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Ante la probabilidad de que se apliquen medidas más severas en la libertad de movilidad de los mexicanos para garantizar la sana distancia en el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) subrayó la importancia del artículo 29 de la Constitución Mexicana para evitar que gobiernos estatales y municipales atenten contra los derechos humanos, al no guiarse por “protocolos [ni] auténticos marcos normativos para el desempeño de sus funciones”.

Y es que a pesar de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de no hacer uso de la fuerza para mantener a las personas dentro de sus hogares, estados como Yucatán, Chihuahua, Sonora y Baja California han recurrido a medidas de carácter policial y toques de queda para garantizar el cumplimiento del distanciamiento social que han recomendado organismos internacionales.

Hasta ahora no existen ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que faculte al presidente a suspender los derechos ciudadanos que pudieran ser un obstáculo para hacer frente a “casos excepcionales de emergencia”, como la actual contingencia sanitaria de Covid-19, indica el IBD.

Aun cuando se redactó dicha norma, por diversas razones –entre las que destaca “el temor de que las fuerzas de orden público y, particularmente, el Ejército realicen tareas de seguridad pública”– se perdió la atención y el interés en ratificarla. Ello porque a la par se buscó reforzar las facultades del Poder Legislativo y Judicial en casos de disposición de control parlamentario, control jurisdiccional y de protección de los derechos humanos.

Al respecto, el Instituto –dependiente del Senado de la República– manifestó que aun si la situación es delicada, siempre se deben preservar los derechos de las personas y las libertades civiles, por lo que “no deja de ser una lástima que México no cuente con el artículo 29”, ya que los estados finalmente se verán obligados a responder a la contingencia sin este lineamiento.

La Ley General de Salud, segunda opción

El Instituto Belisario Domínguez señaló que la Ley General de Salud (LGS) podría ser una alternativa de solución, ya que le otorga a la Secretaría de Salud (SSA) la función de desarrollar estrategias para lograr enfrentar situaciones que pongan en riesgo la salud de la población, así como “le concede la atribución de disponer de las transmisiones de radio y televisión […] para una mayor cobertura y comunicación de las medidas en torno al covid-19 a nivel nacional”.

“En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la SSA dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el presidente de la república”, indica el artículo 181 de la LGS.

Por su parte, el artículo 184 ordena que la SSA ejercerá la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General, la cual deberá de integrar brigadas especiales bajo su responsabilidad basadas en las siguientes atribuciones:

  1. Encomendar a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estime necesarias y obtener para ese fin la participación de los particulares.

  2. Dictar medidas sanitarias relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones y con los regímenes higiénicos especiales que deban implantarse, según el caso.

  3. Regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del estado y de servicio público.

  4. Las que determine la propia secretaría.

Finalmente, la Ley General de Salud expresa que para el eficaz cumplimiento de las acciones de la Secretaría de Salud podrían intervenir las fuerzas del orden público e incluso las Fuerzas Armadas, a condición de que no se vulneren los derechos y libertades civiles.