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Por el homicidio de la periodista María Elena Ferral, ocurrido la tarde del 30 de marzo en Papantla, Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó una condena enérgica y demandó “a las autoridades de procuración de justicia la pronta y efectiva investigación de los hechos para dar con los responsables de la agresión y llevarlos ante la justicia para evitar que el caso quede impune”.

El organismo mandó condolencias a familiares y amigos de la periodista, así como a quienes ejercen el periodismo en Veracruz, a los compañeros del medio en que laboraba y a todo el gremio periodístico.

Aunado a ello, solicitó la instrumentación “de medidas cautelares a la Fiscalía General de la República, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General, ambas de Veracruz, a efecto de que se realicen las acciones correspondientes e idóneas para la protección de los familiares de la periodista, mismas que fueron aceptadas por ambas autoridades”.

En un comunicado, explicó que el lunes 30 de marzo, María Elena Ferral –reconocida comunicadora en la región Poza Rica-Papantla y corresponsal del Diario de Xalapa y Norte de Veracruz–, recibió cuatro disparos de arma de fuego en un ataque perpetrado por sujetos desconocidos que viajaban en una motocicleta en la calle Francisco Javier Mina, en el centro de Papantla. “La periodista fue trasladada grave a un hospital donde horas más tarde lamentablemente falleció”.

La CNDH expuso también que la comunicadora ya había denunciado diversas amenazas en el pasado. Por ello, reiteró su “preocupación por la falta de mecanismos idóneos por parte de la autoridad para prevenir y evitar los atentados en contra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que buscan inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”.

Para el organismo, “la violencia contra periodistas, en todas sus formas, es uno de los principales obstáculos para que nuestro país se consolide como una democracia; de ahí la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno se aboquen en la prevención, protección e investigación oportuna de estos hechos”.