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A 4 años del asesinato de la indígena lenca y activista en defensa del territorio  Berta Cáceres –ocurrido en su natal Honduras el 3 de marzo de 2016–,la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (Rema) denunció la permanente violación de derechos humanos que padecen los pueblos originarios tanto en Honduras como en México.

Cáceres fue una feminista y activista socioambiental en defensa del territorio. Su última lucha fue en contra de la planta hidroeléctrica Agua Zarca que afectaría el río Gualcarque en Honduras, a cargo de la empresa  Desarrollos Energéticos, SA (DESA).

Producto de esa lucha, varios pobladores opositores al proyecto  fueron asesinados, entre ellos Cáceres. De acuerdo con la Rema, en 2018, un tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a siete hombres por el crimen y determinó que habían sido contratados por DESA para llevar a cabo el asesinato.

La organización indicó  que  Cáceres no sólo fue víctima de los intereses corporativos, sino también de instituciones económicas y políticas del Estado hondureño que en alianza con las corporaciones globales  “explotan, despojan y se enriquecen de manera enfermiza a partir de la depredación de los bienes naturales de aquellos países que gracias a sus pueblos originarios los tienen en abundancia”.

La organización afirmó que no sólo se cumplen 4 años del asesinato de la luchadora social, sino que también se cumplen 4 años de que “las resistencias le han mostrado al mundo entero que el Estado hondureño y toda su clase política es corrupta, agresiva y violatoria de derechos”.

La Red consideró que la lucha de Berta Cáceres como defensora de la naturaleza, de las mujeres y de los derechos de los pueblos indígenas es un referente para miles de personas conscientes sobre la importancia de unificar esfuerzos frente al modelo globalizador.

Tania Damián