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Primera de dos partes. El 30 de enero pasado, luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró a la epidemia del coronavirus 2019-nCoV como emergencia de salud pública de interés internacional, el gobierno de México puso en marcha el Plan de Preparación y Respuesta, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

De declararse la pandemia en el país (cuando se llegue a un escenario similar al que enfrenta actualmente China), el gobierno federal recurrirá al uso de la fuerza pública para contener a la población, se desprende del Plan Nacional para la Preparación y Respuesta ante la Intensificación de la Influenza Estacional o ante una Pandemia de Influenza, vigente desde agosto de 2018 y aplicable al nuevo coronavirus.

En su apartado “Seguridad”, el Plan indica que “todas las entidades responsables de mantener el orden social y la seguridad pública deben estar preparadas ante los retos que enfrentarían en el escenario de una pandemia de influenza y conocer los protocolos establecidos por el gobierno, tanto a nivel local como nacional”.

Agrega que “la fuerza pública debe enfrentar todas aquellas situaciones originadas por la pandemia, pero también debe continuar realizando su labor diaria. Es fundamental que las instituciones actúen siempre en el marco de las jurisdicciones establecidas por la ley, y de acuerdo con las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno”.

Aunque este Plan no lo detalla, esas “situaciones originadas por la pandemia” que deberán contener las fuerzas del orden son, principalmente, los brotes de violencia en torno a hospitales, centros de salud, clínicas públicas y privadas saturadas, por la desesperación de las personas enfermas o con familiares (principalmente menores de edad) con el padecimiento; también en torno a farmacias, tiendas departamentales, de abarrotes y mercados desabastecidos; ferreterías donde ya no se cuente con mascarillas con filtro (sustitutos de los cubrebocas); e incluso centrales de autobuses, puertos y aeropuertos, de acuerdo con los documentos derivados del Escudo Centinela (un simulacro de pandemia que se realizó en 2006) y la Agenda Nacional de Riesgos 2018, que establecía a las pandemias como una de las 10 mayores amenazas a la seguridad nacional de México.

El Plan vigente cuenta con cuatro fases –transición interpandémica, alerta, pandemia, y transición– recomendadas por la propia Organización Mundial de la Salud, y detalla que para que se declare la pandemia (tercera fase) “debe surgir un nuevo subtipo de virus de la influenza, debe infectar a los humanos y causar enfermedad grave, y debe transmitirse fácilmente y en forma sostenida (continuar sin interrupción) entre los seres humanos”. Algo que ya está probado sucede con el coronavirus 2019-nCoV, de origen chino y presente en otros 24 países (al 5 de febrero de 2020).

El Comité Nacional para la Seguridad en Salud es el órgano encargado de emitir las declaratorias de las fases de acuerdo con lo establecido por la OMS y las evaluaciones de riesgo realizadas.

Para ello es muy importante el actuar de las autoridades en las primeras 72 horas que siguen a la sospecha de la introducción al país del virus pandémico. Esta “será crucial”, indica textualmente el Plan.

Si se declara la fase de pandemia, el documento que marca los principales lineamientos que regirán el comportamiento de las autoridades mexicanas apunta que el principal objetivo de la respuesta será proteger la salud de la población; no obstante, reconoce que se trataría de “una emergencia de salud pública y el Sistema Nacional de Salud será uno de los sectores con mayor impacto, debido al aumento excesivo en la demanda de atención por parte de la población y al ausentismo laboral, tanto en las áreas médicas como en las administrativas”.

En ese punto se advierte que también es vital cuidar la salud animal: “las actividades del sector animal consistirán principalmente en llevar a cabo la vigilancia epidemiológica en aves domésticas y silvestres, con el objetivo de mantener un monitoreo de cepas circulantes y actualizar el mapa geográfico de poblaciones aviarias; lo anterior permitirá desarrollar bases de datos para captura, análisis y difusión de la información. Este monitoreo incluirá la vigilancia en puntos de entrada al país para la detección de introducción de aves que procedan de zonas de riesgo de IAAP [Influenza Aviar de Alta Patogenicidad]”.

También refiere que, pese a la crisis, será fundamental la continuidad del funcionamiento de la economía, por lo cual indica que “el sector económico no sólo se centrará en la búsqueda de fondos para la adquisición de recursos de todas las instancias federales responsables del mantenimiento económico y social del país, sino que también se centrará en mantener las actividades económicas que permiten el ingreso económico al país, derivado del comercio, tipos de cambio y divisas, entre otras. Será también responsable del monitoreo y evaluación de los impactos económicos de la pandemia, lo que le permitirá emitir consejos sobre los probables impactos económicos y esfuerzos de contención”.

Otro punto fundamental se refiere a los servicios básicos. Al respecto, indica que “las instituciones deben asegurar su funcionamiento antes, durante y después de la pandemia de influenza, sobre todo en los servicios básicos a la población: agricultura y comida, agua potable, energía eléctrica, gasolina, transportes, telecomunicaciones, servicio postal. Las dependencias y empresas que proveen servicios esenciales, tales como alimentos, agua, servicios de salud, energía y telecomunicaciones, tienen una responsabilidad particular de prepararse y planear para el mantenimiento de sus operaciones durante una pandemia”.

Acciones para contener la transmisión

En el apartado de medidas para mitigar el impacto de la pandemia, el Plan establece que las familias deberán “evitar salir de casa, sólo para lo indispensable, visitas al médico y provisiones”.

Respecto de los negocios privados y empresas públicas, establece que “se suspende la actividad económica no esencial”, y de las escuelas, “suspensión de labores en todos los niveles”.

Para la infraestructura urbana indica que “se restringe el transporte público y privado. Únicamente funcionan a toda su capacidad los servicios de emergencia, protección civil, seguridad y salud. Los servicios de seguridad pública se mantienen en alerta”.

En cuanto a las actividades sociales, éstas se suspenden de forma generalizada pero desde una fase anterior, llamada alerta de pandemia. Y previo a ésta, en la fase de riesgo elevado (que es cuando hay brotes epidémicos en algunos lugares) quedan suspendidos los actos masivos al aire libre.

El Plan también indica que, una vez que se está en la fase pandémica, “tanto el Comité Nacional para la Seguridad en Salud como los comités estatales para la seguridad en salud deberán permanecer en sesiones permanentes para activar en su totalidad los mecanismos de respuesta en todas las instituciones de todos los niveles, principalmente el de vigilancia epidemiológica para búsqueda intencionada de casos”.

A nivel federal, se llevarán a cabo sesiones diarias de los comités, se difundirá información para la población; se analizará y difundirá de forma permanente la situación epidemiológica de la enfermedad; además, el gobierno federal debe dirigir y encausar acciones de intervención para la prevención y limitación de daños; emitir alertas epidemiológicas para la intensificación de las acciones contempladas en el plan.

Aunado a todas las actividades implementadas por el Sector Salud, es necesario que el resto de los sectores implementen las estrategias desarrolladas, a fin de asegurar la continuidad del funcionamiento económico y social del país. Dichas actividades estarán definidas en la Estrategia Operativa Multisectorial, por lo cual en esta línea de acción solo se hace referencia a los objetivos principales de cada uno de los grupos.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]