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Tercera parte y última. En las 223 fojas donde se contiene la información del Convenio de Delimitación de Zonas de 1985, firmado en el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, no caben dudas sobre cuáles son las áreas de trabajo y sitios del centro del país, donde se acordó respetar la materia de trabajo para los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Como se mencionó en pasadas entregas, tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro a través de un autoritario decreto de extinción emitido en el narcogobierno de Felipe Calderón, se dio por sentado que tal Convenio quedaba sin efecto al entrar a prestar el servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e infinidad de contratistas que generaron toda serie de fallas en el suministro por su incapacidad, afectando a miles de usuarios.

Contra lo que el expresidente anunció a coro con su gabinete de testaferros, el servicio no mejoró, las tarifas no bajaron ni se dieron los ahorros en el sector; haber dejado sin empleo a 44 mil smeitas al apoderarse de manera fascista de sus centros de trabajo, no respetando el Convenio de Delimitación de Zonas, disparó los gastos de operación de la CFE.

Los acuerdos privados con los contratistas reportaron millonarias ganancias, por debajo del agua, a funcionarios de la CFE que rehuyeron su responsabilidad para indemnizar a infinidad de industrias y comercios afectados no solo por los reiterados cortes en el suministro sino por la afectación en sus equipos de trabajo.

Despojar de manera anticonstitucional de su materia de trabajo al SME generó un problema social que se viene arrastrando desde el narcogobierno de Calderón. Son miles los hogares de escasos recursos que se han sumado a la movilización social de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) para defenderse de los excesivos cobros en sus recibos de luz. Una y otra vez se ha demostrado mediante estudios técnicos del abuso cometido por los cobros estimados de la CFE. Todas estas irregularidades no fueron generadas por agremiados del SME sino por personal de empresas privadas y afiliados al SUTERM.

Ahora que se ha corroborado la existencia del Convenio en el Archivo General de Notarias, es momento que las autoridades lo hagan valer en apego al Estado de Derecho.

Revisado el contenido del Convenio aparece el listado de los 125 municipios del Estado de México que quedaron comprendidos en el área de trabajo del SME; dos de Morelos: Huitzilac y Cuernavaca, y otros de Puebla: Ahuazotepec, Huauchinango y Juan Galindo.

En la relación de usuarios que pasaron a ser atendidos por el SME tras el Convenio en el Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla fueron, en 1985, un total de 273 mil 806. En el listado de poblaciones destacan muchas zonas rurales que por más de dos décadas fueron atendidas de manera eficaz por los electricistas del SME.

Seguramente si el gobierno de la 4T hiciera un sondeo para saber su opinión sobre la prestación del servicio y el cobro de recibos tras la llegada de la CFE y los contratistas privados, la respuesta sería de un rechazo unánime, porque sin medir sentido social alguno, resultaron afectados en su economía familiar por funcionarios que nunca entendieron que la electricidad es un patrimonio y derecho de todos los mexicanos. Hasta la fecha, miles de hogares humildes pagan de manera absurda un alto costo por la escasa electricidad que consumen.

El documento que debe tomarse como referencia para hacer cumplir la ley a la CFE y al SUTERM, dejó bien en claro cuáles eran las líneas de transmisión, de subtransmisión, así como los inmuebles, centrales generadoras y subestaciones que serían operadas, a partir de la firma del Convenio, por los trabajadores del SME. Los trazos, longitudes y especificaciones están claramente establecidos en el documento.

Toda esta información aporta además una valiosa herramienta para conocer hasta qué punto los funcionarios de la CFE permitieron saqueo y desmantelamiento de la infraestructura eléctrica, patrimonio de la nación, tras el cierre de Luz y Fuerza.

Como el SME lo denunció desde el artero golpe del 11 de octubre de 2009, los voraces funcionarios de la Comisión Federal desmantelaron miles de kilómetros de la red de cobre, que es mucho mejor conductor que la electricidad; a la par que los gobiernos panistas entregaron en charola de plata la fibra óptica a gente de su partido, como los exsecretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox: Ernesto Martens y Fernando Canales, para hacerse millonarios con bienes de la nación.

Es por ello que el análisis del Convenio de Delimitación de Zonas de 1985 no sólo tiene implicaciones y alcances jurídicos, es también punto de referencia para comenzar a fincar responsabilidades a los pillos que se robaron lo que era suyo y que en el marco del combate a la corrupción de la 4T deben ser llamados a cuentas.

Ahora se entiende porqué el narcogobierno de Calderón trató por todos los medios de desaparecer el testimonio legal de un documento de tal envergadura histórica que ahora será el referente que pondrá a prueba al Estado de Derecho, en el marco de una Reforma Laboral que pondera el respeto irrestricto a los derechos laborales de millones de mexicanos.

Ya no hay excusas ni sofismas de los que puedan echar mano los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), como tampoco los directivos de la CFE, para no acatar lo que debe respetarse por ley.

Ya una vez el narcogobierno de Calderón se negó a acatar el fallo de un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo que le obligaba, en septiembre de 2012, a asumirse como patrón sustituto en la figura de la CFE para con los electricistas del SME, cuando se demostró la inexistencia de la supuesta causa de fuerza mayor para dar por terminadas las relaciones laborales. Su intolerancia para no respetar la ley lo orilló a obligar a la Suprema Corte para cometer la vesania de anular tal sentencia, pero en el fondo el expresidente sabía que de manera implícita quedaría en evidencia la sustracción del Convenio de los archivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) cuando de hacer valer las áreas de trabajo se tratara.

Ahora que es tangible la existencia del Convenio de Delimitación de Zonas de 1985, es momento de aclarar muchas dudas al pueblo de México sobre los inexistentes motivos sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y explicar los porqué de la demanda de justicia del SME para recuperar su materia de trabajo en la zona centro del país.

*Secretario General del SME