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Juan Collado –abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– firmó un “convenio de transacción judicial” con su exsocio y demandante Sergio Bustamante. Este último aceptó que se le reconozca como propietario del 50 por ciento de un lujoso inmueble ubicado en Querétaro y el cual estaba en la disputa legal que mantiene a Collado en prisión

Preso en el Reclusorio Norte, Juan Ramón Collado Mocelo negoció un “convenio de transacción judicial” con su exsocio y demandante Sergio Hugo Bustamante Figueroa, mediante el cual éste acepta el 50 por ciento de un lujoso desarrollo inmobiliario ubicado en la zona comercial Centro Sur de la ciudad de Querétaro, con un valor cercano a los 500 millones de pesos.

Dicho inmueble alberga las oficinas de la polémica Caja Libertad Servicios Financieros, en donde han estado involucrados, entre otros, los empresarios Amado Yáñez, quien estuvo preso por fraudes de su empresa Oceanografía, y Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y sujeto a proceso por un fraude a Citibank-Banamex, entre otros delitos.

Quien fuera abogado y asesor legal de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto; del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps; del exsubprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu, y de una larga lista de empresarios, logró que el empresario Bustamante Figueroa retirara todas las acciones legales en su contra, lo que le da un respiro a Juan Collado en los procesos legales que enfrenta, pues aún hay acusaciones penales de la Fiscalía General de la República por delitos graves de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Detenido por una demanda civil en julio del año pasado en la Ciudad de México, expediente 1370/2018 –cuando sostenía una reunión con su cuestionado cliente Carlos Romero Deschamps–, el abogado Collado Mocelo logró con este convenio cancelar las controversias y juicios que había entre los socios de las sociedades mercantiles Operadora de Inmuebles del Centro y Libertad Servicios Financieros, donde también participaron Jesús Guevara Aguilar, Guadalupe Aboites Hernández, José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.

En 10 páginas, dicho convenio judicial contiene 10 cláusulas en donde se establece que Sergio Bustamante se desiste de la acción legal 79572019 por la demanda de daño moral radicada en el Juzgado 45 en materia civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, que incluye a Caja Libertad y a todos sus accionistas involucrados.

Agrega que todas las partes en este litigio por daño moral otorgan el perdón ante cualquier denuncia penal o demandas civil y mercantil que hubiera sobre los bienes disputados.

El convenio incluye también los escritos dirigidos a la Agencia del Ministerio Público (carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-7S/D00503/08-2019) por parte de la apoderada de Caja Libertad para otorgar el finiquito a Bustamante Figueroa y Jesús Guevara Aguilar; y otro dirigido a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (carpeta CI/CRO/29527/2019 por el delito falsedad ante autoridades) con el mismo propósito.

En la sexta cláusula, Bustamante se desiste de la demanda radicada en el Juzgado Segundo y otorga un finiquito amplio a la sociedad Libertad Servicios Financieros; al abogado Juan Ramón Collado Mocelo; Jesús Guevara Aguilar; J Guadalupe Aboites Hernández; José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, actualmente preso también el Reclusorio Norte; José Antonio Vargas Hernández; Operadora de inmuebles de Centro; Fanny Gabriela Frías Cantú, y Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez.

En la cesión de derechos, Caja Libertad entrega el 50 por ciento de sus derechos de propiedad de la compraventa realizada mediante la escritura pública 14163, el 25 de marzo de 2015, a favor de Operadora de Inmuebles del Centro.

Por su parte Operadora de Inmuebles del Centro se obliga a celebrar convenio de cesión de derechos de cobro a favor de Libertad Servicios Financieros respecto de los pagos o préstamos a favor de Administradora Ario, por un total de 96 millones 750 mil pesos; al Despacho Integral de Inmuebles por 1 millón 291 mil pesos, y Administradora Cimatario por 50 millones 60 mil 400 pesos.

“Lo anterior a fin de resarcir la mitad del precio erogado por Libertad Servicios Financieros al adquirir el lote de terreno marcado con el número 2, manzanas C y S 12 y las construcciones sobre él edificadas de lo que es conocida como Zona Comercial Centro Sur de Querétaro… de parte de Operadora de Inmuebles del Centro.”

Se acordó también que la empresa Libertad Servicios Financieros seguirá en posesión del inmueble que esta en una superficie de 3 mil 877 metros cuadrados hasta que se dé total cumplimiento al presente convenio.

Además, Operadora de Inmuebles del Centro dará en arrendamiento el 50 por ciento de la propiedad a Libertad y Servicios Financieros por un monto mensual de 600 mil pesos, que serán pagados a Bustamante Figueroa. Este plazo de arrendamiento será de 10 años forzosos y Libertad y Servicios Financieros tendrá también la opción preferente de compra de dicho inmueble.

Puntos suspensivos… A propósito del mencionado exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, nos dicen que habría devuelto 2 mil millones de pesos como parte de un acuerdo con el gobierno para evadir acusaciones penales en su contra. Parece que son tiempos de ajuste de cuentas a todos aquellos acostumbrados a abusar del poder y, sobre todo, del dinero público… Con la detención en España del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, su abogado Javier Coello Trejo asegura que será citado a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto porque autorizó todas las operaciones que hacía su cliente. Seguramente así fue, pero sostiene que hay pruebas de ello, lo cual parece imposible porque Peña no firmaba esos documentos relacionados con las compras y ventas de la paraestatal petrolera. Quienes sí están plenamente involucrados son los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quienes presidían e integraban parte del Consejo de Administración de la empresa petrolera del Estado y en consecuencia autorizaban todas las grandes operaciones como la compra de las plantas de fertilizantes, motivo de algunas de las acusaciones que mantienen a Lozoya preso en un cárcel de Málaga… En el régimen anterior, cuando se utilizaba a los órganos de inteligencia financiera y de seguridad nacional para espiar y perseguir a cualquier ciudadano que tuviera algún conflicto o negocio con el gobierno, se armaron gruesos legajos de expedientes en lo que se conoce como Unidad de Inteligencia Financiera y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, muchos de los cuales desaparecieron cuando el opositor Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República; sin embargo, algunos de esos valiosos documentos han sido rescatados por quienes los elaboraron y en esas listas aparecen algunos “empresarios amigos” de los gobiernos priístas y panistas, pero este tema habrá que tratarlo con más espacio y en próximas columnas para informar de quienes se trata, por lo pronto hasta la próxima semana en Contralínea.

Miguel Badillo

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