viernes 3, julio 2020

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Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, propuso a las autoridades de cada país contemplar el poner en libertad a los presos especialmente vulnerables al Covid-19: los de más edad y los enfermos, así como “a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.

Lo anterior porque advirtió que las personas en las prisiones, las cárceles, los centros de detención de migrantes, hospicios y hospitales psiquiátricos se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, ya que el nuevo coronavirus Covid-19  ha empezado a propagarse en estas instituciones.

“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el auto aislamiento resultan prácticamente imposibles”, señaló Bachelet.

La alta comisionada agregó que en un número creciente de países ya se han producido brotes y varios fallecimientos en estos espacios, por lo cual exhortó a los gobiernos del mundo establecer las estrategias necesarias que protejan la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas.

Manifestó que las medidas que se tomen en medio de esta pandemia no deben vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos –como el de la alimentación y el agua potable–, al tiempo que deben respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención médica.

“En esta crisis, los gobiernos se enfrentan a cuantiosas exigencias de recursos y tienen que adoptar decisiones difíciles. Pero les insto a que no olviden a las personas que están encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas […]. Es esencial que en los planes para afrontar la crisis los gobiernos aborden la situación de estas personas, a fin de protegerlas y proteger también al personal de los centros, los visitantes y por supuesto al conjunto de la sociedad”, expresó.

También, como una forma de frenar la propagación del virus, sugirió que los países pueden instalar sistemas de videoconferencia en los reclusorios, ampliar el tiempo de conexión telefónica con los familiares y autorizar el uso del correo electrónico. Ello, para limitar las visitas a las instituciones sin afectar el contacto de estas personas con el mundo exterior.

Finalmente, Michelle Bachelet pidió que las autoridades competentes actúen con rapidez, que las decisiones que los gobiernos de cada país tomen en relación con estas personas se apliquen de manera transparente y sean comunicadas con claridad a los implicados. Y subrayó que durante esta crisis sanitaria “el encarcelamiento debería ser una medida de último recurso”.