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Para evitar contratiempos y sustos, los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval, y de Energía, Rocío Nahle, firmaron sendos acuerdos con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que preside David Colmenares, para que este órgano de vigilancia del Congreso supervise en “tiempo real” las dos magnas obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el nuevo aeropuerto de Santa Lucía que llevará por nombre “General Felipe Ángeles” y la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Sabemos que ya iniciaron las auditorías sobre dichas obras, el gasto ejercido y el presupuestado, los tiempos de conclusión, el perfil de las empresas privadas contratadas y todas las dependencias involucradas en los trabajos, a fin de evitar despilfarros, desvíos de recursos públicos, omisiones, incumplimientos y, principalmente, malas construcciones y peores obras públicas, tal y como sucedía en gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Es más, nos explican los auditores, utilizan hasta drones para inspeccionar y vigilar los trabajos, y de encontrar alguna anomalía o irregularidad, se pueda corregir a tiempo y evitar daños al erario, además de lograr ahorros en el gasto público.

El trabajo de la ASF será muy importante para auxiliar a la Secretaría de la Función Pública en la supervisión y el control de dicha obras emblema del gobierno de López Obrador.

Investigan injerencia de García Luna en la empresa RCU Sistemas

Ya habíamos comentado en esta columna que en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación su titular Alejandro Encinas ordenó una profunda investigación a la empresa privada RCU Sistemas, SA de CV, contratada por esa dependencia cuando su titular era el priísta Miguel Ángel Osorio Chong, para dar servicio y asistencia técnica al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Al interior de esa Secretaría que dirige la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, se comenta que es inminente la cancelación del contrato con esa empresa privada y la presentación de alguna denuncia penal por malos manejos de recursos públicos destinados a la supuesta defensa de periodistas y defensores de derechos humanos.

Pero lo más delicado es la presunción de que RCU Sistemas habría sido recomendada por el expolicía y espía Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado y el delito de lavado de dinero. Es más, la Secretaría de la Función Pública, por órdenes de su titular Irma Eréndira Sandoval, investiga si García Luna es el verdadero propietario de RCU Sistemas a través de prestanombres.

Entre los contratos millonarios plurianuales asignados de manera directa (sin licitación por ser un supuesto asunto de “seguridad nacional”) a RCU durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por quien fuera oficial mayor en Gobernación, Jorge Márquez, destacan cuatro: SG/CPS/12-1/2016-2017; SG/CPS/18/2018-2019; SG/CPS/89/2017-2018, y SG/CPS/07/2017.

El objetivo de estos contratos era “proporcionar de manera confidencial, óptima, segura y expedita las medidas de protección que requiere la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas”; sin embargo, de acuerdo con los primeros dictámenes de la investigación, se precisa que los tres contratos “no fueron debidamente justificados por haberse adjudicado de manera directa, toda vez que la confidencialidad de la información para brindar protección no es en sí un supuesto que pudiera equipararse a seguridad nacional”.

La estrecha relación CNDH-UNAM

Desde su creación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha estado vinculada a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no precisamente por la trascendencia en la defensa de los derechos universales, sino más por intereses políticos, cargos administrativos, puestos directivos y, sobre todo, las grandes bolsas de dinero público que allí se manejan.

Así vemos que el exrector José Narro Robles, exaspirante también a dirigir el PRI nacional, tenía una enorme influencia en las decisiones de la CNDH cuando su titular era Luis Raúl González Pérez, quien al dejar la presidencia del máximo órgano de defensa de los derechos humanos a finales del año pasado, de inmediato pasó a ocupar la Coordinación del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, por instrucciones del rector Enrique Graue Wiechers, sucesor de Narro.

Esa influencia de Narro sobre González Pérez permitió que su hijo Joaquín Narro Lobo aún se desempeñe –y desde 2015– como secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, en donde la nueva titular Rosario Piedra Ibarra ya revisa algunos cambios para evitar dispendios y abusos.

En las primeras investigaciones y auditorías que llevan a cabo al interior de dicha Comisión, la cual durante el sexenio que estuvo al frente González Pérez consumió un presupuesto público superior a los 2 mil millones de pesos anuales, empiezan a aparecer gastos escandalosos, muchos de los cuales sin “entregables”, es decir que no hay pruebas de los trabajos desarrollados.

Por ejemplo, el presidente de la CNDH, que tenía un salario mensual de 198 mil 641.6 pesos más otras prestaciones, contrató a cinco asesores que anualmente cobraban en conjunto 2.3 millones de pesos como “apoyo en la elaboración de documentos e informes para la Presidencia; apoyo al presidente en temas periodísticos y de comunicación social [sin contar las 70 personas contratadas en el área de prensa]; apoyo a los asuntos jurídicos de la Presidencia; apoyo informático en los temas relacionados con el Asunto Caso Iguala; apoyo en la recopilación de información de casos sensibles sobre violación a los derechos humanos-Asunto Caso Iguala”.

Este dispendio también se repetía en otras áreas de la CNDH cuando Luis Raúl González Pérez estaba al frente, como es precisamente en la Dirección General de Comunicación, en donde su titular Jesús Ramírez López, con un salario mensual de 167 mil 751.9 pesos, tenía contratados cuatro asesores que en conjunto cobraban anualmente 1.6 millones de pesos, por “apoyo, análisis y seguimiento a entrevistas y comunicados de prensa (además de contar con 70 personas bajo su dirección en Comunicación); apoyo en la atención informativa de fin de semana, días festivos y cobertura de vacaciones; apoyo en la preparación de la carpeta informativa y en la entrega de mensajería interna y externa; apoyo en entrevistas, así como en su transcripción para la preparación de boletines de prensa que realiza la Dirección Adjunta de Información”.

El grueso expediente de la CNDH, que contiene miles de hojas, será revisado y analizado con mayor detenimiento en las páginas de Contralínea, en donde se muestra el gran despilfarro de dinero público y al mismo tiempo se explica el enorme interés de que un grupo de expolicías del régimen, cuando trabajaron en la PGR, pelearan por reconvertirse en “defensores de derechos humanos”.

Miguel Badillo

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