martes 14, julio 2020

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Luego de que la Rectoría de la UNAM llamó a clases extramuros a estudiantes de la Preparatoria 9 y calificó de provocadoras a las feministas en paro, el movimiento estudiantil en contra de la violencia sexual y de género tomó impulso: 15 planteles pararon y otros discuten cerrar. Sin embargo, expertos consideran que no hay condiciones para que el conflicto escale, como ocurrió hace 20 años con la huelga contra la privatización universitaria

El movimiento de mujeres organizadas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ha denunciado la violencia sexual y de género que se padece en los recintos universitarios, se enfrenta a una escalada de descalificaciones provenientes de las autoridades universitarias al más alto nivel y de la propia Presidencia de la República, lo que ha ocasionado que algunas colectivas se radicalicen.

En ese contexto, la doctora Aleida Hernández Cervantes –experta en derechos humanos de las mujeres con una perspectiva feminista– explica que la Rectoría ha sido “omisa” ante la problemática denunciada: “no escucha a su comunidad” y tampoco tiene propuestas “serias” para atender las agresiones sexuales sufridas por alumnas, académicas y trabajadoras.

Advierte en entrevista que la ausencia de voluntad política para resolver el conflicto estudiantiñ y la falta de contundencia en las respuestas “ha traído una crisis institucional”, que derivó en que 16 planteles se sumarán –en forma escalonada– al paro de actividades y toma de instalaciones que sostienen desde finales del año pasado la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 9.

Y aunque desde el lunes 10 de febrero cinco instalaciones educativas reanudaron actividades, otras escuelas continúan realizando asambleas para discutir la posibilidad de parar actividades e incorporarse a las exigencias (entre ellas la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Facultad de Química). Además, la Facultad de Psicología y el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente continúan con la entrega de pliegos petitorios.

Al referirse al conflicto estudiantil, el 5 de febrero pasado el rector Enrique Graue Wiechers afirmó estar comprometido con la equidad e igualdad de género. No obstante, la respuesta por parte de la institución no ha sido responsable ni elaborada desde la perspectiva de género, ni de derechos humanos, explica a Contralínea Adina Barreda Hernández, integrante de la Red Iberoamericana en Ciencias Sociales con Enfoque de Género.

La académica Barreda Hernández recuerda que las autoridades universitarias han repetido negligencias y omisiones en cada uno de los casos denunciados desde 2011, cuando comenzó a denunciarse públicamente el hostigamiento sexual cometido por profesores en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

Se presentó el caso de un profesor –Arturo Noyola– “que no permitió titularse a una chica y que tuvieron una relación”. Tres años más tarde –en 2014–, las denuncias se hicieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Precisa, además, que la Red No Están Solas (Rednes) fue de las primeras colectivas en elaborar una estrategia de denuncia formal en las instalaciones universitarias con el fin de conseguir justicia administrativa.

Al rspecto el doctor Fabián Bonilla López explica que la omisión de la Universidad es evidente: el rector Graue “está simplemente borrado” en la discusión, pese a que incorporó el tema de género en el proceso de su reelección. Asimismo, señala la urgencia de resolver “el problema tan grave de hostigamiento, violencia y demás contra las mujeres y hacia la comunidad en general”.

Clases extramuros reavivan conflicto

Para resolver la demanda de estudiantes inconformes con el paro en la Preparatoria 9 Pedro de Alba, el pasado 1 de febrero la UNAM inició clases extramuros en instalaciones del Colegio Latinoamericano de México y bajo el resguardo de la policía capitalina.

Experto en el estudio de estrategias de comunicación para resolver conflictos sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas, Bonilla López considera que se trata de una de las varias propuestas “paliativas” y “aparentes” en torno al actual conflicto estudiantil.

Esa programación de clases extramuros responde al “reclamo también atendible” de los estudiantes que cursan el último año y que darán el paso a la licenciatura. “El hecho de que te sientas en la incertidumbre de qué sucederá con tu formación académica” es el motivo de su inconformidad. Sin embargo, observa que “no son una solución” al conflicto de fondo, generado por la violencia de género.

Para el maestro en ciencia política Valeriano Ramírez Medina –también académico de Ciencias Políticas–, las clases extramuros han sido una táctica utilizada en otros momentos como en la huelga de 1999-2000 –en defensa de la gruatuidad de la educación–, pero que tuvo “muy malos resultados”, porque “no hubo reconocimiento de esas clases”. Es decir, “no se tomaron en cuenta para las evaluaciones de los alumnos ni tampoco para su formación”.

Ahora, considera, tal táctica tampoco prosperará por la situación de la Universidad “muy delicada”, sumada al motivo de que “hoy no se puede citar al alumno fuera de la institución”.

El politólogo agrega que en este caso los directivos de la Preparatoria 9 propusieron como sede alterna el Colegio Latinoamericano de México, ubicado en la colonia Santa María La Ribera, “que ya no es una instalación universitaria”. Con tal medida, la institución va en contra de sus propios reglamentos y “estaría rompiendo con la institucionalidad de las clases”.

Para el maestro Valeriano Ramírez, las respuestas brindadas por la Rectoría se dan en el marco jurídico local, debido a que “la Universidad no puede moverse más allá de la institución, es decir, de los reglamentos, de la legislación universitaria, los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos de exámenes”.

Denuncias informales y ausencia de solución

En el fondo del conflicto están las denuncias de mujeres sobre casos de violencia sexual y de género en los recintos universitarios, que inició con los llamados “tendederos” –pancartas hechas por las estudiantes en las que además de exhibir los nombres de los presuntos agresores se describían sus actos– y continuó con paros hasta derivar en la etapa más tensa del movimiento: el cierre de la prepa 9 y la Facultad de Filosofía por más de 2 meses.

Uno de los requisitos fijados por las autoridades universitarias para actuar en esos casos es la denuncia formal y no vía tendederos. Ante la petición de las colectivas de rescindir el contrato a los profesores señalados de manera informal, la institución “no puede sancionar algo que no esté sustentado: la sola denuncia verbal no es suficiente, se tiene que establecer un principio de presunción de inocencia, entonces tenemos que tener elementos, bases y pruebas para garantizar la sanciones al infractor y protección a la víctima. Ese es el asunto”, explica el académico Valeriano Ramírez.

No obstante, la maestra Adina Barrera reitera que la Universidad “realmente no ha dado una respuesta, lo único que ha habido son comunicados que no dicen nada en concreto”. Además, expone que las autoridades tampoco se han preocupado por armonizar el marco jurídico universitario con la normativa internacional.

En especial, refiere, la Comisión Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificadas por el Estado mexicano y que le exigen garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.

Aunque la máxima casa de estudio sea autónoma, es una institución pública y “se rige por la normativa vigente en el país [la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 1 constitucional], así como la internacional”, puntualiza la doctora Aimée Vega Montiel, coordinadora del Programa de investigación feminista del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.

Por el contrario, la Universidad no garantiza que las miembros de su comunidad vivan en un ambiente libre de violencia. Incluso, quienes deciden presentar una queja formal en las oficinas jurídicas de las escuelas o en la Unidad de Atención de Denuncias (UNAD) se encuentran con la un problema: la aplicación de Protocolo. De acuerdo con Carolina Pacheco Luna, docente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, “las autoridades hacen todo como parar la denuncia antes de que lleguen a un proceso legal”. Además de enfrentarse a la disuasión de los impartidores de justicia para no proceder jurídicamente.

En cuanto a la respuesta de algunas autoridades de señalar “que no se presentan pruebas suficientes para sancionar a los agresores”, la Ley General de Víctimas en su artículo 5 “establece claramente y –es el derecho de la víctima– que crean en su dicho”, detalla la doctora Aimée Vega Montiel. Explica que la buena fe de la víctima –como es enunciado el derecho– es “una respuesta al recurso de apelar constantemente acerca de la presunción de inocencia”.

La investigadora considera que la presunción de inocencia “protege a los agresores”, de ahí la importancia de apelar a la presunción de buena fe a fin de no exigirle [a la denunciante] presentar pruebas “imposibles”, por ejemplo, en el caso de violaciones.

“Hemos acompañado a las compañeras al ministerio público que las han hecho esperar hasta 72 horas para hacerles las pruebas médicas, 72 horas que son cruciales para poder conservar el derecho de violación”, explica la doctora Vega Montiel. “Parece de más importancia el honor de un profesor” que la protección de quien denuncia, añade la catedrática Carolina Pacheco Luna.

La UNAM “lo que hace y hará es todo lo posible por aminorar el impacto, tanto mediáticamente como a partir de los procesos jurídicos retardándolos, perdiéndolos, frenando las investigaciones o, incluso, proponer alternativas como resolver todo a partir de una disculpa pública”, indica el doctor Fabian Bonilla López.

Para el politólogo Valeriano Ramírez Medina, en los protocolos judicialmente tendrían “que establecerse formas donde la denunciante sea acompañada por alguien que la oriente y donde la compañera o compañero que haya sido víctima de un acoso no tenga que revivirlo cinco, seis veces. Tendríamos que buscar un formulario o protocolo legal en donde no sea tan traumático” para quien denuncie.

Radicalización del movimiento

Aunque el movimiento de mujeres en la UNAM ha ido escalando, investigadores cosideran que no hay condiciones para que se generalice. Al respecto, el maestro Valeriano Ramírez considera que no habría posibilidad de radicalización del movimiento, porque “el problema es que no son muchos, no es un número significativo o una proporción importante de la comunidad”.

Para Ramírez Medina lo que se ha expuesto es que “son pocas [estudiantes] bien organizadas, pero sin una presencia social amplia” porque las maneras en la que “han intentado escalar el movimiento, a lo mejor, no son las adecuadas: han hecho tomas sin asambleas y eso ha implicado que una buena parte de la comunidad se sienta excluida de la toma de decisiones. Por eso no cuenta con el apoyo porque hay una descalificación”.

Interlocución en “inflexión”

La posibilidad de diálogo para resolver el conflicto es “poca”, expone el doctor Fabián Bonilla López. Para él, “hay una especie de fricción” en la generación de interlocución “para crear un acercamiento hacia las demandas”.

Valeriano Ramírez expone que, aunque “el puente se ha roto”, el diálogo con las universitarias “si se está dando”. El académico observa un punto de “inflexión”, porque “la institución requiere de denuncias formales y las compañeras quieren acciones de inmediato y después institucionalizarlo: denunciar, sancionar y luego averiguar”.

Pero reconoce que las inconformes “están en esa lógica porque el comportamiento tradicional de la institución ante estas denuncias ha sido respaldar y proteger a los profesores en contra de los alumnos” y los estudiantes no tienen “quien sea su contraparte”. En eso “es donde está fallando la Universidad y creo que debe generar una instancia de protección al alumno en contra del profesor y el trabajador”.

Al respecto, Fabián Bonilla observa que la discusión de estrategias para “erradicar de plano la violencia” debe hacerse en conjunto: además de evidenciar las condiciones de violencia dirigidas a las mujeres, se tiene que revelar “el papel activo que podemos realizar nosotros consciente o inconscientemente como hombres, como la contraparte” porque “tenemos que espejearnos constantemente en lo que está pasando con ellas, con la situación de privilegio que podamos tener como varones”.

La maestra Adina Barrera coincide en que la Universidad debería “generar acciones que deriven en una reflexión de toda la comunidad universitaria sobre el ejercicio de la violencia y la atención de las víctimas”.

Asimismo, la investigadora Aleida Hernández Cervantes subraya que las autoridades de más alto nivel junto con directores de facultades y escuelas “tendrían que sentarse y hacer todo un plan serio, político, institucional de atención a la denuncia de violencia contra las mujeres; de escucharlas, hacer mesas de trabajo verdaderas que sean contundentes, no de discurso político”. Y observa como urgente “mejorar el Protocolo de Atención a la Violencia de Género en la UNAM”.

Sin “mano negra”, movimiento de mujeres organizadas

La descalificación del movimiento de mujeres universitarias organizadas hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar que había “mano negra” en el movimiento estudiantil es “desafortunada”, consideran académicas.

Y es que lo dicho es que “quienes se manifiestan no son las víctimas sino que pareciera que estos movimientos son manipulados”, expone la investigadora Aimée Vega Montiel. Ello, indica, es una narrativa con una intención muy clara: “desactivar el espíritu de legitimidad de lo denunciado por las universitarias”.

Para la maestra Carolina Pacheco, es relevante puntualizar que “dudar de que realmente que la violencia sea el motivo de los paros” es “revictimizar a estas mujeres”.

La doctora en derecho Aleida Hernández Cervantes opina que el representante del Ejecutivo debe posicionarse del lado de las mujeres para “entender los motivos que las llevaron a movilizarse”: que la Universidad sea un espacio libre de violencia, y que se sancione a quienes han sido acosadores, abusadores por muchos años que “han afectado la vida de muchas estudiantes”.

Además, dice, la UNAM no se podía quedar fuera de esa discusión, “en tanto que es un microespacio social que expresa lo que está pasando a nivel nacional y mundial”. No “podía descontextualizarse” en un momento conocido como cuarta ola del feminismo, en donde “las mujeres están saliendo a las calles, están organizándose de forma sistemática, alzando la voz de las violencias que viven, de las discriminaciones que vivimos”.

En ese sentido, la movilización es “clave de los derechos de las mujeres”, afirma Aleida Hernández. Se trata de las mujeres por el ¡ya basta!, o del no continuar con la normalización de la violencia contra ellas y por exigir que los derechos alcanzados y que están por alcanzarse “sean efectivos y no se queden sólo en el papel o marcos jurídicos, o se queden atorados en los espacios donde se administra la justicia”.

La investigadora del CEIICH hace un llamado al presidente para que “ponga más atención en esos motivos que tienen las estudiantes, más allá de decir que en muchos movimientos hay algunas personas infiltradas”.

Desde el inicio del movimiento estudiantil, hace más de año y medio, se han vivido situaciones de violencia y “nadie ha buscado quién es el que sale beneficiado con esto”. Se acusa a funcionarios, incluso rectores, sin embargo el sociólogo Valeriano Ramírez considera que “no es por ahí” sino que el asunto más fuerte es quien está interesado en desestabilizar y perjudicar a la Universidad frente a un conflicto social más amplio”.

De acuerdo con el experto en movimiento sociales, podría verse que hay conflictos de intereses en la UNAM pensando que recién acaba de ser reelecto el doctor Graue. También se tendrían que ver los cambios internos en las facultades y las escuelas en este enroque y transición de cambio de directores. El panorama “es muy complejo: podríamos pensar que si están metidos, ¿quiénes? Hay muchos intereses en juego, pero sería muy ocioso culpar a alguien. Es mejor buscar la solución al conflicto”.

Para Aimeé Vega no hay certeza de la presencia de grupos infiltrados buscando deslegitimar el origen de las manifestaciones. Pero lo que “es un hecho es que las demandas de las mujeres universitarias son absolutamente legítimas y justas”.

Jordana González

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