupadas en el empleo informal por condiciones informales (16 millones), se encuentra que 61.2 por ciento son asalariadas sin seguridad social, 14.9 por ciento están en el autoempleo en agricultura, 14.6 por ciento en servicio doméstico que es remunerado, pero no cuenta con seguridad social, y 9.3 por ciento son trabajadores sin pago.

Además, quienes viven en localidades con menos de 15 mil habitantes, participan más en el empleo informal con 74. por ciento, situación que disminuye a 46.7 por ciento para los que viven en localidades de 15 mil o más habitantes.