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Falta de acceso a la justicia, nulos derechos para las víctimas, impunidad, desaparición y desplazamiento forzado, ejecuciones, instrumentación de seguridad militarizada, violencia de género, feminicidios y represión a la sociedad civil y defensores de derechos humanos son pendientes –presentes desde el sexenio de Enrique Peña Nieto– que no aseguran la protección y garantía de los derechos de todos los mexicanos en el país, advirtió el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP AC.

Agregó que dicha crisis está en constante incremento y se caracteriza por los impactos de un modelo de seguridad militarizado, por la violencia que enfrentan comunidades en diversas regiones del país, la falta de acceso a la justicia y una inefectiva atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Uno de los principales puntos a resolver, de acuerdo con el Centro, es el de la violencia de género y feminicida, ya que ésta es “ejercida contra las mujeres por el sólo hecho de ser y/o identificarse como mujeres y es perpetrada principalmente por varones”. En el informe también advirtió que al Estado le falta implementar acciones efectivas para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida “que las mujeres padecen cotidianamente”.

Esto debido a que entre 2015 y 2018 ocurrieron 264 feminicidios y hubo 60 mil 463 víctimas de violencia intrafamiliar. Datos de la Oficina de ONU Mujeres-México –recabados por la organización– indican que al menos seis de cada 10 mujeres mexicanas enfrentaron un incidente de violencia durante 2018, y que 41.3 por ciento de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual.

La organización señaló que estos hechos comenzaron a agravarse desde el sexenio anterior y siguen manteniéndose en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque el sistema mexicano de procuración de justicia presenta fallas.

Algunas son: que “las mujeres víctimas se enfrenten a un sistema que lejos de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a la no repetición, representa un obstáculo, debido a que los procesos no cumplen con los principios de celeridad, continuidad y adecuada atención, lo que en muchas ocasiones deriva en la revictimización e impunidad”.

Por ello, la organización determinó la importancia de adoptar medidas para prevenir, investigar y reparar de forma integral la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, adolescentes y niñas con apoyo y supervisión de la sociedad civil y organismos internacionales especializados, generar y homologar protocolos de acuerdo con los más altos estándares internacionales para el cuidado de las y los menores de edad víctimas indirectas del delito de feminicidio, así como sancionar a los funcionarios que incumplan sus obligaciones en la erradicación de la violencia feminicida.

Asimismo, indicó que durante los últimos 6 años las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado a criminalización y obstrucción de sus actividades, agresiones físicas y psicológicas, fabricación de delitos, campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento u homicidios lo que evidencia la falta de una política pública integral de prevención, investigación y de reparación que garantice sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, el informe avalado por la asociación suiza Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers) recomendó reforzar y dotar con perspectiva de derechos humanos, de género, con pertinencia cultural, e interseccional a las instituciones judiciales y de protección para atender los ataques y agresiones, así como implementar acciones de reconocimiento de la labor de defensa al “resaltar su importancia, su relevancia actual y reconocer sus aportes a la sociedad”.

La organización sin fines de lucro además mencionó la necesidad de fortalecer la democracia y la participación ciudadana al derogar normativas que afectan directamente los derechos de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación –tales como “la ley garrote”–, abstenerse de cualquier declaración pública que criminalice el ejercicio de derechos en el espacio público.

Asimismo, recomendó que el Estado se asegure de que el uso de la fuerza pública se apegue al pleno respeto y protección de los derechos de los manifestantes y deberá brindar acceso a la justicia, atención y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos en contextos de manifestaciones y protesta social.

Indra Cirigo