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Ya habíamos tenido la oportunidad de referirnos al caso de Antonio Barrán Carrasco. En el contexto de la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, hay más datos que no pueden dejarse pasar. Como en la vez anterior, inicio esta reflexión no sin antes señalar que debe hacese justicia al señor Eduardo Gallo y Tello por la pérdida de su hija, quien fuera secuetrada el 9 de jullio de 2000 y asesinada el 18 de julio del mismo año.

La inculpación de Antonio Barragán por estos hechos se sustentó en falsas pruebas obtenidas de manera ilícita, declaraciones inculpatorias y autoinculpatorias y que en la fundamentación de la sentencia y la apelación no fueron debidamente valoradas. Se aplicaron criterios que a todas luces distan mucho de ser garantes de los derechos y principios de constitucionalidad, convencionalidad y pro persona, así como los diversos protocolos con los que hoy contamos para la prevención de la tortura.

Tenemos que del material probatorio, 108 elementos, sólo dos hacen una imputación directa en relación a la presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio que se le imputa: las propias declaraciones autoinculpatorias de Anselmo Hernández Benítez y del proipio Antonio, arrancadas bajo tortura.

El señor Eduardo Gallo y Trejo atrajo fuertemente la atención de los medios de comunicación y se presentó como el vengador y justiciero al haber participado, como civil, no sólo en las diligencias ante el ministerio público y el juzgado, sino que tuvo una participación directa en la investigación. Y, sobre todo, en la ejecución material de las detenciones y en la práctica de la tortura, “herramienta fundamental” para la fabricación de culpabilidad. En la entrega anterior dimos cuenta, al detalle, de este papel jugado por Gallo y Trejo (“Ni un culpable fabricado más: libertad para Antonio Barragán Carrasco”, https://bit.ly/35yt0W3).

El dolor de un padre que perdió a su hija le llevó a ir más allá de su deseo de justicia. Utilizando su poder económico, sus relaciones con altas esferas del poder y su acceso a los medios de comunicación, y ante la falta de investigación de las instancias de procuración y administración de justicia, se erigió en vengador justiciero. Tomó y ejerció la justicia por mano propia, contando con la anuencia de las autoridades y procedió a “investigar” y a detener personas. Tales acciones implicaron tortura y la fabricación de “pruebas”. Todo con el apoyo de quien fuera secretario de Seguridad Pública entonces: Genaro García Luna.

Una carta oficial da cuenta de los privilegios y recursos que gozó Gallo para sus “investigaciones”. Fechada en Cuernavaca, Morelos, el 21 de jullio de 2000, está dirigida al entonces coordinador general de la Policia Judicial del Estado, Camerino Román Bustamante y está firmada por el comandante Víctor Hugo Valdez Ortiz, en ese tiempo coordinador operativo de la Policía Judicial Federal. Aquí unos extractos:

“Al tener conocimiento de uno de los presuntos responsables copartícipe de los hechos se encontraba en la Ciudad de Perote Veracruz, se hizo del superior conocimiento al Sr. Procurador de Justicia del Estado de Morelos Lic. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA para que por su conducto solicitara el apoyo de transportación aérea de la Policía Federal Preventiva para trasladarlos a esa localidad. [sic]

“Se nos hizo del conocimiento que el funcionario de la P.F.P. Ing. Genaro García nos apoyaría con la Aeronave con matrícula PF-203 habiendo comisionado al Cmdte. RUBEN SILVA acompañado de cinco elementos de la P.F.P. para custodiarlo. [sic]

“A las 20:00 hrs. del mismo día 20 de los corrientes, arribamos a la Ciudad de Veracruz en donde se encontraba el Cmdante. EMILIO GOMEZ SÁNCHEZ Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz quien nos otorgó las facilidades y apoyo para trasladarnos a cumplir nuestra comisión a la Ciudad de Perote Veracruz, siendo auxiliando por dos Helicópteros y dieciséis vehículos.

Enseguida viene toda una descripcion de las “indagatorias” que con recursos públicos llevó a cabo el señor Gallo con, incluso, la capacidad de dar órdenes a comandantes y ye leemtnos tanto de la Policia judicial Federal como de la entpmves Policía Federal Preventiva.

Al final señala: “Al tener resultados negativos sobre la búsqueda y detención de ROLANDO GOMEZ CORONA y JEÚS ROJAS ALVAREZ, de nueva cuenta nos trasladamos a la Ciudad de Jalapa Veracruz para abordar la Aeronave para el regreso a nuestro estado de Morelos, arribando al aeropuerto de Tetlama Municipio de Temixco Morelos a las 00:30 hrs…” (sic).

Como pùede verse, todo se hizo de manera irregular, al capricho del señor Gallo y con la nuencia de García Luna. No existe ningún oficio de colaboración, ni tampoco orden de cateo o de práctica de diligencia ministerial alguna. De la misma manera, tampoco acuerdo entre procuradurías o instituciones policiacas. No obstante, se dispone de un avión, dos Helicópteros y dieciséis vehículos, además de personal, quienes participaron en un operativo de gran envergadura sin ningún resultado.

Disponer de los recursos públicos de esta manera tan dispendiosa habla del gran poder de Eduardo Gallo y Tello, y del gran tráfico de influencias, pasando por encima del marco normativo, tan sólo por una decisión del Procurador de Justicia del Estado de Morelos.

Se puede apreciar además de que la detenida Luz Edith Bouchez Ake, al acompañar el operativo, no contaba con la presencia de su defensor de oficio. Si bien se señala que se buscaba localizar y detener a Rolando Gómez Corona, también es cierto que no se llevaba, o se presentó en autos, la orden respectiva de presentación, o aprehensión ni mucho menos de cateo.

Tal nivel de influencia e impunidad tenía, que no tuvo empacho en contarlo así en un libro:

“La detención de este sujeto [Antonio Barragán] se realizó con apoyo de la Policía Judicial de Baja California, en el poblado de San Quintín (a 200 kilómetros al sur de Ensenada), a partir de la información que habíamos logrado reunir en Morelos, en el sentido de que este tipo estaba trabajando de jornalero campesino en esa zona y que, junto con algunos familiares, se había visto involucrado en el homicidio del vigilante de un rancho en esa zona.

“Con la información anterior me trasladé a Mexicali, en compañía de un policía ministerial de Morelos, a quien por cierto le tengo no sólo confianza, sino de quien me considero amigo (el cual además me lo ha demostrado lealtad, honestidad, voluntad de trabajo, disciplina, capacidad, y de quien he aprendido bastante en materia de investigación criminal), para entrevistarme con el entonces procurador de Justicia de la entidad, quien nos recibió con amabilidad y voluntad de ayudarnos, y así fue como un par de horas después ya teníamos el nombre del lugar donde se había sido asesinado al vigilante: Rancho ‘El Pedregoso’ [sic].

“A pesar de lo avanzado de la noche, nos trasladamos a Ensenada para entrevistarnos por la mañana con la subprocuradora regional, quien nos proporcionó información que, una vez analizada en detalle, nos permitió confirmar que estábamos en la línea de investigación correcta [sic].

“Durante varios días, y con el apoyo de la Policía Ministerial de Baja California, nos dedicamos a la búsqueda de Antonio Barragán Carrasco, alias ‘Arturo Rivera Policarpo’ y ‘Herminio Olea Mena’ [sic].

“Una semana después supimos dónde vivía y pudimos realizar la aprehensión cuando el sujeto llegaba de trabajar. Yo estuve platicando cerca de 4 horas con su esposa, en la puerta de su casa, sin que ella sospechara. La conversación versó sobre los temas de los desgraciados ricos, de las chingaderas del gobierno que tenemos y como éste hambrea al pueblo. Evidentemente esta mujer había recibido adoctrinamiento.” [sic]

El extracto está tomado de: Gallo y Tello, Eduardo, Paola: Historia de un secuestro y de una sociedad corrupta, Grupo Editorial Vid, SA, de CV, ISBN 9687372478). Se trata de un libro registrado ante los derechos de autor, lo que le hace responsable de los efectos y consecuencias que puede traer. Asimismo, acepta la participación directa en la investigación y en la detención de Barragán Carrasco.

En él se hace una serie de apreciaciones y conjeturas que violan a todas luces la presunción de inocencia que en ese tiempo tanto Barragán como los coacusados debían gozar. Coloca en el imaginario social a las personas como si ya hubieran sido sentenciadas culpables.

La exhibición mediática, toma por asalto y hace rehén a quien debiera impartir justicia, lo cual representa, con mucho, una nueva forma de impunidad. Con ello se causó y sigue causando un daño irreparable a la persona y se convierte en un efecto corruptor de la justicia.

El artículo 17 constitucional dispone que nadie puede hacerse justicia de propia autoridad. ¿Quién le dio la potestad al señor Eduardo Gallo y Tello de investigar por su cuenta? ¿Qiuén, sobre todo, sabiendo tal iniciativa la realizó con el apoyo de la Procuraduría General de la República de manera extrajudicial?

El señor Eduardo Gallo pasó de ser víctima a victimario. Y no sólo eso, tomó la justicia en propia mano. Investigó y torturó para para obtener la verdad que él quería escuchar y con ello obligó a que la justicia convalidara lo que él quería.

El caso de Antonio Barragán Carrasco lleva el sello de la época de Genaro García Luna. Ya son más de 18 años de injusticias.

Libertad para Antonio Barragán Carrasco. Tortura nunca más. Ni un culpable fabricado más.

Adrián Ramírez*

*Presidemte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

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