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Dos recomendaciones de la CNDH evidencian la falta de regulación con la que opera Cusaem (Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México), al no ser una corporación pública, pero tampoco privada. En entrevista, el  presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Sapién Santos, señala que esa indefinición jurídica le permite operar sin ser auditada

Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) son un ente “híbrido” que no puede ser auditado, pues en la ley no hay una figura jurídica aplicable, asegura Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, AC (CNSP). En entrevista, dice que, cuando les conviene, afirman pertenecer al gobierno y, cuando no, dicen ser cuerpos de vigilantes auxiliares.

Dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dan cuenta de esa indefinición legal en la que se encuentra la corporación, al determinar que sus elementos se encuentra armados sin formar parte de la nómina gubernamental, lo que violaría las leyes mexicanas. No obstante, las recomendaciones admiten que Cusaem cuenta con una licencia para portar armamento.

De acuerdo con el sitio oficial Región 6 Agencia de Seguridad Estatal –del gobierno del Estado de México–, Cusaem proporciona servicio de seguridad física, prevención y manejo de situaciones críticas, operación y vigilancia de circuito cerrado de televisión dentro de instalaciones, monitoreo de alarmas, custodia de transportes en autopatrullas propias comunicadas en forma permanente al centro de mando, capacitación en técnica policial, defensa personal, manejo de armas, entrenamiento de tiro y tiro virtual, así como seguridad intramuros a fábricas, hospitales, bancos, escuelas, centros comerciales, gasolineras, edificios corporativos, zonas departamentales, zonas residenciales y oficinas de gobierno, con el objeto de prevenir situaciones de riesgo.

Por ello, Sapién Santos explica que el Cusaem no puede pertenecer a la seguridad pública porque no detentan actividades encaminadas a dicha función; a pesar de ello, tampoco se considera empresa de seguridad privada porque no cumple con la normatividad en la materia ni detenta servicios de seguridad privada.

Por otro lado, señala que es un cuerpo de vigilantes o agentes que no son policías pero tampoco pertenecen a una empresa de seguridad privada. “Desafortunadamente”, considera, se les confunde con el título innominado de policía privada, término incorrecto ya que “la policía es un ente de seguridad pública que debe estar al servicio de la prevención del delito –entre otras actividades– de los gobernados de la entidad federativa de la que se hable”.

Por ese estado híbrido en el que se encuentra actualmente la institución –en materia jurídica–, nadie tiene control sobre ellos, señala el presidente del CNSP. Y agrega que por su situación no son considerados sujetos de fiscalización, por lo que sus ingresos, egresos e incluso la capacitación que reciben los elementos no son auditadas. Por lo tanto, para Sapién Santos, el Cusaem se encuentra en un “limbo de manera divagante”, porque nadie lo regula y no cumple con ninguna normatividad.

Los problemas ante la falta de regulación

La principal problemática que se ha detectado al revisar la actuación de Cusaem es la portación de armas: de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2015 la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México autorizó la entrega de armas a elementos de ese cuerpo a pesar de que éstos no estaban dentro de la nómina del gobierno estatal, como lo exige el artículo 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Hoy en día, los miembros de Cusaem se encuentran en todas partes de la República auspiciados por la licencia colectiva 139 en materia de portación de armas de fuego. Sin embargo, Sapién Santos señala que, al no estar debidamente regulados, no se tiene un control de cuántas armas maniobran en cada estado ni quiénes son los elementos que las portan, “porque muchas veces ni siquiera están incluidos en la licencia oficial”.

Asimismo, denuncia que las armas –autorizadas para prestar funciones en materia de seguridad pública– se utiliza para realizar servicios a particulares, sin cumplir con el marco normativo de la seguridad privada.

El presidente del Consejo señala que la CNDH ya ha emitido recomendaciones en donde hace énfasis en que ciertos elementos de Cusaem nunca tuvieron capacitación en el uso de armas de fuego y muchos de ellos fueron dotados sin estar incluidos en la licencia oficial.

Hablan de ello las recomendaciones 97/2019 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobierno del Estado de México y la Fiscalía de Guanajuato, por la pérdida de la vida de tres personas (dos menores de edad) y lesiones a siete más, relacionados con la actuación de personal de empresas privadas de seguridad y elementos de Cusaem, después de analizar ocho quejas remitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por hechos ocurridos entre el 27 de agosto de 2015 y el 1 de octubre de 2016 en los municipios de Apaseo el Grande y Celaya.

Así como la Recomendación 98/2019 para los gobernadores de Tlaxcala y Estado de México, y a los fiscales de Guanajuato y Querétaro, por la pérdida de la vida de dos personas migrantes y lesiones a otras dos, al registrar empleo arbitrario de la fuerza pública por elementos de los Cusaem que brindaban protección y vigilancia a una empresa ferroviaria, así como detectar que los elementos recibieron armas de fuego a pesar de que éstos no estaban dentro de la nómina del gobierno estatal.

De igual modo, se ha reportado que el cuerpo de seguridad no completa los programas de capacitación en materia de uso de armas de fuego y falta al derecho básico de brindar seguridad social, ya que “muchos de los elementos carecen de servicios médicos o no tienen acceso a éstos”.

Sobre este mismo cuerpo de seguridad, la Auditoría Superior de la Federación ha apuntado –en su informe 2017-5-06E00-15-0073-2018– que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suscribió el convenio de colaboración interinstitucional número CS295-CD-N-A-PE-002/17, con vigencia del 9 de febrero al 31 de diciembre de 2017 con el Cusaem, sin contar con la documentación que acredite que el proveedor exhibió ante la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, los resultados aprobatorios de los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos del personal operativo, así como el reporte de las evaluaciones anuales con el acuse de que se remitió dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, los cuales debieron entregarse de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del convenio mencionado.

Por más de 1 mes, Contralínea solicitó entrevista con el jefe de Cusaem; sin embargo, debido al cambio de titular de los Cuerpos de Seguridad durante el mes de diciembre, esto no fue posible.

Las anomalías

En 2019 se visibilizó otra anomalía: la falta de seguridad social. Y es que la diputada Liliana Goya –presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de México– recibió a varios elementos que denunciaron que los líderes de Cusaem no cumplen con las prestaciones de carácter social. Por ello, la legisladora ofreció llevar a cabo un estudio y hacer diversas propuestas con el objeto de regular a estos cuerpos de vigilancia auxiliar del Estado de México.

“A través de diversas administraciones, hoy tenemos la confianza depositada en el Ejecutivo federal que con todo el cambio que le está dando al país en temas de corrupción y transparencia, que efectivamente se adentre al estudio de esos cuerpos auxiliares y complementarios para que estén regulados por el gobierno o por el ente que se decida o se deba crear para esos efectos, y que se puedan fiscalizar los montos que reciben y como se están utilizando”, dice Raúl Sapién Santos.

Para el presidente del CNSP, es necesario regular a la entidad, ya que sin ésta se genera una competencia de carácter desleal –tanto para las empresas privadas como para las entidades públicas–, porque no pagan prestaciones de carácter social ni impuestos. Pero lo más importante para la sociedad es que no generan un factor de certidumbre jurídica, de saber quiénes son, cómo los están regulando y cómo están identificados.

Además, agregó que deben llevar a cabo los programas de capacitación completos para los elementos en materia de uso de armas de fuego, resguardo de datos personales a quienes prestan los servicios, entre otras.

Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Cusaem ha sufrido pérdidas de contratos, asegura Sapién Santos. Sin embargo, considera que el Ejecutivo federal no busca desaparecer la corporación, sino que tiene la finalidad de que no se maneje bajo un régimen de autogobierno ni autopolítica pública.

Agrega que Cusaem debería regresar a su verdadera función que es brindar seguridad pública: “por tanta falta que le hace al Estado de México y que se dediquen a cuidar a los mexiquenses en materia de seguridad pública. Y si van a detentar servicios de seguridad privada, entonces que se les regule y que cumplan con las prerrogativas y normativas existentes para llevar a cabo estos servicios”.

Indra Cirigo

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