domingo 12, julio 2020

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Jesús Gutiérrez Valencia, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA), afirmó que la reforma al artículo 129 de la  Ley de Amparo y al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –que promueve el senador Ricardo Monreal Ávila– provocará un clima de la criminalización de la lucha social que se opone a los grandes megaproyectos.

Dichos cambios legislativos plantean que los amparos promovidos en contra de obras públicas sean improcedentes, por lo cual Gutiérrez Valencia las calificó como regresivas. Además, aseguró que atentan contra los derechos humanos individuales y colectivos, por lo que las comunidades y pueblos en lucha se quedarían sin protección jurídica ante  la depredación medioambiental y cultural que conllevan los megaproyectos.

El activista advirtió que, con la aprobación de dichas reformas, se crearía un marco jurídico acorde a las necesidades de las corporaciones. Estas tendrían las máximas garantías, entre ellas la facultad de reprimir a los movimientos sociales que impidan o interrumpan la ejecución de los proyectos de infraestructura promovidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ello, dijo, con la justificación de que los inconformes estarían atentando en contra del bienestar  e interés público; sin embargo, son estas corporaciones “las únicas beneficiarias de las obras públicas”, declaró el vocero de la CNPA.

En conferencia de prensa, Luisa Amanda Rivero Espinoza, abogada de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, mencionó que si las reformas son aprobadas, las comunidades que se consideren afectadas podrán presentar un juicio de amparo ante tribunales federales.

Gutiérrez Valencia aseguró que continuarán exigiendo el diálogo con las autoridades para que dichas reformas no sean aprobadas. Si el Senado decide lo contrario, dijo, quedará constatado que “el actual gobierno no contempla la oposición a sus designios, ya que plantea a toda costa imponer el despojo de los pueblos”.

Tania Damián