jueves 2, julio 2020

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La coalición Salvemos Internet señaló que el anteproyecto de Lineamientos de Gestión de Tráfico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abre la puerta a la censura de internet, pues de aprobarse las autoridades podrían ordenar el bloqueo de aplicaciones, contenidos y servicios digitales a petición expresa o por “situaciones de emergencia o seguridad nacional”; también permitirá la priorización pagada, esto es que proveedores como Telmex, Izzi o AT&T podrán llegar a acuerdos comerciales para darle trato preferencial al tráfico de sus socios.

Ello significa un grave retroceso, pues actualmente esas empresas están obligadas a transportar el tráfico de datos sin bloquear, favorecer o perjudicar a ciertas aplicaciones, contenidos o servicios.

En el marco de la consulta pública sobre el anteproyecto del IFT, la coalición Salvemos Internet presentó su plataforma de participación ciudadana, para incentivar que las personas usuarias de internet se pronuncien en defensa del principio de la neutralidad de la red.

La coalición ha advertido que el anteproyecto incluye medidas contrarias a este principio, así como a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, la privacidad, la innovación y la competitividad. Ello, “en un país donde aproximadamente hay más de 70 millones de usuarios de internet”, indicó Vladimir Cortés, de Artículo 19 capítulo México y Centroamérica.

Por su parte, Luis Fernando García –director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)– declaró que “el IFT tiene la obligación legal de emitir lineamientos para proteger la neutralidad de la red, la cual establece que los proveedores de acceso a internet (PAI) no pueden bloquear, perjudicar o favorecer aplicaciones, contenidos y servicios, sin embargo, tras un retraso de más de cinco años, el instituto sometió a consulta pública un anteproyecto que contraviene este principio”.

Al respecto, Vladimir Cortés expresó que “el anteproyecto como está pensado ahora no tiene un enfoque de derechos humanos, ya que tiene un enfoque netamente economicista que sólo busca favorecer intereses comerciales, y está dejando de lado reconocer que es un espacio de las libertades y de la pluralidad de las voces en donde convergen múltiples formas de ser”.

Asimismo, durante el “lanzamiento de la campaña para defender la neutralidad de la red en México”, integrantes de Salvemos Internet detallaron los principales riesgos a los que podrían estar expuestas las personas usuarias de internet con este anteproyecto:

“En primer lugar, los lineamientos facultan a los PAI a llevar a cabo prácticas de priorización pagada, es decir, les permiten suscribir acuerdos comerciales para dar un trato preferencial al tráfico de sus socios, de este modo los PAI se sitúan como ‘cadeneros’ de internet, favoreciendo o perjudicando a otros de acuerdo con sus intereses privados”.

Dichas prácticas de priorización pagada elevarían los costos de acceso a aplicaciones, contenidos y servicios no priorizados, lo que atenta contra la libertad de elección de los usuarios, quienes pagan más por un menor acceso a Internet, aseguró la coalición.

A su vez, el IFT pretende autorizar la creación de barreras que impidan la entrada a nuevas aplicaciones, contenidos y servicios, así como permitir que las autoridades ordenen el bloqueo temporal de aplicaciones, contenidos y servicios ya existentes por “situaciones de emergencia y seguridad nacional” o “a solicitud de la autoridad competente”, lo que abriría la puerta a censura gubernamental.

Además, la agrupación enfatizó que el anteproyecto no incluye protecciones a la privacidad de las personas usuarias dejándolas expuestas a técnicas de gestión de tráfico invasivas, como la inspección profunda de paquetes (deep packet inspection), que posibilita a los PAI de monitorear las actividades en línea de todos aquellos que navegan por internet.

Tampoco se contemplan las medidas suficientes de transparencia y supervisión que faculten a las personas usuarias de Internet de evaluar el cumplimiento y respeto de estos, “la ausencia de medidas efectivas hace imposible la rendición de cuentas por gestiones de tráfico ilegales y fomenta la impunidad en caso de violaciones a la neutralidad de la red”.

Finalmente, Alex Argüelles –integrante de la organizacción Derechos Digitales– subrayó que “desde 2014, el acceso a internet es un derecho constitucional y es deber del Estado hacer las medidas necesarias para que este se respete […] este derecho permite que se amplifiquen otros derechos humanos, pero si de repente se promueve el acceso a internet donde lo único que va a permitir es que las empresas tengan mejores posibilidades de competencia, eso está contraviniendo el derecho en teoría […] tenemos que ponernos las pilas y actuar con la indignación que genera que sea más importante para el gobierno la competitividad o los intereses de las empresas que nuestros derechos”.

La coalición –conformada por empresas, start-ups, colectivos y organizaciones de la sociedad civil como la R3D, Mozilla México, Artículo 19, Derechos Digitales, Wikimedia México, SocialTIC y Creative Commons México– exhortó al público usuario de internet a expresar el descontento ante la propuesta del IFT, a través del sitio salvemosinternet.mx

Viridiana García