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El hoy en desgracia “superpolicía” Genaro García Luna fue pieza clave de la seguridad mexicana durante todo el ascenso del Cártel de Sinaloa a la cúspide del crimen organizado mundial. Pero la protección no habría sido sólo para esa organización. Al oriente del país otro cártel, también “histórico” y muy poderoso, terminó por imponerse: el del Golfo. No lo consiguió sin una ayudadita desde algunas de las esferas del gobierno federal. Y claro, el ingeniero mecánico de formación no podría ser el único funcionario de alto rango inmiscuido. Sería imposible.

García Luna inició su carrera durante el priísmo, en 1989, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, al que hoy se le ha cambiado el nombre por el de Centro Nacional de Inteligencia). En 1999 pasó a la flamante Policía Federal Preventiva. En enero de 2001 se integró a la Policía Judicial Federal, y en septiembre de ese año fue nombrado primer titular de la Agencia Federal de Investigaciones, adscrita a la entonces Procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República (PGR). En diciembre de 2006 se convirtió en el funcionario más poderoso del calderonismo: secretario de Seguridad Pública.

Por muy importante papel que haya jugado, García Luna no es ni de lejos el único responsable de la protección al Cártel de Sinaloa. Sería ingenuo pensar que solito el funcionario hubiera burlado a las oficinas de inteligencia militar: la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y el área de contrainteligencia del entonces Estado Mayor Presidencial. Y a las oficinas de inteligencia civil: el propio Cisen, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las de la propia Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación y la PGR, incluso a la de Relaciones Exteriores.

¿Él se quedó con todas las maletas de dólares que presuntamente recibió? ¿Los generales y almirantes lo vieron enriquecerse sin pestañear?

Tendríamos que señalar que si García Luna está inmiscuido, también se tendrá que llamar a cuentas, naturalmente, a quienes estuvieron a cargo de las mayores responsabilidades en materia de seguridad durante el fiasco sexenal de Felipe Calderón: el general de división Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina; el general de brigada Jesús Castillo Cabrera, jefe del Estado Mayor Presidencial; Guillermo Valdés Castellanos, director del Cisen; Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, sucesivos procuradores generales de la República; Facundo Rosas Rosas y Maribel Cervantes, sucesivos comisionados de la Policía Federal, y los secretarios de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña, Fernando Gómez Mont Urueta y Alejandro Poiré Romero (Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora murieron en sorprendentes accidentes aéreos).

Se trata de toda la estructura de seguridad (nacional, interior y pública) del gobierno que hizo del supuesto combate a los cárteles su principal (si no la única) política de gobierno. Se trata, sí, de todos los hombres del presidente. A las investigaciones, de manera lógica, no podría sustraerse el propio Felipe Calderón. ¿Veremos el juicio de un presidente mexicano por primera vez en Estados Unidos?

De ser encontrado culpable, el nombre de Genaro García Luna será apenas la punta de la madeja. Tendrían que venir los de cómplices hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba de la estructura de la que fue integrante destacado.

El fraude de la “guerra” contra el narcotráfico es monumental, no sólo porque no hubo tal. Principalmente, por los costos en vidas humanas que se cuentan por cientos de miles, como los de desplazados, y las decenas de miles de desaparecidos. Pero también porque enquistó al crimen organizado en el sistema político mexicano. Y porque dilapidó un presupuesto monstruoso: de alrededor de 750 mil millones de pesos en los 6 años de calderonismo.

García Luna, en específico, contó con recursos a manos llenas, tanto monetarios, como humanos y tecnológicos. Dispuso de más de 4 mil 300 millones de pesos sólo para el ambicioso sistema de espionaje Plataforma México. Uno de sus juguetes preferidos, con él tuvo colgado no sólo a delincuentes (que hoy sabemos podrían ser sus socios o competidores), sino a periodistas, luchadores sociales, políticos de todos los partidos, funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, subordinados, compañeros y jefe. ¿Quién resguarda esa información? ¿En manos de quién está?

Para protegerse de sus andanzas, entregó información soberana de México a Estados Unidos. Trabajó con los agentes de sus corporaciones y al final del calderonismo se fue a vivir a ese país. Hombre de los sótanos de la inteligencia mexicana y educado en análisis prospectivo, creyó que allá estaría seguro, que los gringos estarían agradecidos con él y lo protegerían. La sabiduría popular reza que los estadunidenses no tienen amigos sino intereses. ¿Qué papel le asignarán en la lucha encarnizada entre los republicanos y demócratas? ¿Denunciará a sus cómplices, que los tuvo, allende el Río Bravo?

Todo indica que el plan era que Sinaloa y El Golfo fueran los dos únicos cárteles destinados a sobrevivir luego del baño de sangre al que la “guerra contra el narco” sometió a país. Nos detendremos en este punto en la siguiente entrega.

Zósimo Camacho

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