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Tercera parte. El juicio de la historia es y seguirá siendo implacable con aquellos que desde el poder cometen toda serie de injusticias que repercuten de manera negativa en la sociedad en su conjunto; tal es el caso del sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, plagado de abusos de autoridad y violación sistemática al estado de derecho.

Cual broma de mal gusto, la ambición del exmandatario por retornar al poder le llevó a bautizar con el nombre de “México Libre” a la organización política con la que pretende fundar un nuevo partido político. Intención dinamitada tras la captura en Estados Unidos de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública Federal que consolidó la narcopolítica en México.

Al paso de los años, ha quedado demostrado que la gestión de Calderón resultó una de la peores en la cadena de gobiernos neoliberales, tanto del PRI como del PAN. Los costos económicos y sociales fueron muy altos y no sólo dejaron más de 70 mil muertos por su fallida guerra contra el narcotráfico, así como otros 30 mil desaparecidos e innumerables viudas y huérfanos por todo el territorio nacional.

En su sexenio se perdieron miles de empleos, tanto por su incapacidad para hacer crecer a la economía, como por sus decisiones autoritarias ejercidas contra la clase trabajadora, reflejadas en las agresiones al Sindicato Mexicano de Electricistas y al de los trabajadores de Mexicana de Aviación, entre otras organizaciones.

Como se mencionó en pasadas entregas, los cuerpos de seguridad en manos de personajes como el expolicía hoy procesado en las cortes estadunidenses, fueron puestos al servicio de poderosos cárteles y empleados no para dar seguridad a millones de mexicanos, sino para reprimir a los trabajadores electricistas que fueron sacados a punta de metralleta de sus centros de trabajo tras el sorpresivo decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre del 2009. De la noche a la mañana y sin mediar juicio alguno, fueron lanzados a la calle 44 mil trabajadores afiliados al SME.

Misma suerte corrieron los sindicalizados de Mexicana de Aviación, a quienes las autoridades laborales violaron de manera sistemática sus derechos. El narcogobierno de Calderón impuso de manera vergonzante sus políticas públicas en contra de la nación con el respaldo de la clase política en su conjunto. Tanto miembros del Poder Legislativo como del Judicial, actuaron en complicidad con el frívolo, corrupto e irresponsable expresidente para solaparle todos sus latrocinios.

Lo mismo senadores que diputados, gobernadores que alcaldes, jueces y ministros de la Corte, consintieron a Calderón pisotear el Estado de Derecho; no debemos olvidar que el Congreso avaló los Contratos de Servicios Múltiples con que Pemex abrió las puertas de forma legalizada a los inversionistas privados, tanto nacionales como internacionales, para la exploración y explotación del petróleo que ya se venía dando desde el sexenio de Vicente Fox.

Pemex Exploración y Producción (PEP) se convirtió, gracias a Calderón, en un simple administrador al servicio de las trasnacionales; con esta apertura puede decirse que se entreabrió la puerta a lo que más tarde sería la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, que desnacionalizó el sector energético del país.

En mayo de 2012, a unos meses de concluir su periodo, Petróleos Mexicanos se negó a atender solicitudes de transparencia referentes al otorgamiento de estos contratos, aun cuando PEP reconoció en algunos comunicados haber suscrito desde 2003 contratos con empresas argentinas como Techint y su subsidiaria Tecnopetrol, por un valor de 1 mil 35 millones de dólares para la explotación del bloque Misión de la Cuenca de Burgos, ubicada en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También en ese año trascendieron otros contratos con la firma española Repsol, que invirtió 2 mil 437 millones de dólares supuestamente con el fin de incrementar las reservas de gas y petróleo en favor de México, cuando únicamente fueron estas empresas extranjeras las beneficiadas con la explotación de hidrocarburos.

Calderón replicó la falsa y absurda tesis invocada por Fox para abrir las puertas de la inversión privada en Pemex, en el sentido de que la paraestatal—hoy empresa productiva del Estado–, requería capital privado para subsistir, cuando en esos gobiernos se dieron los excedentes petroleros que reportaron a las finanzas públicas ingresos extras por un billón de pesos.

Así como los miembros del Poder Legislativo legalizaron la privatización de Pemex a través de los Contratos de Servicios Múltiples, sin tomar parecer al país, también los integrantes del Poder Judicial, sobre todo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se transformaron en serviles lacayos del autoritario gobernante.

El narcogobierno de Calderón Hinojosa obtuvo la complicidad de los integrantes del alto tribunal para hacer añicos al Estado de Derecho y desacatar sentencias como la emitida por los magistrados de un Tribunal de Circuito, que en septiembre de 2012 ordenó al mandatario asumirse como patrón sustituto de los trabajadores despedidos de Luz y Fuerza, en la figura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lejos de reconvenir al entonces presidente a acatar la ley, los ministros de la Corte guardaron silencio y permitieron que Calderón se abanicara con la Constitución y mandara al archivo muerto al Estado de Derecho. Meses más tarde, en enero de 2013 –ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto–, los ministros fallaron en contra de la resolución de los magistrados del colegiado, eximiendo de toda responsabilidad al expresidente.

Ahora que personajes como Genaro García Luna se derrumban junto con la corrupción y los abusos de poder de gobiernos como el de Calderón, es necesario hacer un balance de los sexenios neoliberales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para que respondan por sus innumerables latrocinios.

Por esta razón, el SME convoca al pueblo de México  para que a una sola voz se impulse una demanda de juicio político que lleve ante la justicia y a la cárcel a aquellos que trastocaron el sentido del Estado para permitir la existencia de narcogobiernos, que además de sumir al país en un atraso económico al desmantelar el aparato productivo y el sector energético del país, en favor de las empresas trasnacionales, dejó ensangrentada a la nación entera, golpeando además de una manera ruin y cobarde a la clase trabajadora.

Martín Esparza

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