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Una treintena de alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregaron un pliego petitorio a representantes de la Dirección General, ante lo que califican como ineficacia del Comité de Seguridad y contra la Violencia (Cosecovi) en los procedimientos de denuncia por violencia de género.

El pliego -al que Contralínea tuvo acceso- fue entregado por las estudiantes organizadas a la secretaria general del IPN, María Guadalupe Vargas Jacobo, quien se encontraba acompañada por Araceli García Rico, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, y Paloma Zugarazo Ramírez, defensora de los derechos politécnicos.

Dicho documento consta de 12 puntos, entre los que destacan “la destitución permanente de los profesores, trabajadores y alumnos que han sido identificados como violentadores en los tendederos del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), unidad Santo Tomás”; la modificación del protocolo generado por el Cosecovi ante la “ineficiencia de las autoridades para atender las denuncias”; así como la instrumentación de asignaturas de perspectiva de género en todos los planteles del IPN.

Y es que los protocolos para denunciar hostigamiento y acoso, por parte de algún miembro de la comunidad politécnica, “no son para nada funcionales ni efectivos, pues ha habido agresiones contra las denunciantes”, aseguró una de las estudiantes -quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias-, esto tras la marcha “pacífica” realizada de la unidad Casco de Santo Tomás, hasta la Dirección General del IPN.

“Somos acosadas día con día y, cuando denunciamos, a los profesores no les hacen nada. Los agresores son ellos y a nosotras nos cambian de salón; a ellos, nada”. Como ejemplo dio el caso de una alumna que fue atacada por un profesor y “ahora está lastimada del esternón” porque el docente creyó tener “derecho sobre su cuerpo”; el caso no ha sido atendido, indicó.

Asimismo, recordó que dentro del Poli “hay personas que avientan a compañeras de un quinto piso”, refiriéndose al caso de la estudiante María de Jesús Jaime Zamudio, quien murió luego de que fue arrojada por compañeros y un docente del departamento donde vivía, caso reclasificado como feminicidio en 2019.

IPN reconoce “perfectibilidad” del protocolo

Tras la entrega del pliego, una de las estudiantes indicó a la secretaria general que no tendrían necesidad de manifestarse “si los procedimientos de denuncia fueran funcionales”. En los tendederos de diferentes planteles “tenemos muchísima más demanda de denuncias, que en las mesas” instaladas por la Red de Género, afirmó.

Al respecto, la secretaria María Guadalupe Vargas Jacobo expresó su preocupación por la situación de violencia que sufren las alumnas y aseguró que las autoridades encargadas están ocupadas en el asunto. “Las entiendo y buscamos hacer, cada día, mejor el trabajo, llegando a unidades académicas para capacitar a jóvenes y docentes en esta nueva forma”. Asimismo señaló que las Redes de Género “se están fortaleciendo”.

La estudiantes aseguraron que los mecanismos de denuncia “no protegen” a las víctimas y “no las beneficia” porque los agresores “reinciden”; “hay profesores que desde hace más de 10 generaciones son ubicados como acosadores y ahí siguen”, reiteraron.

E incluso dijeron que los profesores “se dan lujo de violentarnos en clase” y afirman que en el caso de ser denunciados no les pueden “hacer nada porque están sindicalizados”, indicó una estudiante.

Respecto del Protocolo para la Prevención, Detección y Sanción de la Violencia de Género del IPN [emitido en diciembre de 2019], Vargas Jacobo reconoció la perfectibilidad del mecanismo: “Todo protocolo es perfectible”. Además de asegurar que son “puras mujeres atendiendo la problemática con perspectiva de género”. Y reafirmó la importancia de tener denuncias formales: “ayúdenos a ayudarlas”, dijo, sin contemplar la dificultad de probar el hostigamiento cometido en sigilo.

En cuanto a la necesidad de presentar una denuncia formal para iniciar los procedimientos de investigación, la estudiantes señalaron sentirse “más seguras” denunciando de forma anónima [mediante tendederos] “que en una denuncia formal”.

Tan sólo en el CICS, Santo Tomás, se tuvo el registro de más de 100 denuncias en los llamados “tendederos”. En esta escuela, más de 20 profesores fueron señalados como presuntos agresores quienes cometieron hostigamiento, acoso u otro tipo de violencia. De los señalados, la mayoría fueron señalados más de 15 veces como violentadores, afirmaron las alumnas de la entidad académica.

Jordana González y Karen Ballesteros