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A 2 décadas de la histórica huelga estudiantil del CGH, el balance es positivo. Aún con incumplimientos de las autoridades, traiciones, represiones y retrocesos, la lucha valió la pena. Hoy la UNAM mantiene abiertas su puertas para ofrecer educación pública y gratuita gracias a la lucha de 1999-2000

Hace 21 años parecía que el neoliberalismo campearía en la Uniersidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La privatización de la educación pública parecía inminente. El “plan Barnés” (17 de diciembre 1998) representaba el inicio de ese proceso. La reforma al Reglamento General de Pagos (RGP) del 15 de marzo de 1999, para incrementar el pago de la cuota semestral de 20 centavos a 15 salarios mínimos para bachillerato y 20 para licenciatura, fue el acicate que levantó a una generación de estudiantes de la UNAM.

En 1999 la llamada comunidad universitaria estaba inhibida. Tanto, que parecía postrada. A esta generación de estudiantes la llamaban despectivamente la “generación X”; otros, la “generación perdida”. Sin embargo, y con todo en contra, desde el momento que se conoció la intención de aumentar las cuotas inició el proceso organizativo de estudiantes más significativo desde 1968. El movimiento estudiantil pronto alcanzó un primer consenso: integrar la Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU), con una estructura horizontal y rotativa, que pronto tuvo representación de prácticamente todas las Escuelas, Colegios, Centros, Facultades e Institutos de la UNAM; desde las escuelas desarrollaron una gran capacidad de movilización; frente a la opinión pública adquirieron una legitimidad incuestionable; hubo una participación masiva, cientos de miles marchando en las calles desde antes de que la AEU trascendiera en el Consejo General de Huelga (CGH) el 20 de abril de 1999. Estos muchachos resultaron ser lo mejor de la juventud mexicana, entendieron con lucidez su momento histórico y con su entrega, generosidad y compromiso, han escrito una de las páginas más hermosas de la historia nacional.

No se trataba de dinero. El CGH defendió la gratuidad de la educación como principio constitucional, traducido en la fracción IV del Artículo Tercero como: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Por eso no funcionó el chantaje de decirles: todos los estudiantes ya inscritos no pagarán cuotas. Los muchachos dijeron al unísono: Atrás viene mi hermano, mi primo y después vendrán mis hijos. Tampoco les funcionó a los burócratas el haber rebajado a la mitad las cuotas, incluso el hacerlas voluntarias. Por eso la lucha del CGH fue una lucha principista, defendieron el principio de gratuidad de la educación; sabían bien que la privatización de la educación pública en México era un designio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetarios Iternacional (FMI), entes del imperio que consideran la gratuidad de la educación como una anomalía en el sistema capitalista, más notorio en el neoliberalismo de finales del siglo XX.

El CGH luchó por construir futuro y triunfó. Desde el aciago 6 de febrero de 2000 al día de hoy han pasado por sus aulas y laboratorios varios millones de compañeros universitarios que abrevan, aún sin saberlo, de ese triunfo histórico del CGH.

En la historia de la lucha social ni el triunfo ni la derrota son definitivos, hay movimientos aparentemente triunfantes, que en realidad han sido derrotados. Hay otros aparentemente derrotados que resultan triunfantes. Trataré de explicarme.

La huelga del Comité Estudiantil Universitario (CEU), de 1986 contra el “plan Carpizo”, también por el intento de aumentar las cuotas en la UNAM, resultó aparentemente triunfante porque logró parar el aumento de cuotas, pero no pudo lograr la abrogación del Reglamento General de Pagos. Lo más importante es que el CEU ganó, además, la posibilidad de refundar la UNAM, para lo cual habría de realizarse un Congreso General Universitario (CGU), resolutivo, democrático y representativo. Sin embargo, al diferirse su realización hasta 1990, la burocracia operó y diseño un Congreso “a modo”, que garantizó la derrota del CEU en él. Permítanme resaltar solamente tres puntos. Uno, la COCU (Comisión Organizadora del Congreso Universitario) hizo parte del CGU al Consejo Universitario en pleno: como delegados ex oficio, fueron más del 40 por ciento de los delegados al Congreso. Dos, la COCU estableció que para que hubiera acuerdo se requeriría el 75 por ciento de los votos. Tres, hubo una sobrerrepresentación de la burocracia universitaria y una subrrepresentación de la comunidad académica, es decir, de estudiantes y profesores, lo que garantizó que no hubiera acuerdos por no alcanzar tres cuartas partes de los votos. Vale la pena señalar que hubo en el Congreso sólo un acuerdo que alcanzó más del 80 por ciento de los votos: la desaparición del Tribunal Universitario, por considerarlo un tribunal especial prohibido en la Constitución mexicana. Éste único acuerdo del Congreso Universitario de 1990 nunca ha sido cumplido, hoy continúa funcionando como instrumento de represión, de corte inquisitorial, en contra de los estudiantes y profesores.

En cambio, la huelga del CGH no obstante que fue rota violentamente por el Ejército disfrazado de policía, el golpe de mano fascista fue preparado por Juan Ramon de la Fuente, en las cloacas del gobierno federal a donde pertenece. El rompimiento ocurrió en dos etapas, la primera el 1 de febrero de 2000 en el plantel 3 de la Escuela Nacional Preparatoria. El segundo golpe fue aún más brutal, ocurrió el 6 de febrero siguiente, en el Auditorio Che Guevara, durante la plenaria del CGH. Así el porro perfumado, cumpliendo los designios imperiales, estrenó contra los muchachos a la Policía Federal Preventiva (PFP). Sumaron 998 presos. Así visto el hecho aislado parecería que el CGH fue derrotado; sin embargo, al analizar el contexto, podemos observar que el carácter eminentemente pacífico del movimiento, la legitimidad que resulta de defender los principios constitucionales y de defender la autonomía universitaria, que estaban siendo vulnerados por el rector y por el Estado, hizo totalmente injustificado el golpe de mano represivo.

El rompimiento de la huelga del CGH no significó su derrota, pero el impacto fue brutal. Además de los presos del 1 y 6 de febrero, publicaron en la prensa una lista de casi 500 órdenes de aprehensión en contra de estudiantes, profesores y padres de familia. La ocupación militar de todas las instalaciones de la UNAM nos obligó llevar a la clandestinidad el movimiento. Los operativos de la policía para ejecutar las detenciones, crearon un clima de terror en la ciudad y el movimiento se volcó por la libertad de los presos políticos.

Aún y cuando el 10 de diciembre de 1999, en el Palacio de Minería, se  firmaron los acuerdos sobre las demandas de los muchachos, una de las cuales era la realización de un nuevo Congreso General Universitario, resolutivo, representativo y democrático, sin embargo al haber quedado su realización a la discrecionalidad de la burocracia adoptaron una modalidad o simulación a la que llamaron “Congreso por etapas”. Con ese proceder, frustraron la posibilidad real de refundar nuestra Universidad; significó que se impuso la fuerza del Estado por encima de la fuerza de la razón. Sin embargo la justeza de sus planteamientos, la amplitud del movimiento y el hecho de que los muchachos estaban defendiendo el patrimonio más preciado de la sociedad mexicana, convirtieron al CGH en el primer movimiento social triunfante frente al neoliberalismo en México, en las postrimerías del siglo XX. Aún cuando el triunfo es parcial, el plan Barnés fue detenido. Los seis puntos del Pliego Petitorio (replanteado) que habían sido aceptados por Rectoría fueron incumplidos.  De la Fuente traicionó su palabra empeñada en los acuerdos del 10 de diciembre en el Palacio de Minería, uno de los acuerdos refiere precisamente que: la única vía de solución de la huelga del CGH tenía que ser pacífica y dada por los universitarios; en lugar de eso el porro perfumado metió a la cárcel a sus legítimos interlocutores a los que había reconocido públicamente.

De la Fuente siempre negó haber solicitado la intervención de la fuerza pública, sin embargo, no fue capaz de protestar siquiera por la flagrante violación de la autonomía universitaria. La única voz que se levantó para protestar por la incursión militar en la UNAM fue la de don Pablo González Casanova, quien dignamente renunció a la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales.

Juan Ramon de la Fuente fue ungido rector de la UNAM el 17 de noviembre de 1999, sacado del gabinete presidencial, desde un inicio actúo en forma hipócrita, ya que aparentaba voluntad de diálogo, pero al mismo tiempo mandaba golpeadores para agredir a los compañeros que hacían guardias en las escuelas; inició una campaña de medios, pagada, para tratar de desprestigiar al CGH; tejió una red de alianzas, se alió con los “moderados” del PRD y con los sectores más reaccionarios dentro y fuera de la universidad; alentó a las llamadas “mujeres de blanco”; convocó a los investigadores y a los “profesores eméritos”, para diseñar un “plan institucional” que le diera cobertura a la salida violenta que se preparaba; la Procuraduría General de la República (PGR) giró cientos de citatorios; inclusive Rectoría ordenó la retención ilegal de salarios a profesores que fueran parte del movimiento. Toda una escalada al tiempo que convocaba al diálogo público con el CGH, para lo cual el día 18 de noviembre nombró una “Comisión de Encuentro” que estableció contacto con el CGH el 22 de noviembre y el 29 en el Palacio de Minería inició el Diálogo Público entre los representantes del rector y los 120 representantes del CGH. El 10 de diciembre se firmaron los únicos acuerdos.

El 4 de febrero de 2000, en el “palacio de la inquisición” (antigua escuela de medicina) se reunió con el CGH, por última vez, el porro perfumado impuesto por el gobierno federal como rector durante la gran huelga estudiantil, Juan Ramón de la Fuente (hoy en día embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas). Se trataba de hacer creer a la opinión pública que por la “intransigencia del CGH” la única opción era la represiva: romper la huelga en toda la UNAM igual que en “prepa 3”. La decisión estaba tomada, el golpe de mano fascista se preparaba con premura.

Los 251 detenidos el día 1 (en la Preparatoria) eran presentados como rehenes del Estado, como monedas de cambio.

El 4 de febrero, De la Fuente convocó al CGH, pero ahora únicamente a través de una pequeña comisión de 10 delegados y “cuatro de apoyo”. Como telón de fondo está el hecho de que desde el 10 de diciembre, cuando se habían alcanzado los primeros y únicos acuerdos en el Palacio de Minería, donde ya habían aceptado el pliego petitorio y al CGH como único interlocutor válido, incluyendo la realización de un Congreso General Universitario, con carácter resolutivo. Sin embargo, por un error táctico (1 mil sillas) y una provocación (al día siguiente de la firma, apedrearon y rompieron los vidrios de la embajada de Estados Unidos), la Rectoría se levantó de la mesa y no había regresado al diálogo con el CGH, hasta este día.

Antes de que entrara la comisión, afuera de la antigua Escuela de Medicina, se propuso que pudiéramos acompañar a la comisión los dos asesores del CGH que estábamos presentes. Así el doctor Luis Javier Garrido Platas y el que esto escribe entramos a la reunión. En una mesa larga ya se encontraban: Juan Ramón de la Fuente; a su derecha, el tenebroso Luis de la Barreda, ombudsman del entonces Distrito Federal; José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el inefable José Narro (operador); Federico Reyes Heroles (opinócrata); Fernando Serrano Migallón, que era el abogado general de la UNAM, entre otros.

Ahora, en una posición de fuerza, después del plebiscito cuyos resultados fueron mediáticamente tergiversados para hacer creer que una “mayoría” del 38 por ciento representaba en realidad al 85 por ciento de la “comunidad universitaria”, cínicamente dijo el rector al CGH: Levanten la huelga y libero a los estudiantes presos. Cualquier otra cosa significaba que, otra vez, usarían a la fuerza pública para romper la huelga del CGH con un golpe de mano, de corte fascista.

De inmediato De la Fuente planteó el ultimátum a los muchachos, les ofreció liberar a los presos políticos, a cambio de que, en ese momento, levantaran la huelga. Era evidente que la comisión de los 10 no tenía facultad para levantar la huelga. Sin embargo, en un esfuerzo desesperado, a propuesta de los asesores, considerando que los Institutos, el Estadio Olímpico y la zona cultural no fueron cerrados por el CGH (los cerró Barnes), se propuso que como muestra de buena fe y de la voluntad del CGH para levantar la huelga, en ese momento se entregarían esas instalaciones. Durante la reunión, después de cada propuesta, Narro tomaba el teléfono, se salía y al regreso se acercaba a De la Fuente; algo le decía al oído, se retiraba y de la Fuente decía: No, ¡tienen que levantar la huelga!

Cuando se hizo la propuesta de entregar los espacios cerrados por Barnés, de inicio el rector reconoció su viabilidad y aceptó que se formara una comisión redactora de la propuesta, en ese momento surgió una tenue luz que iluminó la mesa. Sin embargo muy pronto fuimos llamados, de urgencia, a la mesa. El rector, de pie, anunció que se retiraba porque una manifestación enorme marchaba al “palacio de la inquisición” y no iba a tolerar presiones. Para quitar el pretexto ofrecimos que la marcha regresaría al zócalo (que era su destino original). Así cuando llegó la avanzada, venía el Centro Libre de experimentación Teatral y Artística (CLETA) al frente con su camión, con sonido. La Comisión de los 10 y Luis Javier Garrido me pidieron subir al toldo del camión. Desde ahí traté de hacerme oír, pero el barullo era enorme y no se escuchaba nada. Entonces me arrodillé y a gritos pude hacer que se corriera la voz de SILENCIO, fue como mágico, se fue haciendo el silencio. Conforme les explicaba que tenían que dar media vuelta y regresar, traté de transmitir el sentido de urgencia, la gravedad y fragilidad del momento. Creo que lo logré. La marcha regresó al Zócalo y se reinstaló la mesa.

Sin embargo cuando regresamos a la mesa, de inmediato el rector señaló que no había otra alternativa para el CGH. Lo único que aceptaría era que se levantara la huelga en ese momento. La Comisión de los 10 insistía en que esa decisión tenía que ser tomada por la plenaria del CGH, misma que sería convocada de inmediato. No obstante, el rector se levantó de la mesa y se retiró. Minutos antes nos avisaron que la CNDH había publicado un Comunicado anunciando el rompimiento de las pláticas “por la intransigencia del CGH”. Si alguna duda quedaba, así quedó de manifiesto el papel de corifeos y comparsas, simplemente para legitimar el golpe de mano fascista. Cuando salimos del “palacio de la inquisición”, a la una  de la mañana del 5 de febrero, la suerte estaba echada, el CGH sería reprimido.

Los presos del 1 de febrero fueron consignados ante los Juzgados Segundo y Sexto de Distrito en Materia Penal. El Ministerio Público los acusó de los siguientes delitos: 1) Terrorismo; 2) Sabotaje; 3) Motín; 4) Asociación Delictuosa; 5) Lesiones; 6) Robo calificado; 7) Daño en Propiedad Ajena; y 8) Despojo agravado. Por si fuera poco, además les fincaron la calificativa de “Peligrosidad Social”, que si bien no es un delito sí fue suficiente para evitar la libertad bajo fianza de los muchachos. De inmediato ambos jueces desestimaron por datos insuficientes las acusaciones de terrorismo y sabotaje; sin embargo el Juez Segundo inició la causa penal 8/2000 por los delitos de: motín, asociación delictuosa, lesiones, robo calificado, daño en propiedad ajena y despojo; el Juez Sexto abrió la causa penal 7/2000, únicamente por los delitos de motín y despojo, siendo sobreseída la causa penal por el delito de despojo, lo que permitió la libertad bajo fianza de los muchachos. Fue tan excesiva la acusación que el propio procurador general tuvo que salir a declarar que se había tratado de un exceso y aunque los jueces ya lo habían hecho, ordenó el sobreseimiento de terrorismo y de sabotaje; además la UNAM se desistió parcialmente del delito de daño en propiedad ajena, dejando a seis muchachos la acusación de ese delito.

Al amanecer del 6 de febrero se inició una de las más graves violaciones a la autonomía universitaria y a las garantías individuales en México, que fueron suspendidas de facto, un juez de consigna, recién nombrado exprofeso, simuló haber leído y estudiado 10 mil hojas tamaño oficio, en unas cuantas horas, para justificar el libramiento de algunas órdenes de aprehensión, dictadas también por el Juez Segundo de Distrito, en la causa penal 20/2000, por el delito de despojo agravado, denunciado por Ignacio Burgoa, Raúl Carranca y Othón Pérez, que a su vez sirvieron de pretexto para ejecutar una redada ilegal en el Auditorio Che Guevara, donde estaba reunida la plenaria del CGH, el resultado fue de otros 747 presos políticos. En esta causa penal la defensa solicitó y obtuvo el sobreseimiento del delito de despojo.

Llegó el momento en que técnicamente los muchachos alcanzaban el derecho a la libertad bajo fianza. Sin embargo, el Ministerio Público seguía sosteniendo la calificativa de “peligrosidad social”, medida unilateral pero avalada por los jueces que impedía su liberación. Por ello la defensa argumentó que el Ministerio Público Federal había omitido ofrecer pruebas para acreditarla, por ello había incurrido en incomprobación de la calificativa. Cuando el juez aceptó retirar la calificativa de peligrosidad social se abrieron las puertas de la cárcel para todos los detenidos, excepto para cinco, a quienes les fue retirada posteriormente y obtuvieron también su libertad el 7 de junio de 2000.

Después de este apretado balance, sin dejar de reconocer que el costo social de la gran huelga del CGH fue enorme; nos costó la vida de dos estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), uno del plantel Naucalpan, atropellado antes de la huelga y el asesinato de Alejandra Trigueros Luz, del plantel Oriente, ocurrido el día de la primera manifestación del CGH.

Cerrando la universidad por 10 meses, en huelga, hoy mantiene abiertas sus puertas para sus hermanos; y a 20 años de distancia, son los hijos del CGH los que hoy disfrutan la educación pública y gratuita por la que luchamos hace 2 décadas. A fuerza de golpes nos hicieron fuertes; con las provocaciones y la cárcel por defender la educación pública y gratuita, esta generación se rescató a sí misma, escribiendo una de las páginas más hermosas de la historia nacional. ¿Valió la pena la huelga y la luca del CGH? ¡Sí, valió la pena y lo volvería a hacer!

Juan de Dios Hernández Monge*

* Jurista integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y de la Liga de Abogados 1 de Diciembre; catedrático de historia y de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México

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