jueves 2, julio 2020

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A casi 25 años de la masacre de Aguas Blancas, tenemos las ejecuciones de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), perpetradas el 28 de junio de 1995. Y de ahí hasta la fecha han ocurrido varias centenas de asesinatos políticos y cientos de heridos; más de dos centenares de casos de personas torturadas; cientos de detenciones arbitrarias y cateos ilegales; cientos de operativos policiaco-militares que se ejecutan con tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la población; decenas de presos políticos, cientos de perseguidos políticos y amenazados decenas de ellos de muerte; cinco detenidos-desaparecidos permanentes: Gilberto Romero Vázquez, Gregorio Alfonso Alvarado López, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava Ríos; un exiliado político en Francia: Ranferi Hernández Acevedo, y un sinnúmero de familias desplazadas por el conflicto que aún no se ha logrado resolver. Por ello, esta colaboración también pudo llevar por título: “De Aguas Blancas a Petra Benítez y Antonio Barragán Carrasco: los crímenes contra los más vulnerables y la impunidad de los perpetradores”.

Las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero, en la miseria, devastadas por huracanes, incendios, caída de los precios del café, militarizadas y divididas por grupos políticos o de poder económico que las enfrentan, incluso al discriminar con la distribución de la ayuda humanitaria. Con esto, se provoca una confrontación social en la que los paramilitares y parapoliciacos se ven fortalecidos, dañando el tejido social hasta los núcleos familiares.

La corrupción e impunidad, herencias del viejo régimen con su maquinaria de represión, no se detienen. Avanzan dejando un saldo multiplicado de dolor y muerte, el gran reto para gobierno de la “cuarta trasformación”. Atender urgentemente estos casos y resolverlos sólo requiere de voluntad política y de inversiones mínimas en materia social.

Los delitos por los que se acusa a Antonio Barragán Carrasco –como hemos detalladado ya en anteriores entregas– han sido resultado de una fabricación encabezada por Eduardo Joaquín Gallo y Tello en coalición con diversos funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, incluidos jueces, ministerios públicos, médicos legistas, custodios. De entre todos ellos, destacan el juez Jesús Valencia Valencia, el ministerio público Concepción Cuevas; el policía Rey David Hernández Flores y el el entonces director del penal de Atlacholoaya, Morelos, Jesús Sebastián Insunza Gutiérrez. Este último con el apoyo de Genaro García Luna.

¿Pero qué relación tiene este caso con Aguas Blancas? Cuando el señor Gallo y Tello se dio cuenta de la paricipación de Antonio Barragán en la OCSS, él y varios de los funcioanrios citados trataron de vincular al propio Antonio y sus coacusados –sin pruebas y mediante la fabricación de delitos– con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Así lo señaló Eduardo Gallo en notas de prensa y en un libro de su autoría.

El señor Gallo cometió, como particular, múltiples excesos en el ejercicio de su carácter de “vengador social”, cometiendo ilícitos y daños, causando secuelas de orden jurídico, los que la autoridad tendría que conocer y juzgar.

Recordamos la señora Petra Benítez Barrios, quien llegó a Morelos, al igual que algunos familiares y conocidos, huyendo de Guerrero, donde sufrían persecución política por ser integrantes de la OCSS. En Morelos fue procesada acusada de participar, junto con un hijo, en el secuestro de Paola Gallo, lo que no se comprobó, por lo que fue liberada. “Siempre fue inocente, la torturaron y violaron; fue otro abuso en su contra”, asegura su hija.

En el testimonio de Benítez Barrios, del 3 de abril de 2002, podemos leer:

“[…] Salí de mi casa a las 7:00 horas rumbo a mi trabajo, cuando el señor Gallo junto con unos judiciales me agarraron mostrándome su placa, subiéndome a un carro rojo y acostándome en medio de los asientos. Después de una hora me bajaron, me metieron a una casa, me vendaron los ojos y me empezaron a golpear; me daban toques eléctricos y me tapaban la boca con una toalla mojada; me echaban agua por las narices, me tiraban en el piso y se me subían tres personas. Preguntaban por cocaína y armas. Yo les decía que no sabía nada, que no tenía nada de eso que me pedían.

“Siguieron pegándome hasta que me desmayé. Cuando desperté, tenía mucha sangre en mi ropa y entre mis piernas. Ahí me tuvieron todo el día hasta la 1:00 de la madrugada, que fueron a tirarme por un lugar que se llama La Joya.”

Queja ante Derechos Humanos de estado

El 15 de mayo de 2002, la señora Petra Benítez presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Morelos. Se le asignó el número de expediente 390/2002.

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual mandó una solicitud de información al gobierno de México. El gobierno respondió a la CIDH que:

“Con fecha del 21 de noviembre de 2001 las autoridades ministeriales del estado de Morelos aceptan la recomendación hecha por la CEDH iniciando la averiguación previa DH/156700-1. De la investigación de dicha averiguación se determinó como responsable a los elementos de la policía Judicial del Estado de Morelos Nelly Flores y David Flores, quienes ya rindieron sus respectivas declaraciones ministeriales. La Visitaduría General de Justicia del Estado investigó los expedientes personales de dichos agentes, existiendo antecedentes de otras averiguaciones en su contra.”

Sin embargo, a pesar de las denuncias no sólo a instancias nacionales sino internacionales, las amenazas contra la señora Petra Benítez. Continuaron. Fue ejecutada en su casa el 22 de mayo de 2012 junto con ortros integrantes de su familia. Una nota periodística lo reportó así:

“Comando masacra a una familia pobre, incluido un niño de 4 años. Abuela, padre e hijo fueron torturados y al final les dieron el tiro de gracia; la madre del pequeño sobrevivió al ataque en Morelos. Al menos tres integrantes de una familia de condición humilde fueron asesinados por un comando que ingresó a su vivienda, ubicada en el callejón San Juan y Tabique de la Colonia Maravillas de Xalixintla, en el municipio de Jiutepec. Entre las víctimas se encuentra un menor.

“De acuerdo con los primeros informes emitidos por personal de la Procuraduría estatal, las personas que fueron ejecutadas fueron identificadas como un menor de cuatro años, de nombre José Ángel Adame; su abuela, Petra Benítez Barrios, y su padre, José Adame Benítez.

“Todos presentan el tiro de gracia en la cabeza, pero de acuerdo con los primeros peritajes fueron sometidos y torturados con un arma punzocortante antes de quitarles la vida.

“En tanto, la madre del menor, Pilar N, resultó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital después del ataque, en el que según vecinos participaron sujetos armados que se trasladaban en dos camionetas de lujo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana en una de las colonias de mayor pobreza en Jiutepec, en la cual se han presentado varias ejecuciones debido a la presencia de grupos delictivos en la zona.” (Excélsior, 23 de mayo de 2012)

Doña Petra Benítez Barrios, mujer campesina y luchadora social, junto a su joven hijo José de 22 años y su nieto José Angel de apenas 4 años de edad, fueron asesinados en su domicilio. Se abrió la Carpeta de Investigación SC01/5363/2012 por parte de la Procuraduría General de Justicia, sin embargo, hasta a fecha no muestra avance alguno en la investigación y no hay ningún detenido.

No se investigaron las denuncias penales, tanto de la violación como de la ejecución de la Petra. Tampoco llegó a más la queja ante la CEDH. Y aunque no existen pruebas al respecto, no se descarta la posibilidad de que su muerte pueda tener relación con su inquebrantable decisión de denunciar la tortura a la que fue objeto al momento de su detención y la violación que sufrió, a decir de ella, a manos de Eduardo Gallo y Tello, y que a pesar de su avanzada edad, estaba en disposición de acudir a ampliar sus testimonios, cosa que ya no fue posible por su asesinato.

El llamado a encontrar las vías para la libertad de Antonio Barragán Carrasco y la reparación integral de daños, requiere de la acción inmediata de múltiples actores del diversos órdenes y niveles de gobierno, en consonancia con la voluntad reflejada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Libertad para Antonio Barragán Carrasco. Tortura nunca más. Ni un culpable fabricado más.

Adrián Ramírez*

*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

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