jueves 2, julio 2020

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Aunque trataba de mostrarse tranquila, María Ruiz lloró más de 12 años la ausencia de su hijo Juan de la Cruz. Hoy, que finalmente está libre, se deja retratar junto a él con una gran sonrisa que parece indeleble.

Juan fue acusado de un delito que no cometió, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). “Su declaración fue obtenida bajo tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad”, detalla un comunicado de esa organización civil.

A inicios de 2019, la angustia de la madre aumentó cuando Juan y otros indígenas tzotziles, presos en distintas cárceles de Chiapas, iniciaron una huelga de hambre que se prolongó durante 130 días. Cansados de ser ignorados, optaron por esta medida extrema para denunciar, entre otras cosas, tortura como método para extraer confesiones y condiciones de salud precarias tras las rejas. Contralínea documentó ampliamente estas demandas en el reportaje “Huelga de hambre, última voz de los indígenas presos”.

Aunque llamaron la atención de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, las autoridades chiapanecas se mantuvieron al margen de las demandas. Por eso, Juan comenta en entrevista que aún estando él en libertad, se preocupa por la situación de sus compañeros. De forma específica por Adrián Gómez, Abraham López y su hermano Germán, quienes estuvieron en huelga de hambre junto a él en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 5 (CERSS), en San Cristóbal de las Casas.

“Seguiré luchando hasta ver a mis compañeros fuera. La mayoría allá son gente indígena y no tenemos ni voz ni voto. Entonces a echarle ganas: a concientizar a más gente tanto adentro como afuera”, afirma.

El tiempo perdido

Juan cuenta que tras dejar el CERSS 5, el lunes 9 de diciembre, todo había cambiado: encontró su calle pavimentada y “más coches que personas” en su vecindario. Afortunadamente, un detalle de su madre le permitió viajar a tiempos más felices: lo recibió con una buena porción de ciguamut de res, su platillo favorito.

l Frayba no quita el dedo del renglón al señalar que “la detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros”.

Por este motivo el centro de derechos humanos exige una “justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños”. Además pide “investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la tortura en agravio de Juan”.

Rutilio Escandón conocía el caso desde 2016

El mismo gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas atendió el caso desde 2016 cuando era Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia. Tal como lo documentó el Frayba, él y otros funcionarios incluso firmaron el cuadernillo 387/MR/2012 en el que se determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos.

Sin embargo, la recomendación no fue atendida y Rutilio Escandón, ya como gobernador desde 2018, no se preocupó por el tema. El silencio de las autoridades mantuvo a Juan en la cárcel por otros 3 años más. El Frayba explica que “la Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión”.

Defensores piden protección por amenaza de muerte

En el contexto de lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz, una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha recibió una amenaza de muerte el 12 de noviembre. Siete días después descubrió en su domicilio su nombre escrito con sangre.

El primer mensaje, realizado a partir de recortes de periódicos, nombraba al director del Frayba, Pedro Faro Navarro, y se lee: “Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda [por seguridad se omite el nombre de la defensora] está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida”.

En un comunicado emitido el 9 de diciembre el Frayba señaló: “A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano. La defensora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas y Frayba hemos realizamos diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales. Sin embargo, la garantía y protección no sea hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizado la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado”.

Para esta organización civil, “a un año de gobierno de Rutilio Escandón persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos; resultando la obstrucción hacia la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de pueblos originarios”.

Marcial Yangali