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La actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador está decidida a evitar por todos los medios que se repita la evasión fiscal practicada en gobiernos anteriores (panistas y priístas), desde los perdones fiscales directos a amigos, familiares y empresarios corruptos que sobornan a funcionarios, hasta condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales, especialmente las injustificadas devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes.

Para ello, el Congreso ha modificado leyes y reglamentos; sin embargo, algunos funcionarios intermedios que vienen de administraciones pasadas (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) se las han ingeniado para eludir y violar la ley en favor de grupos empresariales, borrando sus deudas y créditos con el fisco, lo que ha generado pérdidas por cientos de miles de millones de pesos a cambio de jugosos “donativos” recibidos por una parte de la burocracia, con el consecuente daño al erario nacional.

Como escribíamos en columnas anteriores, hay preocupación y nerviosismo en el gobierno del presidente López Obrador, desde donde ha salido la orden contundente de frenar toda condonación fiscal, “trátese de quien se trate”; por lo cual el Servicio Administración Tributaria (SAT) trabaja coordinadamente con la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya titular es la doctora Irma Eréndira Sandoval, para literalmente “cazar” a grandes evasores fiscales y al mismo tiempo denunciar penalmente a burócratas corruptos cómplices de esa evasión.

En ese sentido, la titular de la SFP dio la orden de auditar la normatividad interna del SAT para revisar las fallas que ésta tiene en el control del cobro de impuestos; además de auditar –y aquí serán lo más estrictos posible– todos los miles de créditos fiscales cancelados por principio en 2019, primer año del gobierno de López Obrador, en donde se dejaron de cobrar 380 mil millones de pesos porque algunos funcionarios cancelaron esos créditos al “borrarlos” de documentos oficiales (de las Cuentas de Orden).

Una prueba de lo anterior es el oficio No. UAG/210/0165/2020, que con fecha del pasado 6 de febrero envió a la jefa del SAT, maestra Raquel Buenrostro Sánchez, el titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Omar González Vera, en donde éste le expone la urgente necesidad de trabajar en conjunto para, palabras más o palabras menos, frenar la evasión fiscal de grandes contribuyentes.

Por la trascendencia de dicho documento en poder de Contralínea, lo reproducimos a continuación:

“Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez

Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

“Con fundamento en los artículos 37, fracciones I, V, VIII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 40, fracciones XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, me permito solicitar a usted la siguiente información y documentación correspondiente al ejercicio 2019 que a continuación se enlista.

“1. Estado Analítico de Ingresos en su mayor nivel de desagregación, recaudado por el Servicio de Administración Tributaria correspondiente al cierre del ejercicio 2019.

“2. Proporcione un Manual de Procedimientos de la Administración General de Recaudación, vigente en 2019, que describa el proceso interno que se realiza para cancelar un crédito fiscal, formato PDF.

“3. Mencione los distintos tipos de bajas de créditos fiscales por los que procede su cancelación y proporcione el fundamento legal de cada uno de ellos.

“4. Proporcione una base de datos de los créditos fiscales que fueron cancelados en el ejercicio 2019, informando los siguientes datos: RFC; nombre o razón social; persona física o moral; fecha de cancelación; monto cancelado; motivo de la cancelación; tipo de crédito fiscal; fundamento legal por el cual procedió la condonación. Dicha base de datos debe presentarse en formato Excel.

“5. Señale los criterios considerados para cancelar un crédito fiscal.

“6. Flujograma del procedimiento y etapas del proceso de la cancelación de créditos fiscales, identificando las áreas y/o las personas responsables, vigente en 2019.

“7. Señale el proceso y las cuentas contables afectadas con que se registran la cancelación de un crédito fiscal.

“8. Informe que reportes se emiten mensualmente y en qué sistemas electrónicos la Administración General de Recaudación maneja el registro y control de la información en relación con la cancelación de créditos fiscales, asimismo mencione si esta información es pública.

“Lo anterior deberá entregarse en esta Unidad de Auditoría Gubernamental dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente.

“En caso de existir impedimento legal o material para dar cumplimiento a lo requerido, deberá fundar y motivar la razón de ello por escrito y acreditarlo con las constancias correspondientes.

“Sin otro particular, quedo de usted.

“Atentamente el Titular de la Unidad

Omar González Vera”

Como sabemos, la jefa del SAT en 2019 es la ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, quien sería la responsable de la cancelación de créditos fiscales por cerca de 400 mil millones de pesos en el ejercicio pasado, pero será la actual titular Raquel Buenrostro, exoficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y funcionaria de todas las confianzas del presidente de la República, quien tenga que hacerle frente a este grave problema que de no atenderse podría repetirse en 2020, con el consecuente daño a las finanzas públicas.

El reto para las dos servidoras públicas, Buenrostro Sánchez y Sandoval Ballesteros, es no sólo lograr que en este año no haya cancelación de créditos sobre esas enormes fortunas, sino también encontrar a los culpables (burócratas en complicidad con grandes contribuyentes) de tal evasión y, quizás lo más importante, recuperar parte del dinero cancelado de los créditos fiscales del ejercicio 2019, lo cual caería muy bien ante la crisis económica mundial.

Al cierre de esta columna nos enteramos que la Unidad de Auditoría Gubernamental ya recibió toda la información solicitada al SAT, por lo que habrá que esperar que la Función Pública haga su trabajo y dé cuenta de ello a la población sobre esa multimillonaria evasión fiscal.

Puntos suspensivos… Una vez más estamos ante una economía de guerra que ya prepara Estados Unidos en contra de un país latinoamericano y un gobierno opositor a sus intereses económicos y políticos. Se trata de una ley extraterritorial que utiliza el gobierno de Donald Trump para golpear a otro país petrolero como lo es Venezuela –recordemos que lo hizo también con Irak–, bajo el argumento de que el gobierno, y concretamente el presidente Nicolás Maduro (por el cual ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura), son promotores activos del crimen organizado y su especialidad el narcotráfico a través de cárteles mexicanos. Esa vieja práctica que es un arma política que utiliza la Casa Blanca y el Departamento de Estado también la aplicó a Panamá. Ahora este policía del mundo, al cual nadie nombró, se siente con la autoridad moral para perseguir a opositores políticos en cualquier parte del planeta, a fin de mejorar su economía y, sobre todo, en estos tiempos críticos, echar a andar su producción armamentista para reactivar el empleo y la actividad económica, sin importarle las consecuencias que causa en los países que invade impunemente. Otro factor sin duda relevante es que esta declaración oficial estadunidense en contra del presidente Maduro y su gabinete la utiliza Trump como un elemento distractor ante el grave problema de salud que enfrenta nuestro vecino del Norte, que ya se colocó como el número uno de contagios por el coronavirus, inclusive por arriba de China, y cuya cifra crecerá aún más. No hay duda que son tiempos de guerra para Washington cuando deberían ser tiempos de paz y solidaridad en todo el mundo, pero a Trump lo que le interesa es que su población drogada se interese en otros temas sin importar el número de muertos e infectados por el Covid-19.