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En América Latina, la comunidad LGBTTTIQ+ está condenada al desplazamiento forzoso, por la violencia social e institucional, crímenes de odio, falta de oportunidades y acceso deficiente a servicios de salud, entre otros factores. En ese contexto, México es país de tránsito y destino, pese a sus propios niveles de brutalidad: de 2014 a 2018, 402 homicidios contra esa población vulnerable

Huir o morir es la decisión que deben tomar las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer (LGBTTTIQ+) para sobrevivir en América Latina –incluido México–, ya que en sus países de origen se enfrentan a discriminación y crímenes de odio por su identidad de género, además de la propia violencia estructural que existe en la región.

En México, de 2014 a 2018 se cometieron 402 homicidios contra personas de la comunidad LGBTTTIQ+, cifra que representa el 32 por ciento de los asesinatos registrados en toda América Latina contra esta población vulnerable. Por ello, Bianka Rodríguez –defensora de los derechos LGBTTTIQ+ en El Salvador– observa que “es esencial visibilizar la violencia y enfrentarla”.

En muchos casos, esa violencia que obliga a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ al desplazamiento forzoso comienza en sus hogares. Por ello salen a las calles en busca de un mejor entorno; sin embargo, la realidad a la que se enfrentan es a la violencia institucional, misma que les niega el acceso a derechos humanos fundamentales, como el de recibir educación, atención médica o tener trabajo, consideran activistas consultados.

Al no contar con derechos básicos y garantías para su dignidad, algunas personas se ven orilladas a ejercer el comercio sexual. No obstante, en tales espacios la violencia aumenta: se enfrentan a extorsiones, a tener relaciones sexuales en las condiciones establecidas por grupos delincuenciales, son obligadas a “practicar cosas ilícitas [como la venta de drogas] por los mismos bandoleros. Y es que los pandilleros no dan opción de no hacerlo; si no lo hacen, no subsisten”, advierte Bianka Rodríguez, directora de la organización salvadoreña Comcavis Trans.

La activista apunta que en la mayoría de casos de desplazamiento forzado, las víctimas han denunciado y se han desplazado una, dos y hasta tres veces antes de salir del país de origen. Lo anterior, como consecuencia de que el Estado “no contribuyó a generar la seguridad ciudadana que se establece dentro los planes de gobierno, [con el fin de] mitigar este problema. Lo ven desde un enfoque desde la inversión cuando no tiene que ser así”.

Para la doctora en filosofía de la ciencia Shiobhan Fenella Guerrero, otro factor identificado en la región es la privatización del sector salud. Por ejemplo, en Chile el acceso a las terapias antirretrovirales es sumamente costoso y quienes son portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) se tienen que trasladar a México para someterse a dicho tratamiento.

De acuerdo con el informe El silencio que yo cargo: revelando la violencia de género en el desplazamiento forzado –elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por su sigla en inglés)–, en 2017 más de medio millón de personas desplazadas de Centroamérica viajaron al Norte del continente a través de México. De este número, el 50 por ciento de las personas gays y transgénero sufrieron algún tipo de violencia sexual. Sin embargo, “muy pocos sobrevivientes reportan el daño que han sufrido”.

La doctora Fenella Guerrero narra el caso de Ella, una activista en Perú que tenía un buen salario pero también la aspiración de conseguir un mejor trabajo, así que decidió irse a vivir a Holanda. “Fue tratada como una mujer trans racializada y no pudo conseguir trabajo en un país, aparentemente, ‘ejemplar’; eso la llevó a ejercer trabajo sexual y terminó cooptada por redes de trata. El capital cultural no fue suficiente”.

Al participar en el conversatorio “Personas LGBTI en desplazamiento forzado: historias de vida, retos y oportunidades”, la investigadora detalló que “después, una red de apoyo de la comunidad trans la ayudó a salir de las redes de trata. Esto es una muestra del cisexismo [discriminación y no reconocimiento de la identidad de género] que tiene consecuencias en las mujeres y cómo, en este caso, ese cisexismo la orilló a terminar en el trabajo sexual. Este es el retrato de la vida a la que se enfrentan [las mujeres transgénero]”.

Mujeres trans, las más vulneradas en sus derechos

Las mujeres transgénero son quienes más violencia sufren, indica la activista transgénero Bianka Rodríguez, pues ellas sufren nueve veces más violencia que una mujer cisgénero [quien su identidad de género corresponde a su sexo biológico]. Esto las lleva a migrar de sus lugares de origen.

De acuerdo con el Informe sobre desplazamiento interno 2018 –elaborado por Comcavis Trans–, algunos de los hechos que motivan el desplazamiento forzado de las mujeres transgénero salvadoreñas son: amenazas por pandillas, intento de homicidio, violencia física, violación, abuso de autoridad, extorsiones, muertes de familiares, homicidios y/o violencia intrafamiliar.

“La condición de vida de las mujeres trans en la región de Centroamérica es de pobreza extrema. No hay mujeres trans que tengan un status social alto, que puedan tener seguridad privada o que puedan ponerse implantes para reafirmar su identidad sexual. La mayoría se automedica o se fabrica los cuerpos de manera artesanal, que vienen a perjudicarle”, explica a Contralínea, Bianka Rodríguez.

“Al desplazarse, toda esa pobreza extrema las orilla a aceptar la coacción del pandillero o del agente de seguridad y tienen que pagar una cuota. Eso mismo se repite al llegar a México (…) el acoso por la identidad es uno de los factores que conlleva al maltrato, [principalmente] por temor a que llamen a migración”. Es mejor hacer lo dicho, pero es “ahí cuando las meten a redes de trata”, puntualiza.

Tal es el caso de los albergues de Tapachula, Chiapas, donde a las mujeres se les excluye por su condición y donde se denigra su identidad genérica. “Se pueden quedar en el albergue, pero duermen en el comedor o en el suelo y sólo con una almohada. Lo hacen en específico con las mujeres trans. Los argumentos son religiosos: no pueden meterlas donde están las mujeres ni los hombres”, revela Bianka.

Además, explica que hay albergues donde a las mujeres trans les dan  habitaciones separadas donde dormir, pues piensan que podrían violar a un niño o una mujer “porque no ha dejado de ser hombre. Pero no ven la otra cara de la moneda, donde la mujer trans puede ser abusada por un hombre de los mismos albergados”.

Esta realidad es muy dura, ya que “al final las redes de trata salen de los albergues”, de ese contexto donde viven en la vulnerabilidad. Tales redes les ofrecen “una oportunidad de trabajo que en realidad es la explotación sexual (…) En Tapachula mataron a una mujer trans salvadoreña; y en el Estado de México, ni siquiera se ha dado una investigación o hipótesis del asesinato de Floriela [otra de las víctimas]”.

Además, en México –un país de tránsito y de destino– los miembros de la comunidad LGBTTTIQ sufren mayores vulneraciones en las caravanas migrantes, como la que cruzó desde El Salvador en 2018 en donde mujeres trans sufrieron agresiones sexuales (abuso y violación) por personas que “venían en la misma caravana”, advierte la maestra Hilda Téllez Lino, integrante de la Coalición Mexicana LGBTTTI+.

Comunidad LGBTIQ+, invisibilizada

Los Estados latinoamericanos no reconocen la problemática del desplazamiento forzado de la comunidad LGBTIQ pese ser una realidad. Mucho menos a las identidades genéricas no binarias (hombre-mujer). Muestra de ello, es la ausencia de datos oficiales y políticas públicas generadas por las instituciones gubernamentales.

La carencia de información “tiene que ver con la invisibilización y la falta de preguntas o encuestas, que focalicen la información sobre estos colectivos”, opina en entrevista Martha Ferreyra Beltrán, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La experta agrega que la invisibilización se debe a que no quieren conocer las necesidades de tal población, ya que “así no tienen que atenderlas con la creación de políticas públicas”.

Para Sofía Cardona, integrante de ACNUR México, explica a Contralínea que hay dos razones por las que es difícil hallar datos e información al respecto: “una es que estamos atrasados en desagregación de datos, nos cuesta tener datos desagregados por sexo”, a pesar de que el Comité de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “exige desagregar los datos por sexo, discapacidad, etcétera”.

El segundo aspecto es que las personas LGBTIQ estarían en potencial riesgo si se revelen esos datos, asegura, ya que “todos usan los mismos albergues y, en general, los mismos servicios. Entonces en un albergue donde sientan a 150 personas de distintos países en un galerón y preguntan ¿eres gay? enfrente de todos, empiezan a enfrentar acoso y pueden correr riesgos”.

La gran problemática es que los espacios seguros para evidenciar tales datos no son la norma y, al final, muchas personas que huyeron por discriminación, transfobia y homofobia, no necesariamente identifican que aquí eso va a cambiar. “La pregunta que hay que hacerse es qué tan ético es contar con esos datos, para qué preguntamos a las personas cuál es su orientación sexual o su identidad de género si no podemos, inmediatamente después, ofrecerles espacios seguros o servicios diferenciados sensibles a su identidad de género o a su orientación sexual”, agrega la integrante de la Agencia de las Naciones Unidas.

Asimismo, atribuye la invisibilidad de datos en las instituciones públicas a que “falta bajar el marco jurídico mexicano” y aplicarlo. Cita la cláusula de no discriminación, la cual es absoluta y está respaldada por la ley de igualdad, pero el ejemplo de que las leyes son letra muerta es que los solicitantes de asilo y los refugiados no están reflejados en el sistema de salud o de educación.

Sin embargo, la también defensora de derechos humanos considera que el cambio no sucederá sin un trabajo en conjunto de las instituciones, la sociedad y los propios migrantes.  Lo fundamental, a su parecer, es “empoderar a las propias personas para empezar a exigir estos espacios. Al final del dia, creo que el marco jurídico ahí está”.

Con base en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales “no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”. Es decir, “no es que no esté la disposición, sólo que es un trabajo completo, largo y colectivo. No nada más es [trabajo] del Estado ni de las organizaciones internacionales: es de todos”, finaliza Cardona.

El no reconocimiento de las identidades deriva en que las instituciones de estado trabajen en asistencia para personas migrantes, refugiados o solicitantes de asilo y no en la deconstrucción del asistencialismo para garantizar “la reinserción de las personas en su modelo de vida o para que retomen sus planes individuales. Darles voz les permite posicionar sus necesidades específicas”, indica la activista Bianka Rodríguez.

Por último, asegura que los cuerpos disidentes son formas políticas y deben ser utilizarlos para la sensibilización de los mismos, por lo que “no hay que dejar que otros hablen por nuestras necesidades, esos temas que nos atañen. Hay que arrancar toda forma de violencia desde dentro porque los derechos son transversales y luchar por los nuestros no vulneran los de otras personas”.

Jordana González y Karen Ballesteros

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