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El miércoles pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los 11 lineamientos generales con los cuales su gobierno buscará, mediante decreto publicado en el Diario Oficial, reactivar la economía de México después de la crisis mundial provocada por la pandemia y las caídas en los precios del petróleo, de los mercados financieros y del empleo, entre otros factores negativos.

El primer mandatario advirtió que para reactivar la economía lo más pronto posible es necesario que todos los servidores públicos tengan claridad de que esos 11 puntos deben aplicarse, porque están sustentados en criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia.

El primer punto de esas 11 urgentes medidas: “No será despedido ningún trabajador, pero tampoco se contratará a nadie. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos –de subdirectores a presidente de la República– hasta 25 por ciento de manera progresiva (quien gana más aporta más), ni tendrán aguinaldo”.

Sin embargo, por recomendaciones externas, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) planea en estos momentos de austeridad la contratación en un cargo relevante del exfiscal de la extinta Procuraduría General de la República, Gustavo Rómulo Salas Chávez, lo cual contradice la decisión presidencial de “no contratar a nadie” y cuya medida “aplica para todos”.

Pero quién es Salas Chávez. Su última responsabilidad es la de titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, ha sido director general adjunto de la Coordinación de Asesores en la Secretaría de Gobernación, 31 de enero de 2019.

Según el expediente de Salas Chávez elaborado por el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre los cargos más importantes que ha ocupado es el de titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de 2015-2016, y en la administración anterior el presidente Enrique Peña Nieto lo designó como encargado de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa.

También fue director de área en el Consejo de la Judicatura Federal, de 2017 a 2018; subdirector de área en el Consejo de la Judicatura Federal, 2017; jefe de unidad en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información parea el Combate a la Delincuencia en la PGR, 2015; director general adjunto de la Coordinación de Asesores de la PGR, 2012 a 2015.

Salas Chávez también fue fiscal especial para Delitos Contra la Libertad de Expresión de la PGR, el órgano ministerial supuestamente creado para defender a periodistas y prevenir las constantes agresiones contra el gremio que suma muchos muertos. Obviamente dicha Fiscalía nunca sirvió en los gobiernos del PRI y del PAN, pero sí consumía recursos públicos económicos, humanos y materiales.

También fue director de área en la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, de 2009 a 2010; fiscal B de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2007 a 2008; director general adjunto en la Academia Nacional de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2006 a 2007; asesor en la Subprocuraduría de Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la PGR, 2003 a 2006.

El expediente de seis cuartillas incluye datos personales, que aquí no publicaremos, pero sí parte de su situación patrimonial: un vehículo marca Mercedes Benz, modelo 2007; una motocicleta Harley Davidson, modelo 2016; automóvil Audi; vehículo Toyota, de los cuales se incluyen los números de placas.

Se menciona que entre diciembre de 2010 y junio de 2016, Gustavo Salas realizó seis viajes al extranjero: Argentina, España y Estados Unidos. El documento del Cisen cuestiona también su actuación como titular de la SEIDO por algunas acusaciones de corrupción.

Puntos suspensivos… El caso penal Collado-Rico-Bustamante sigue en debate y ahora se presenta una desesperada jugada de abogados que busca cambiar rumbo y curso del juicio en beneficio de uno de los empresarios presos. Sabrá el fiscal general de la República (FGR), el doctor Alejandro Gertz Manero, que el abogado Arturo Germán Rangel, socio y amigo de los panistas Diego Fernández de Ceballos y el exprocurador Antonio Lozano Gracia –promotores del golpe blando contra López Obrador–, presume a quien lo escuche de que tiene “una gran cercanía y ascendencia” con los fiscales que llevan los casos especiales de la FGR y que les ha ofrecido que su cliente José Antonio Rico Rico, hoy preso, se puede declarar testigo protegido y entregar un testimonio falso contra Juan Collado M y Sergio Hugo Bustamante Figueroa, a fin de conseguir, a cambio, un ilegal beneficio con criterio de oportunidad: la libertad de Rico Rico… Lo anterior porque ya saben –como lo publicó oportunamente Contralínea– que Bustamante y la familia Collado alcanzaron un arreglo para convenir y concluir, en acuerdo, el conflicto mercantil que la Fiscalía hizo penal, incluyendo “delincuencia organizada”, en la compraventa de un edificio en Querétaro… Ésta no sería la primera vez que el abogado Germán Rangel se presta a una maniobra tramposa: recordemos que fue él quien por órdenes del entonces procurador Antonio Lozano y su fiscal Pablo Chapa Bezanilla, autorizaron la tortura y acusaron sin prueba alguna a Othón Cortés de ser el “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El mismo Othón Cortés, recientemente fallecido, lo recordó en varias entrevistas para distintas publicaciones nacionales. Por cierto, el abogado que defendió gratuitamente de esa injusticia a Othón Cortés fue Juan Collado Mocelo. ¿Será por eso que Arturo Germán y Antonio Lozano andan ofreciendo sus “buenos oficios” a la Fiscalía General de la República? En cuanto se entere el fiscal general Gertz Manero de esas chuecas maniobras de abogados alguien la pasará mal.