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Historiadores de distintas instituciones se pronunciaron en contra del “confuso y contradictorio” comunicado emitido por el Archivo General de la Nación (AGN) el 16 de enero, en el que traslada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la responsabilidad de abrir documentos de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Dirección General de Investigaciones Políticas Sociales (DGIPS).

Lo anterior, basado en una interpretación sesgada de la Ley General de Archivos en lo referido a la protección de datos personales. Con ello, el AGN argumenta que no puede realizar su tarea debido a que tiene que proteger los datos personales sensibles contenidos en la documentación, criticaron en conferencia de prensa. De esa manera, el AGN restringe su política y elude su obligación de garantizar el acceso a los acervos que resguarda.

Los académicos aseveraron que el comunicado se contrapone al compromiso con la apertura de archivos tal y como quedó estipulado en el Acuerdo [artículo 4] publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de febrero de 2019: los archivos históricos son fuentes de acceso público y deben ser consultados sin restricciones, especialmente si contienen información relativa a hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en el pasado.

Actualmente, la Ley General de Archivos establece que la información resguardada es de acceso público y debe ser puesta a consulta sin restricciones; sin embargo, sólo es posible acceder a 455 versiones públicas.

A los usuarios del AGN que recurrieron a la consulta de información vía Infomex se les han programado entregas de hasta 1 año y con información parcial, con el argumento de que no se cuenta con suficiente personal, además de que empezó a cobrar la reproducción.

Aunado a lo anterior, a otros usuarios se les negó el acceso a la información con argumentos como: “no es de interés social”, “no tiene relación con violaciones a derechos humanos”.

María Magdalena Pérez Alfaro, investigadora de estudios históricos en la Subdirección de Historia Contemporánea, explicó que el documento anuncia la apertura de una Plataforma para que los usuarios argumenten frente al Inai la consulta de la información y aseguró que es una “burla”, ya que únicamente admite respuestas de 50 carácteres.

Por su parte, la investigadora Elisa Servín señaló que el acceso irrestricto a los archivos gubernamentales del pasado es necesario, debido a que es “la materia prima” para la investigación y para la comprensión histórica. Añadió que la Declaratoria trata de una “supuesta apertura” basada en la parcialidad de la información.

Finalmente, César Enrique Valdez Chávez, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mencionó que dicha parcialidad de la información generará daños a los documentos originales, cuando la responsabilidad del AGN es garantizar la consulta sin censuras de ningún tipo.

Nayeli Escalona