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Contundente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a 15 grandes contribuyentes –dueños de emporios empresariales–, que deben 50 mil millones de pesos en impuestos a la hacienda pública, que más vale que los paguen.

La estrategia presidencial para evitar la evasión fiscal y obligar a los deudores de impuestos a que paguen tiene tres etapas: la primera es hacerlo público; es decir, el anuncio en la conferencia mañanera de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha descubierto a 15 grandes contribuyentes con adeudos fiscales por 50 mil millones de pesos y, sin dar nombres de los empresarios ni las compañías que representan para “no quemarlos”, sí prevenirlos de que el fisco los tiene en la mira y que más vale que paguen o les caerá, por primera vez, todo el peso de la Ley Fiscal Federal y el Código Penal Federal, que por supuesto incluye la cárcel.

Una vez hecha pública la advertencia a esos 15 grandes evasores fiscales, que bien saben ellos mismos quiénes son, la segunda acción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue enviar una carta, según él mismo lo anunció en “la mañanera”, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, su amigo Carlos Salazar Lomelín, con la lista de nombres de los 15 empresarios que por décadas han evadido pagar sus impuestos amparados en componendas, corruptelas y sobornos a servidores públicos hacendarios, y al mismo tiempo solicitar su ayuda (de Salazar Lomelín) para intermediar con esos grandes empresarios evasores para que paguen sus impuestos por la buena, es decir “voluntariamente”, o de lo contrario se procederá judicialmente porque López Obrador no es “tapadera de nadie”.

La tercera etapa, que pocos conocen, es la orden que salió de Palacio Nacional para la presidenta del SAT, Raquel Buenrostro, y la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, de revisar y auditar a todos esos grandes contribuyentes que por lo menos en los últimos 5 años han evadido el pago de impuestos a través de cancelaciones de créditos, perdones fiscales, insolvencias y otros artilugios concebidos desde el poder político en gobiernos panistas y priístas, a fin de recuperar cientos de miles de millones de pesos que se dejaron de pagar mediante sobornos, chantajes y complicidades empresariales con servidores públicos.

Por supuesto que todos sabemos que la SFP no puede auditar a particulares, ésa no es función, pero lo que sí está haciendo es revisar la actuación del SAT y todos sus procedimientos internos para corregirlos, pues por años se ha permitido y solapado la evasión fiscal. Así que uno de los puntos ordenados por el jefe del Ejecutivo a Irma Eréndira Sandoval es revisar a detalle todas las cancelaciones de créditos fiscales que, por lo menos en 2019, primer año del gobierno de López Obrador, la cifra negra alcanzó los 380 mil millones de pesos que el fisco dejó de cobrar, la cual representa el 50 por ciento de lo que Enrique Peña Nieto dejó de cobrar en 2018, último año de su gobierno.

Ahora sabemos, según lo anunciado por el presidente de la República, que van a empezar con estos 15 grandes contribuyentes que deben la nada despreciable cifra de 50 mil millones de pesos, dinero que una vez que el SAT lo cobre “por las buenas”, para que los evasores no vayan a prisión, se destinaría a la compra de miles de ventiladores y otros enseres médicos que el país necesita urgentemente para enfrentar la pandemia de Covid 19 y evitar que muchos mexicanos mueran en los hospitales por falta de ese equipo clínico.

Sin duda que entre las muchas molestias que tienen los más ricos del país por las acciones de gobierno de López Obrador destacan dos, que los tienen muy encabronados: haber frenado la corrupción en obras públicas y compras gubernamentales, y obligarlos a pagar impuestos.

Así que este capítulo de la historia que se empieza a contar a partir de diciembre de 2018 bien podría titularse “Los ricos también lloran”.

Cancelaciones, perdones, condonaciones, reducciones…

En el registro de control de cuentas de orden del SAT, aparecen montos muy importantes que se dieron de baja por “cancelaciones de créditos fiscales por insolvencia” (clave 860015), es decir que no se cobraron, y otros fueron cancelados por motivos diferente al pago (clave 960020).

Por ello resulta indispensable revisar la documentación comprobatoria con la cual funcionarios del SAT justificaron la no recuperación de los montos, porque seguramente es motivo de corrupción y persecución penal.

En ese sentido, los estados de la República con mayores cancelaciones de créditos fiscales son la Ciudad de México, con 213 mil 229 millones 20 mil 9 pesos; Jalisco, 89 mil 495 millones 703 mil 465 pesos; Nuevo León, 61 mil 814 millones 987 mil 29 pesos, y Tabasco, con 20 mil 881 millones 676 mil 111 pesos.

En el rubro de “bajas por el traspaso de los créditos fiscales por insolvencia del deudor a las cuentas de orden”, es decir bajas por motivos diferente al pago, las cantidades con mayor importe cancelado fueron en la Ciudad de México, 56 mil 121 millones 853 mil 656 pesos; Jalisco, 40 mil 465 millones 938 mil 105 pesos, y Veracruz, 10 mil 387 millones 761 mil 951 pesos.

En el apartado de cancelación de créditos fiscales por insolvencia, cuentas de orden 860019 y 960014, la Ciudad de México tiene el monto mayor: 174 mil 46 millones 785 mil 797 pesos.

Relación de contribuyentes por cancelación de créditos, cuentas 950150 y 950245, la cifra asciende a 1 mil 84 millones 959 mil 315 pesos.

En la relación de contribuyentes en las cuentas de orden 950150: condonación de multas, y cuenta 050161: condonación parcial, asciende a un total de 10 mil 71 millones 632 mil 749 pesos. Estas cuentas muestran situaciones atípicas por las cantidades millonarias no cobradas, pues varias cancelaciones corresponden a un solo contribuyente y se realizaron en un solo día, por lo que se debe revisar la comprobación y justificación en los expedientes.

En la cancelación de créditos fiscales por insolvencia, correspondientes sólo al estado de Michoacán 1 y 2, la cantidad ascendió a 12 mil 684 millones 307 mil 224 pesos.

En la relación de contribuyentes que efectuaron pagos de impuestos en el extranjero, por lo que se les otorgó “acreditamientos de otros estímulos”, la cifra asciende a 37 mil 162 millones 208 mil 350 pesos. En este apartado se debe revisar el expediente de cada causante para verificar la autenticidad de la documentación con la cual aprueban y justifican la cancelación.

En la relación de Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADRs), donde se efectuaron condonaciones de créditos fiscales a través de formas de pago, en el periodo enero-diciembre de 2019, el monto fue de 1 mil 760 millones 704 mil 602 pesos.

También en las ADRs que únicamente dieron de baja en cuentas de orden de enero a diciembre de 2019, el monto fue de 52 mil 115 millones 232 mil 670 millones de pesos.

En la relación de ADR por cancelaciones de créditos fiscales por insolvencia a través de cuentas de control, se requiere, precisan los documentos del SAT, saber qué funcionario autorizó dicha cancelación en 2019 por 328 mil 410 millones 708 mil 65 pesos.

En la relación de entidades que de enero a diciembre de 2019 condonaron multas y recargos (artículo 7 transitorio de la Ley de Ingresos) usando formas de pago virtuales, que no se cobraron en efectivo, entre enero y diciembre del año pasado, la cifra fue de 33 millones 720 mil 336 pesos.