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“Nunca había visto un acoso de esta magnitud”, afirmó Héctor Beristain, abogado defensor del académico y articulista Sergio Aguayo Quezada, en referencia a la sentencia condenatoria que dictaminó la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la que se le obligó a pagar a su cliente una garantía por 450 mil pesos.

Ello, porque el magistrado José Francisco Huber Olea Contró determinó el pago de 10 millones de pesos como indemnización por el supuesto daño a la moral ocasionado al político Humberto Moreira, quien interpuso una demanda en contra del académico.

Sergio Aguayo afirmó –en videoconferencia de prensa– que los juzgadores han sido cómplices del político, por lo que se dijo contento de que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena haya atraído su caso. También dijo que confía en que la Suprema Corte lo resolverá con imparcialidad.

Por su parte, Sara Mendiola, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, afirmó que el magistrado Huber Olea tergiversó el estándar de malicia efectiva, ya que éste tiene que ser aplicado a “géneros periodísticos que por su naturaleza implican un contenido de hechos”, por lo que el artículo de opinión de Aguayo no debió ser condenado, ya que “las opiniones no pueden ser criminalizadas”.

Asimismo, informó que el estándar de sistema dual también fue sujeto de una interpretación errónea, pues establece que los límites de crítica serán más amplios cuando se trate de figuras públicas. Pero, por el contrario, el magistrado afirmó que Sergio Aguayo no debió haber criticado la detención de Moreira en España, detalló.

“Hay una incapacidad de las autoridades de justicia; por lo tanto no podemos confiar en la objetividad de los jueces”, ya que paulatinamente los medios de comunicación no se atreverán a expresarse por miedo a la represión, afirmó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección a Periodistas de Nueva York.

“10 millones de pesos es lo que cuesta opinar en nuestra democracia mexicana”, declaró Sara Mendiola. Agregó que cada vez es más recurrente que servidores públicos interpongan demandas de este tipo con el objetivo de inhibir y generar temor en quien informa y no tanto por el beneficio económico que pudiesen llegar a obtener.

Tania Damián