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Vinculado desde la década de 1980 a los órganos de seguridad nacional y cuerpos policiales y de inteligencia, así como a la Procuraduría General de la República, el expolicía mexicano preso en Estado Unidos, Genaro García Luna, siempre tuvo la protección presidencial de cinco gobiernos: (cronológicamente) de los priístas Carlos Salinas y Ernesto Zedillo; los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto simplemente dio carpetazo a todas las investigaciones en contra del súperpolicía vinculado a cárteles del crimen organizado.

De acuerdo con documentos oficiales de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) –ahora Secretaría de la Función Pública–, en 2001, cuando el panista Vicente Fox Quesada tenía 1 año de asumir la Presidencia de la República, su gobierno encubrió irregularidades por 162.2 millones de pesos y 17.3 millones de dólares, cometidas en la Policía Federal Preventiva (PFP) durante los años 1999 y 2000, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como titular de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la PFP.

El comisionado de ese cuerpo policial era Wilfrido Robledo Madrid, quien en 1994 fue inhabilitado sólo 5 años por la Secodam; sin embargo, la Procuraduría General de la República lo exoneró de cualquier cargo penal, lo que impidió que se resarciera el cuantioso daño patrimonial.

En 2001, funcionarios de la Secodam de las áreas Jurídica, de Responsabilidades y de Auditoría presentaron cinco denuncias penales en la PGR en contra de García Luna y Robledo Madrid, pero todas fueron archivadas y los funcionarios que se atrevieron a actuar en contra de los dos policías recibieron presiones y amenazas.

El mismo procurador general de la República en aquellos años, el general Rafael Macedo de la Concha (2000-2005), presionó a los auditores de la Contraloría para que abandonaran las indagatorias por corrupción en contra de García Luna y Robledo Madrid; incluso les propuso reuniones conciliatorias directamente con esos funcionarios policiacos “para limar asperezas” y cerrar los expedientes, pues finalmente en la PGR nunca iban a trascender y muchos menos serían turnados a jueces federales, por lo que fue un acto más de protección e impunidad del gobierno federal panista de Fox.

Cuando la Dirección General Jurídica de la Contraloría presentó las cinco denuncias penales ante el Ministerio Público Federal, los fiscales citaron de inmediato a los funcionarios de la Secodam para interrogarlos y ejercer presión sobre ellos para que se desistieran de las acusaciones.

También desde la PGR hablaron con el entonces contralor panista Francisco Barrio Terrazas, a quien solicitaron cerrar las investigaciones contra los entonces policías García Luna y Robledo Madrid, y acusaron a los auditores de la Contraloría de “autoritarios y prepotentes”. El resultado fue que García Luna, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos y sujeto a proceso por vínculos con el narcotráfico, quedara impune en México.

De acuerdo con los informes de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secodam, los daños patrimoniales ocasionados al presupuesto de la PFP desde su creación, 1999-2000, ascendieron a 162 millones 264 mil 504.58 pesos y 17 millones 30 mil 840.72 dólares.

En el desglose de las irregularidades, el expediente de la Contraloría explica que se trató de pagos indebidos por arrendamiento de un avión, correspondientes a 157 millones 60 mil 637.59 pesos y 642 mil 609.42 dólares; adquisición indebida de cinco avionetas, por 1 millón 130 mil dólares; otra adquisición indebida de avión y la contratación de servicios, por 922 mil 760 dólares.

Además, la indebida adjudicación directa y fraccionamiento de pedidos y contratos para la adquisición de bienes y servicios por 5 millones 203 mil 866.99 pesos, efectuadas durante el ejercicio de 2000, evitando injustificadamente el procedimiento de licitación pública y en algunos casos rebasando los montos autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

En ese mismo documento oficial se señala al entonces Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por adjudicaciones directas improcedentes a la empresa Matra Nortel Comunications, por un monto de 14 millones 335 mil 471.30 dólares.

Puntos suspensivos… Otra vieja historia de abuso e impunidad del súperpolicía Genaro García Luna ocurrió en 2004, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR y envió a agentes bajo su mando para presionar y extorsionar a Enrique Salinas de Gortari, quien por aquellas fechas disputaba con sus hermanos Raúl y Adriana Salinas la propiedad de 3 millones de dólares que habían sido devueltos por el descongelamiento de cuentas bancarias en París, Francia, y que formaban parte del capital de 100 millones de dólares que Raúl Salinas había acumulado por corrupción en el gobierno de su hermano, el expresidente Carlos Salinas. Pues días antes de que fuera asesinado Enrique Salinas, un grupo de agentes de la AFI interceptó al hermano del expresidente para exigirle un millón de dólares para no ser detenido por una orden de búsqueda que había enviado Interpol. También le ofrecieron la protección de la AFI a cargo de su jefe García Luna. Sin embargo, antes de ceder a la extorsión, Enrique Salinas apareció muerto el 6 de diciembre de 2004… Aunque las investigaciones de aquel asesinato de Salinas involucraron a los agentes de la AFI que estaban bajo el mando de García Luna, una versión de personas cercanas a la familia sostienen que fueron los “guaruras” de la propia familia Salinas a quienes “se les pasó la mano” y asfixiaron a Enrique, quien se negaba a devolver el dinero que sólo había sido transferido a sus cuentas para ocultarlo en la banca de París… Después que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, consiguió cesar e inhabilitar por 10 años al director general de Pemex Exploración y Producción (PEP) Miguel Ángel Lozada –aquel funcionario cuyo nombre apareció en la firma de contratos vinculados con la llamada “estafa maestra”–, este trabajador petrolero con casi 40 años de trabajar en Pemex impugnará ante tribunales esa decisión en demanda de ser restituido en su cargo. La disputa legal podría durar unos cuantos meses, por lo que será hasta 2020 cuando sepamos el final de esta disputa entre funcionarios de la Cuarta Transformación.

Miguel Badillo

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