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Un nuevo escándalo ha desatado en Europa el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría Treviño, por el supuesto chantaje en el que habría participado con el gobierno español para manipular estadísticas que incluyeran a ese país entre las 10 naciones que más pruebas han hecho en el mundo para detectar el coronavirus en la población, a cambio de que España lo apoye en su reelección al frente de la OCDE.

Eso que sucede con Gurría en España no es nuevo para los mexicanos, pues desde que ocupó el cargo de secretario de Hacienda durante el gobierno priísta de Ernesto Zedillo, sus negligencias, omisiones y corruptelas fueron denunciadas por la prensa, como aquella narrada desde aquellos años en esta columna cuando descubrimos documentos oficiales en donde se daban instrucciones para encubrir y proteger a los hermanos de su entonces jefe, el presidente Zedillo, a fin de evadir el pago de impuestos y que sus empresas recibieran un “trato preferencial” ante los fraudes fiscales cometidos.

El portal español Vozpopuli informó que fuentes diplomáticas vincularon el apoyo de Gurría Treviño al gobierno español con su campaña para la reelección al frente de la OCDE, que se decide este año.

Califica como un “terremoto internacional” por la supuesta manipulación estadística que forzó a las autoridades españolas a emitir un comunicado de madrugada en el que “niega trato de favor de la OCDE”.

Vozpopuli asegura que el gobierno español presionó para que la OCDE situara a España entre los países que más pruebas de Covid-19 ha hecho. Así, la presencia de ese país en los primeros puestos de la lista se fraguó en una videoconferencia de alto nivel que tuvo lugar el viernes de la semana anterior y fuentes diplomáticas vinculan el apoyo expreso de José Ángel Gurría al ejecutivo Pedro Sánchez con su campaña para la reelección como secretario general de la organización.

El caso mexicano

A Gurría Treviño lo marca una historia de complicidad y servicio a gobiernos corruptos y abusivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que no le ha impedido cada que visita México hablar mal del gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, al que critica que haya dejado de depender de los préstamos de organismos internacionales y de las difíciles condiciones económicas y sociales por las que atraviesa el país. Sin duda, olvida que fueron el PRI y el PAN los que durante 5 décadas fomentaron la corrupción, incrementaron la violencia, motivaron la desigualdad social y fomentaron la impunidad y la injusticia.

Oficio de papel guarda los archivos con documentos oficiales que involucran a Gurría en actos de corrupción cuando fue titular de Hacienda, como aquellos beneficios fiscales que le otorgó a sus amigos, empresarios, políticos y, principalmente, a los hermanos del entonces presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León.

Documentos de la Secretaría de Hacienda, así como versiones de exfuncionarios en ese gabinete, confirman que en 1998 Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos del expresidente, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo Zedillo, así como a su empresa Grupo Intecon, para que pudieran liquidar extemporáneamente impuestos sin recargo alguno que no enteraron al fisco entre 1991 y 1996.

En los primeros días del gobierno panista de Vicente Fox, su secretario de la Contraloría –Francisco Barrio Terrazas– intentó investigar la corrupción de Gurría, pero el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, impidió que avanzara la investigación.

En aquel entonces el contralor Barrio pidió ayuda a Gil Díaz para que se sancionara a la familia del expresidente Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de cómo se había beneficiado ilegalmente a la empresa de los hermanos Zedillo.

En información publicada en esta columna se dio cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presidente del Grupo Intecon, hizo a Oficio de papel sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte de Gurría, cuando su hermano Ernesto era el presidente de la República.

En aquella ocasión, Rodolfo Zedillo juraba que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”; sin embargo, sí reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”. Y agregaba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”.

Es decir, sí les habían condonado impuestos, pero cínicamente el hermano de Zedillo aseguraba que “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.

Las pruebas que aún guardo en viejos archivos confirman cómo las cuatro empresas de la familia del expresidente Zedillo –Integración de Sistemas para la Construcción; Conductores Eléctricos de México; Promociones Electro Iris, e Inmobiliaria y Constructora Gegaza– acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal, que sumaron hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos entre 1991 y 1996.

Para resolver ese problema antes de que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo buscó un arreglo con las autoridades hacendarias para asegurar que no fueran acusados posteriormente, por lo que en mayo de 1998 aseguraron haber pagado créditos fiscales por 8 millones 103 mil 779 pesos, lo que le significó una condonación de más de 7 millones de pesos.

De acuerdo con una tarjeta informativa que el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al entonces secretario José Ángel Gurría, el SAT también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición parte del saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas.

Cada uno de los créditos fiscales que las autoridades hacendarias les fincaron por las omisiones en que incurrieron los Zedillo al no pagar las contribuciones de sus cuatro empresas, se encontraba sin garantía alguna, lo que es contrario a las disposiciones fiscales, pues el espíritu de toda norma tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fiscal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en todos los créditos que las autoridades hacendarias determinen. Situación que en el caso de las empresas de los Zedillo no se cumplió, lo que confirma el trato preferencial del fisco federal a favor de la familia del expresidente de la República.

Estas irregularidades de la familia Zedillo, permitidas y solapadas por el entonces secretario de Hacienda, ejemplifican cómo José Ángel Gurría fue parte de la maquinaria de corrupción y abusos que mantuvo al PRI en el poder por tantos años y que ahora el actual secretario general de la OCDE recurre a chantajes y componendas en Europa para ser reelegido.