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La negociación del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, con las autoridades de Estados Unidos para volverse testigo cooperante y evitar el juicio en su contra –acusado de conspirar para trasegar cocaína, lavar dinero y cooperar con el Cártel de Sinaloa tras recibir sobornos– ya es, en sí misma, un duro golpe al expresidente de México, cuyo gobierno nunca fue legítimo.

Además del tufo del fraude electoral, Felipe Calderón carga con la responsabilidad de haber causado la grave crisis humanitaria que aún padece el país, al imponer la supuesta “guerra” contra el narcotráfico con un claro uso de la violencia militar para contener la protesta de la sociedad, algo propio de las dictaduras.

Precisamente por esa espiral de violencia que desató y que incluye crímenes de lesa humanidad, el expresidente de extracción panista debe ser juzgado y condenado por tribunales internacionales. Pero independientemente de que eso ocurra o no, ahora Calderón enfrenta una posibilidad real de ser señalado por su presunta vinculación con el crimen organizado, una vez que García Luna empiece a dar los nombres de sus cómplices y/o jefes en una estructura criminal paralela al gobierno.

Por ello, será muy relevante para México toda la información que García Luna provea en las siguientes semanas a las autoridades estadunidenses con tal de reducir su futura condena. Habrá que estar atentos a las lealtades y deslealtades de este personaje, cuyo poder se ha diluido tanto como ocurrió con su semblante en la comparecencia del pasado 3 de enero, cuando agencias internacionales lo describieron al borde del llanto.

En este contexto resulta muy interesante la lectura del análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations –publicado por el Congressional Research Service el 20 de diciembre de 2019–, en el que se advierte la relevancia del caso: “en un inesperado desarrollo, Genaro García Luna, un exfuncionario de seguridad de alto rango, fue arrestado en Texas en diciembre de 2019 acusado de recibir sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa. García Luna, quien dirigió la Agencia Federal de Investigaciones desde 2001 hasta 2005 (en el gobierno del expresidente Vicente Fox, miembro del Partido de Acción Nacional) y luego fue secretario de Seguridad Pública del país (con el presidente Calderón, también del PAN), dejó México en 2012 y había tratado de convertirse en ciudadano estadunidense naturalizado. El presidente López Obrador elogió el arresto de García Luna como evidencia de que la feroz estrategia del gobierno de Calderón no había repelido con éxito a los cárteles”.

Además de calificarlo de “sorprendente”, el documento señala que el arresto del exsecretario ha amenazado con erosionar aún más la legitimidad de la burocracia mexicana encargada de ejecutar la estrategia contra el crimen, que incluye “matar o capturar a los principales capos”.

“Los desafíos para Andrés Manuel López Obrador desde que asumió el poder incluyen un enfoque persistente ad hoc de la seguridad; la ausencia de inteligencia estratégica y táctica sobre un mercado criminal cada vez más fragmentado, multipolar y opaco; y la corrupción endémica de los sistemas judiciales y policiales de México. En diciembre de 2019, Genero García Luna, exsecretario de Seguridad de la administración de Felipe Calderón (2006-2012), fue arrestado en Estados Unidos por cargos de haber recibido enormes sobornos del Cártel de Sinaloa, erosionando aún más la confianza pública en los esfuerzos del gobierno”.

Respecto del sexenio calderonista, apunta que “en la experiencia latinoamericana, el aumento en la tasa de homicidios en México y el número absoluto de homicidios desde 2007 hasta el final de la administración del presidente Felipe Calderón en 2012 no tuvieron precedentes”. Lo que no dice es que, con la Iniciativa Mérida, Estados Unidos patrocinó la estrategia militar y, por tanto, también es responsable de los miles de muertos –muchos de ellos inocentes: daños colaterales, los llamó cínicamente Calderón– que ha dejado esa falsa “guerra” contra el narcotráfico.

El documento agrega que en materia de desaparición de personas, “se estima un total de 40 mil víctimas desde 2006 –como informó el gobierno mexicano en 2019–, lo que ha generado preocupación nacional e internacional. La alarma ha aumentado sobre nuevos episodios de violencia extrema y el continuo descubrimiento de fosas comunes [clandestinas] en todo el país, que sigue siendo una señal preocupante”.

No obstante, frente a lo que es ya un cambio de estrategia –pues ahora se privilegia la seguridad social de los más necesitados y se ha abandonado prácticamente el enfoque de la mano dura–, el servicio de investigación del Congreso estadunidense se muestra preocupado por lo que considera una “falta de atención a los esfuerzos más amplios contra la corrupción en México, a pesar de las promesas de campaña del presidente López Obrador”.

El análisis indica que el objetivo de los sucesivos gobiernos mexicanos –en referencia a los de Enrique Peña y López Obrador– ha sido disminuir el alcance y el carácter de la actividad de las organizaciones criminales de carácter trasnacional, de una amenaza a la seguridad nacional a un problema de orden público.

Una vez que esto se logre, dice el análisis, se podría transferir la responsabilidad de las fuerzas militares a la policía. “Durante su mandato, el presidente Peña Nieto no logró reducir el alcance de la función policial doméstica de los militares. En cambio, el Ejército Mexicano ha enfrentado acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de sus fuerzas, y el uso de la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos”.

En ese contexto identifica la corrupción de servidores públicos relacionada con los cárteles del narcotráfico, así como de políticos y miembros de las fuerzas policiales de la nación, como desafíos para el actual gobierno.

El informe destaca también la fragmentación de las grandes organizaciones criminales que ha llevado a una mayor violencia. “Una causa de la violencia actual puede ser la transición que sufre el Cártel de Sinaloa, con el aumento concomitante de un lucrativo comercio de heroína y la producción y tráfico de opioides sintéticos, lo que ha provocado una competencia renovada. Sin embargo, algunos analistas siguen convencidos de la capacidad del Cártel de Sinaloa y su principal competidor: el expansivo Cártel Jalisco Nueva Generación, para usar sus redes bien establecidas de soborno y corrupción, respaldadas por la violencia y así retener un poder significativo en México”.

Además indica que, en los últimos meses de 2019, casi todas las investigaciones de incidentes flagrantes de violencia que involucraron a los grupos criminales en Culiacán, en la región de Tierra Caliente y en Coahuila y Sonora resultaron de fragmentos de cárteles.

Finalmente apunta que “muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos tienen profundas preocupaciones sobre la capacidad del gobierno mexicano para disminuir la violencia en México y frenar el poder de los grupos criminales del país”. Como pueblo agraviado nos toca esperar que en algún momento Calderón pague sus culpas por esta tragedia humanitaria que cada día acaba con la vida de más de 70 personas.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]