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Quienes laboran en los Ministerios Públicos y en los juzgados mexicanos no aplican las normativas nacionales e internacionales que protegen a las mujeres, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aseguró Gabriela Amores Moya, abogada feminista.

Tales legislaciones son “totalmente invisibles”, debido a su desconocimiento, por ello, las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) son canalizadas siempre con el Código Penal local o federal. Y es que los funcionarios argumentan que “si no están dentro del Código, no se investiga”, señaló la licenciada Amores Moya. Tal es el caso del feminicidio, delito tipificado sólo en 19 de las 32 entidades federativas del país, precisó durante el taller “De la violencia familiar al feminicidio”.

Aunque México es parte de la CEDAW desde hace 39 años,  cuando se acude a los MP, son impresos “algunos artículos” que integran la Comisión y en los folletos sólo se habla sobre los programas que México hace para reducir la violencia contra las mujeres, aunque hasta la fecha “no hay ninguno eficiente”, acusa la licenciada Amores Moya.

Lo anterior pese a que el organismo internacional recomendó a México -en 2007- la creación de programas para transformar la educación. “Hoy en día ni siquiera se reconoce la CEDAW en los juzgados”, apuntó. Asimismo, recordó que desde la reforma de derechos humanos -en 2011- la Constitución Mexicana dejó de ser “la máxima” para protección de violaciones en tal materia, lo que “significa que si la Constitución no da, podemos ir a los tratados internacionales”.

Gabriela Amores, además observó la dificultad para tener peritajes que avalen el daño psicológico de una víctima en los procesos de denuncia, ya que el sistema patriarcal sólo considera y pondera el daño del cuerpo, es decir, las lesiones físicas. Por ello, la litigante, hizo un llamado a “las compañera psicólogas y antropólogas” para solidarizarse y atender a las víctimas.

La litigante de la Unión Nacional de Abogadas de la Ciudad de México considera que el delito de feminicidio pudo evitarse si en “las más de 7 mil muertes se hubiera revisado la violencia sicológica”. Además de que -advierte- debe investigarse de forma diferente el feminicidio que el homicidio, pues los Ministerios Públicos “no tienen la mínima idea de cómo registrar el feminicidio”, por lo que la mayoría de casos de feminicidio no son contemplados así, sino como homicidios u otros.

Jordana González