lunes 6, julio 2020

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Es una constante que funcionarios y particulares ataquen a la libertad de prensa, porque la investigación de hechos, la información y la crítica, ponen al descubierto de la opinión pública las conductas que abusan del poder; y que al difundirlas exhiben los actos de quienes incurren en ellos. La interpretación de los Artículos 6 y 7 de la Constitución, por los órganos judiciales y los ministerios públicos, se van, casi siempre, por establecer censuras y recurrir a inquisiciones administrativas y/o de tribunales, para, más que limitar, de plano suspender esa libertad torciendo las garantías para que se impida la investigación y difusión de opiniones, información e ideas, y su libre examen y discusión, para que la democracia sea limitada. Así que contra los medios de comunicación se va todo el peso de las leyes interpretadas autocráticamente, con fines de imponer censuras.

Es lo que ha sucedido contra el investigador, profesor y periodista Sergio Aguayo, a quien uno de los Moreira, exdesgobernador de Coahuila, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene como objeto de una persecución judicial porque opinó que el caso penal de ese político despedía un hedor corrupto. Entonces es que Moreira se dijo atacado moralmente y que por ello sufrió un daño que cuantificó en 10 millones de pesos. Exigió su cobro por la vía civil y para garantizar su pago en el fallo final le fijaron a Sergio Aguayo una fianza de 450 mil pesos. Así que desde 2016, ha sido una persecución implacable, pero no impecable.

Son casi 4 años en los que se nota esa interpretación inquisitorial para amedrentar al periodismo crítico que se atreva, como Aguayo, a cuestionar con opiniones que nada tienen que ver con ataque a la moral ni a la vida privada o los derechos de terceros; pasando por alto los derechos de prensa que al informar sobre hechos no provoca ningún delito ni perturba el orden público. Por lo que es muy importante que el derecho de opinión y de crítica, con el de información, deben ser garantizados por los tribunales penales y civiles para impedir arbitrariedades como la que ha estado padeciendo Sergio Aguayo.

El periódico Reforma (28 de enero de 2020), donde Aguayo publica sus artículos periodísticos, informó que otro tribunal insiste en que responda económicamente tras que un juez anterior lo encontró responsable de daño moral. Esto ha sido una interpretación a modo para sentenciar al periodista y que debe la Suprema Corte atraer para iniciar una discusión democrática y republicana, que absuelva el investigador. Es una interpretación más conforme a los derechos humanos lo que debe prevalecer en lo que respecta a la información de hechos y las opiniones críticas.

De lo contrario persistirán los que se escudan en la parte intermedia del Artículo 6 constitucional que anula la primera frase que alude a que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Si las apelaciones de Aguayo no prosperan, en el actual ambiente de ataques al periodismo, acusaciones como la de Humberto Moreira pueden estar preparándose para irse contra reporteros, investigadores y analistas, a fin de impedirles su función de informadores. Y de que sobre esa información, que son hechos, se construyan las críticas a la inmoralidad y a la vida pública, que requiere la opinión de los mexicanos.

Estamos ante un caso por la libertad de prensa que implica libertad de opinión para calificar de tufillo, hedor a corrupción, una conducta pública, ya que de otra manera se estarán imponiendo nuevos límites a lo que debe ser máxima libertad para criticar. Claramente esto es una inquisición judicial civil que no debe consumarse. Por lo que la Suprema Corte debe actuar para corregir el exceso en dinero y el exceso en injusticia. Si Moreira se sale con la suya, los Artículos 6 y 7 en sus fines más democráticos serán derogados, para mantener la espada sobre las libertades de prensa, de información y de crítica. Cercenarán la libertad de información que debe estar garantizada por el Estado de Derecho.

Así que el caso de Sergio Aguayo es, en el conjunto de los fines constitucionales, un despojo a sus derechos como mexicano y periodista que siempre está atento a los abusos y corrupciones de funcionarios y politiquillos, para opinar y darnos un punto de vista que, en todo caso, se refutan por medio de la réplica. Y no esgrimiendo supuestos ataques a la moral de la inmoralidad de funcionarios que buscan ponerle precio a su desfachatez. En defensa de las libertades de prensa, ni un paso atrás. Tenemos que ponernos al frente de su defensa porque es la defensa de la Constitución, que no de las censuras. Y todavía pretender cobrar como Moreira, que lo único que busca es aumentar su patrimonio por las críticas que se le hacen.

Álvaro Cepeda Neri

[OPINIÓN] [DEFENSOR DEL PERIODISTA]