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Todo apunta a que nuevamente serán los empresarios quienes dicten la línea a seguir en materia de derechos laborales en el Senado de la República, para impedir que el abuso de la subcontratación ilegal les imponga justas sanciones por utilizar al outsourcing como medio de evasión fiscal y de incumplimiento a sus obligaciones en materia laboral, entre ellas, la seguridad social, el reparto de utilidades y la afiliación de sus empleados al IMSS.

Desde el pasado 3 de diciembre en que fue aprobado en comisiones el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, la clase empresarial que se ha beneficiado con la subcontratación al incumplir con sus obligaciones laborales y fiscales manifestó su desacuerdo con lo establecido por los senadores de equiparar el abuso de la tercerización ilegal como un delito del crimen organizado.

Por supuesto que los empresarios tienen razones más que justificadas para oponerse a una reglamentación que defienda los derechos de casi 5 millones de trabajadores -en su mayoría jóvenes-, que laboran bajo este esquema. De acuerdo con datos oficiales, los empresarios se llevan a sus bolsillos unos 25 mil millones de pesos al año por evasión al fisco.

Si se suman los 12 años de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tenemos que los hombres del dinero ganaron de manera indebida 300 mil millones de pesos, mientras que una generación entera de mexicanos perdió su derecho a la antigüedad laboral, a la seguridad en el empleo y el acceso a la seguridad social para contar con un servicio médico oportuno, el acceso a una vivienda y una pensión justa.

Parece que muchos legisladores de Morena olvidaron que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los sindicatos independientes, e incluso hasta el corporativismo oficial expresado en centrales como la CTM y la CROC, se opusieron a la intención de Cámaras Empresariales para modificar la Ley Federal del Trabajo que, en aras de la inversión y la productividad, exigían legalizar la flexibilidad laboral; argumentos muy similares a los manejados ahora por los voceros de la iniciativa privada y sus incondicionales en el Senado.

Valga recordar ahora que los hombres del dinero parece que lograron una vez más convencer a altos funcionarios para marcar línea a los senadores de su partido, en contrasentido a los derechos de millones de trabajadores, el compromiso que hiciera en su mensaje de toma de posesión del 1 de diciembre de 1988, cuando Salinas de Gortari ratificó su compromiso de campaña en el sentido de que la legislación laboral se reformaría. La propuesta hecha entonces al presidente por organismos cúpula como la Coparmex y la Concanaco, establecía, entre otros puntos: “permitir que los empleadores administraran con flexibilidad a su personal y sus condiciones de trabajo”.

La intención de pulverizar los derechos laborales de la clase trabajadora del país terminó por desecharse en la LIV Legislatura, pues además pretendía iniciar un debilitamiento de los sindicatos, lo que representó una serie amenazas, incluso para el corporativismo charro, ligado al PRI

En teoría, el nuevo gobierno maneja la tesis de ir desmantelando el neoliberalismo que tanto daño hizo a las clases trabajadora y campesina y a sectores marginados como el de los indígenas, pero es indudable que en varios funcionarios de alto nivel prevalecen los genes del modelo económico que a lo largo de seis sexenios devastó la economía nacional y el nivel de vida de millones de mexicanos.

Es tal la aberración legislativa con la que se pretende dar marcha atrás al dictamen para regular el outsourcing, que incluso sindicatos de filiación priísta como la CTM, la CROM y la CROC, además de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), signaron hace unas semanas con otras organizaciones más, un documento de apoyo a la propuesta de diciembre pasado, impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Los firmantes se pronunciaron a favor de impulsar una correcta legislación laboral que “salvaguarde los derechos de las y los trabajadores de México”, dotando a las autoridades de herramientas suficientes para erradicar lo que ellos llaman el outsourcing ilegal.

“El que la ley prevea las características que debe reunir una subcontratación correcta, y por ende legal, es un avance legislativo enorme, ya que de esa forma se eliminan las ambigüedades que el outsourcing ilegal aprovecha para continuar operando. Se fortalece la subcontratación que México debe apoyar y, de ese modo, se impide que las y los trabajadores sean víctimas de una competencia desleal, con condiciones laborales perjudiciales que se han gestado a partir de la propagación del outsourcing ilegal”, establecieron en su posicionamiento.

Añadieron en su comunicado que “con esta redacción se salvaguardan los derechos de los trabajadores (antigüedad, prestaciones sociales, reparto de utilidades, seguridad en el empleo y libre sindicación) y se desincentivan prácticas viciadas que se traducen en la utilización de empresas fachada, defraudación fiscal y hasta lavado de dinero”.

Denunciaron: “Las modificaciones que se pretenden introducir al dictamen de la comisión que preside el senador Gómez Urrutia permiten que siga el fenómeno de outsourcing ilegal. De hecho, tales modificaciones coinciden o corresponden con las que GRUPO GIN, el mayor subcontratista de México, circuló y ha cabildeado, a pesar de que es el símbolo del outsourcing ilegal, de acuerdo con la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversos medios de comunicación del país”.

Y alertaron: “De introducirse esos cambios al proyecto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado, no sólo se permitiría que siga funcionando el outsourcing ilegal, que tanto daño ha causado al país, sino más grave aún, lo legalizaría, en detrimento de los derechos más elementales de los trabajadores y del erario público”.

Y en su conclusión, no dejaron duda alguna sobre quiénes modificaron lo aprobado en diciembre pasado para no tocar ni con el “pétalo” de un dictamen a la subcontratación: “Si comparamos el proyecto de reformas que GRUPO GIN ideó y ha cabildeado, con el que ahora se presenta como resultado de acuerdos en las reuniones de las mesas de alto nivel, es fácil concluir que presentan una alarmante coincidencia”.

El propio senador Gómez Urrutia habló de la necesidad de dejar en claro en el órgano legislativo, “quienes estamos en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores y quiénes representan otro tipo de intereses”.

Loable tal posición, pero es altamente probable que los genes neoliberales terminarán por imponerse para cambiar el sentido del voto y la responsabilidad histórica de muchos senadores, transformándolos en portavoces y defensores de la clase empresarial. Una vez más, la clase trabajadora será acuchillada por la espalda a manos de los supuestos representantes del pueblo.