Autor:

“Hemos esperado durante 14 años la justicia. Ahora sabemos que aquí no llegará nunca, simplemente porque los autores intelectuales ni si quiera han sido investigados. Por eso acudimos a la Corte Penal Internacional, en su sede de la Haya, Países Bajos”, declararon integrantes del Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco (Costa).

Acompañados por sus abogados, informaron en conferencia de prensa que esa instancia internacional está reconocida por México y se caracteriza por juzgar a individuos involucrados en delitos de lesa humanidad.

Recordaron que el 3 y 4 de mayo de 2006, elementos del Ejército y de la policía federal y municipal “torturaron brutalmente a habitantes de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco de Mora, en el Estado de México, en represalia a la insubordinación de los pobladores contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco”. Este hecho es conocido por Costa como “mayo rojo”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su última investigación sobre el caso, resolvió que prima facie se tiene acreditada la existencia de violaciones graves de las garantías individuales ocurridas en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006.

También, la Corte reconoció que el 3 de mayo en el municipio de Texcoco de las 19:30 a las 23:00 horas Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, se reunió con varios funcionarios de diversas dependencias de seguridad estatal y representantes del gobierno de Vicente Fox, como Eduardo Medina Mora Icaza, entonces secretario de Seguridad Pública Federal; Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva; Ramón Pequeño García, delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y el general Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la entonces Policía Federal Preventiva.

Por ello, el abogado Juan de Dios Hernández indicó que “las imputaciones que nosotros estamos realizando son hacia las personas que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado con nombres, apellidos y los cargos que ocupaban en ese momento […] y son ellos a quienes llevaremos ante la Corte Penal Internacional”.

Por su parte, la defensora Blanca Santilla, integrante del Colectivo contra la Tortura e Impunidad, afirmó que han agotado todas las instancias mexicanas y hasta ahora no ha habido justicia en el caso; por el contrario, las autoridades y dependencias han entorpecido el proceso.

Como ejemplo, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 38-2006 a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al gobierno del Estado de México y al Instituto Nacional de Migración, la cual es insuficiente y carente de los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Además, señaló que la CNDH “también recortó presupuestalmente los archivos entregados: pasaron de ser tamaño carta a oficio, lo que eliminó información importante de los expedientes”.

Inés Cuéllar, integrante del Costa, indicó que “es por eso que llevaremos el caso a la Haya, con el fin de motivar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que inicie una investigación de oficio por los hechos que denunciamos. Habremos de hacerle llegar toda la documentación que podamos acopiar”.

Jorge Orta, también integrante del Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco, dijo: “¿Hasta dónde llegaremos? Hasta la reparación integral del daño, hasta la verdad histórica, hasta la justicia y castigo a los responsables”.

Tania Damián