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En sus “negocios” al pie de la carretera Picacho Ajusco, viven 11 familias índigenas originarias de Uruapan, Michoacán. Los “locales” son, en realidad, menos que chozas: cuatro pilares de madera con techos y paredes de lamina –en el mejor de los casos– y plástico.

Como centenas de indígenas, son desplazados de la pobreza y la violencia. Ellos decidieron dejar su pueblo natal para venir a la Ciudad de México a trabajar, así que instalaron sus “talleres” de carpintería en forma clandestina.

A 10 años de su llegada a la urbe, actualmente rentan el pequeño espacio donde trabajan, venden y viven: sin agua potable ni drenaje ni piso de cemento. Pero la pobreza en la que viven estas 11 familias indígenas, dicen, es mejor que la que padecían en su pueblo.

Según la Encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay 8 millones 918 mil 653 habitantes, de los cuales 785 mil se consideran indígenas. De ellos, sólo 76 mil 69 cuenta con vivienda particular, refiere en sus Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015, la más reciente medición con la que se cuenta.

Juan, de 26 años y perteneciente a una de las familias originarias del pueblo purépecha –todas conservan su lengua nativa–, desde los 16 años decidió emigrar con su familia [integrada por seis personas] para trabajar en la Ciudad.

En entrevista con Contralínea, comenta que en su negocio-hogar no cuentan con los servicios necesarios: “Aquí rellenamos tambos para tener agua, estamos colgados de la luz, no hay baño y vamos a otro lugar. Lo bueno es que hay espacio para cocinar con leña y, el frío de las noches, ese lo resistimos con el fuego. Además, ahí tenemos un colchón para dormir”.

Datos de Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, arrojaron que las viviendas indígenas de la capital sufren de carencias por acceso a los servicios básicos de vivienda, sus características principales son: piso de tierra, falta de disponibilidad de agua entubada, drenaje y electricidad, y cocina con leña o carbón.

La familia de Juan inicia el día a las 7 de la mañana –“cuando el gallo canta”–para abrir su negocio: sólo levantan una lona y por las noches, para volver a su hogar, la cierran atorándola con hilos y rocas. Se resguardan en techos de lamina con estructuras de madera recubiertas de lonas recicladas, su piso es de tierra, y en algunas partes hay pedazos de alfombra raídos para que los muebles que confeccionan no se maltraten.

Aquí nada saben del derecho humano a la vivienda, a pesar de que el Programa Actualizado de Derechos Humanos de la Ciudad de México establece: “el derecho de todas las personas a tener un hogar, una comunidad seguros en donde vivir en paz y dignidad. La realización de este derecho requiere del cumplimiento de varios factores: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios e infraestructura, ubicación adecuada, condiciones de habitabilidad, que la vivienda sea accesible y asequible por todas las personas sin discriminación y que su mantenimiento entrañe gastos soportables, que sea culturalmente adecuada”.

El Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa de 2018 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social considera que la población indígena conforma una de las brechas de cumplimiento, ya que “el 79.1 por ciento de la población indígena presenta un rezago de vivienda frente al 44.7 por ciento reportado a nivel nacional”.

Para Juan, las autoridades están alejadas de su familia y de su comunidad: “el gobierno no nos da nada, no tenemos seguro social, ni ningún apoyo. Pero así estamos bien”.

Nayeli Escalona

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