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La crisis derivada del crecimiento exponencial de pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 en México desnudó quizás el más letal de los efectos del neoliberalismo: el desmantelamiento de un sector del que dependen la salud y la vida de millones de mexicanos.

Si bien desde el arribo al poder de Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982, los hospitales públicos, tanto los destinados a la atención de trabajadores amparados en la seguridad social del apartado “A” como del “B”, y los de la Secretaría Salud, enfocados a atender a la población en general, comenzaron  un gradual declive tanto en su infraestructura, equipamiento y personal especializado, fue en los gobiernos panistas donde se les dio la puntilla con la subrogación de diversos servicios como el de las guarderías que derivó en tragedias como la de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños y 106 resultaron con secuelas de por vida.

El déficit no solo de camas sino de medicamentos, médicos y enfermeras tornó la atención médica en México en una quimera constitucional de morales consecuencias. Desde el arribo al poder de Vicente Fox en el 2000, los panistas encontraron en la subrogación de servicios un negocio rentable a costillas de la salud de los mexicanos.

Con el narcogobierno de Felipe Calderón las cosas llegaron a extremos de cinismo homicida, cuando se permitió que bodegas inseguras fueran habilitadas como guarderías para que familiares de la entonces primera dama Margarita Zavala, y hasta gobernadores, obtuvieran millonarios ingresos con contratos firmados con el Seguro Social. Tales fueron los casos de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.

A la fecha basta con acudir a cualquier sala de urgencias del ISSSTE, IMSS o de los hospitales del sector salud, o a las clínicas de atención familiar, para constatar el estado de quiebra absoluta que priva en la atención a la salud de millones de personas.

Razón más que suficiente para que la aparición del coronavirus en México pusiera en evidencia al endeble sistema de salud oficial y, de cara a la terrible realidad, el abandono en que se tuvo por décadas a un sector que en cualquier país del primer mundo es de primer orden. La tecnocracia neoliberal terminó de ver a la atención médica, parte fundamental de la seguridad social y de los derechos humanos, como una apetecible mina de oro.

El sistema de salud en ruinas que atestigua todo el país, es producto del brutal desmantelamiento del sector que por seis sexenios careció de la atención y los recursos públicos necesarios para su fortalecimiento y crecimiento. Si bien es cierto que año con año los gobiernos neoliberales se jactaron de elevar los presupuestos en la materia, también lo es que buena parte de esos recursos fueron devorados por la corrupción y las subrogaciones de las que ya hablamos.

No puede concebirse que en el pasado sexenio se hayan quedado a medio construir decenas de hospitales por todo el territorio nacional y que muchos de los que fueron inaugurados resultaran nosocomios utilizados como tinglados para el lucimiento personal de diversos políticos que tuvieron la osadía de cortar listos en unidades médicas que carecían de los equipos más esenciales, pero sobre todo de médicos y enfermeras.

El criterio empleado por los neoliberales para justificar la entrega de diversos servicios a empresas privadas fue que se ahorraban cuantiosos recursos al erario, lo cual ha resultado una falacia porque con los multimillonarios despilfarros bien se hubieran podido comprar el equipo y costear al personal para atender a los pacientes que requieren tratamientos de hemodiálisis, por citar uno de tantos casos.

A la fecha hay una brutal desproporción entre el número de camas destinadas a la hospitalización, urgencias y terapia intensiva en instituciones como el IMSS y el ISSSTE y el número de sus derechohabientes.

Dejemos que las cifras hablen: para atender a unos 88 millones de derechohabientes en todo el país, el Seguro Social y el ISSSTE cuentan apenas con unas 12 mil camas; 3 mil 800 de este total se destinan al área de urgencia, razón por la que se explican las tétricas escenas difundidas desde hace largo tiempo en las redes sociales, de pacientes tirados en el suelo en espera de ser atendidos. Desde ya varios años, la demanda supera con creces a la oferta hospitalaria. Y ni qué decir de la capacidad para atender a sus salas de terapia intensiva, donde ambas instituciones apenas y contabilizan mil 553 camas.

En lo que respecta a la Secretaría de Salud, entidad encargada de brindar atención médica a por lo menos unos 40 millones de mexicanos que subsisten en la informalidad y no tienen acceso al IMSS o al ISSSTE, y forman parte de la población más vulnerable, el número de camas para atención hospitalaria es de 39 mil 400 camas; otras 5 mil son para urgencias y mil 553 para terapia intensiva.

Se entiende así por qué el temor de que un crecimiento exponencial de casos de Covid-19 en México pueda rebasar la capacidad de hospitales públicos. Además, a tal déficit de camas hay que sumarle la carencia de suficientes equipos para atender a los pacientes que requieran de una atención especializada para salvar sus vidas. En todo el sector salud hay apenas 5 mil 523 de estos aparatos; el IMSS cuenta con 2 mil 896; ISSSTE 330, y la Secretaría de Salud 2 mil 53.

De ahí la urgencia de comprarlos a China u otro país que pueda surtirlos con la premura que amerita la actual emergencia sanitaria, como otros tantos insumos de los que carece el personal de los nosocomios gubernamentales, que están expuestos a ser contagiados por la ausencia de caretas y cubrebocas.

Pero no solo es en materia de camas y equipos donde hay graves carencias, las cifras revelan que en nuestro país las instituciones públicas del sector salud carecen de personal suficiente para atender a millones de habitantes. De acuerdo con cifras oficiales, se requieren de unos 200 mil médicos más y 250 mil enfermeras para brindar una mejor atención a la población en su conjunto, sea o no asegurada.

Preocupa el saber que para atender la actual contingencia solo existan en los hospitales públicos mil especialistas en terapia intensiva. El renglón de la salud deberá tener apoyos prioritarios y suficientes, porque sin duda que miles de mexicanos perderán sus empleos por la crisis económica que vendrá como consecuencia en la paralización de la economía. Unos 350 mil ya quedaron en la cesantía y la cifra podría dispararse hasta un millón de nuevos desempleados.

Será la Secretaría de Salud la entidad que deberá absorber para su atención médica a los mexicanos que dejarán de cotizar al IMSS o al ISSSTE. De ahí la urgente necesidad de fortalecer en su conjunto al sector salud del país.