martes 14, julio 2020

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Diez sobrevivientes de ataques con ácido luchan porque estas agresiones se tipifiquen como delitos y se castiguen con 12 años de cárcel, pero la iniciativa aún espera ser publicada para entrar en vigor. Arrojar corrosivos es un acto premeditado que tiene la finalidad de desfigurar, lisiar o cegar a la víctima, señala la organización internacional ASTI, misma que clasifica a estas agresiones como violencia de género

En México, lesionar a mujeres con ácido no es delito a pesar de las graves secuelas que padecen, de por vida, las sobrevivientes. Tres meses después de que María Elena Ruiz Ortiz sufriera un ataque de este tipo en Huajuapan de León, Oaxaca, la joven saxofonista fue trasladada de urgencia –el pasado 12 de diciembre– al Hospital Nacional de Rehabilitación para Quemados (ubicado en la Ciudad de México).

Sometida ya a varias cirugías, María Elena presenta graves heridas en todo su cuerpo. Éste es el caso más reciente del que se tiene noticia, pero no todos los atentados se vuelven mediáticos y, al no existir estadísticas oficiales, es difícil saber cuántas mujeres han sido víctimas en el país.

En búsqueda de justicia, 10 sobrevivientes luchan porque estas agresiones se tipifiquen como delitos, como un primer paso para enfrentar y castigar este tipo de violencia de género. La mayoría de ellas han decidido permanecer en el anonimato por miedo, pero han trabajado con la diputada local Alessandra Rojo de la Vega en unas reformas a leyes y códigos penales que sólo esperan ser publicadas para entrar en vigor.

Rojo de la Vega incluso ha conseguido el respaldo de ocho grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados –incluido en el que milita: el Verde Ecologista– para que las sanciones sean a nivel nacional y no sólo en la Ciudad de México.

Por ello, en abril de 2019, legisladores federales “se comprometieron a impulsar y respaldar la iniciativa para tipificar como delito las agresiones en contra de mujeres con ácidos o sustancias corrosivas, en el Código Penal Federal. La propuesta plantea imponer penas que irían de los 8 a los 14 años de prisión, pero al tener el agravante en el tema de género, podrían ascender hasta 20 años”.

En la conferencia de prensa en la que se hizo aquel compromiso, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, diputada federal Fabiola Loya Hernández, señaló que “de 96 mil casos de violencia de género, el 70 por ciento son causados por este tipo de lesiones”.

La gravedad de las lesiones

Anabel Villanueva Martínez, cirujana plástica del hospital Ángeles Mocel, explica a Contralínea que, al sufrir un ataque por químicos –en este caso ácido–, las quemaduras se limitan al daño y la extensión donde cayó la sustancia; sin embargo, advierte que este tipo de heridas generan necrosis, es decir, se forma una especie de costra, se afectan las estructuras cutáneas y todo el tejido alcanzado por la sustancia muere.

En el mundo ocurren cerca de 1 mil 500 ataques con ácido, de los cuales el 80 por ciento es contra mujeres, por lo cual la organización Acid Survivors Trust International (ASTI) los considera violencia de género. Además estima que el 60 por ciento de los ataques no se denuncia, “a menudo, por miedo o vergüenza”. En el caso mexicano ni siquiera hay estadísticas, y aún no hay tipificación del delito hasta que se publique la ley, pero su alcance sólo será en la capital del país.

Ante estos vacíos legales y la urgencia de visibilizar el tema, desde febrero de 2019 la diputada Rojo de la Vega mantiene contacto con las 10 víctimas. Muchas viven en el anonimato porque tienen miedo de alzar la voz, asegura en entrevista.

La integrante del Partido Verde agrega que normalmente los agresores son exparejas o gente cercana y están incitados por el odio, pasión o incluso por celos del tipo “si no eres mía no serás de nadie”.

Arrojar ácido nítrico –utilizado en la fabricación de fertilizantes, colorantes, perfumes y medicamentos–, ácido clorhídrico –componente activo de limpiadores de desagües domésticos– o ácido sulfúrico –limpiador de desagües y baterías de automóvil– es un acto premeditado que tiene la finalidad de desfigurar, lisiar o cegar a la víctima, señala el ASTI, con sede en Reino Unido. Aunque pocas veces, estos ataques también causan la muerte.

“Hay tres patrones que puede seguir el daño: puede ser continuo, cuando el líquido o sustancia ácida abarca regiones que están en continuidad; un daño por goteo, cuando hay salpicaduras con un patrón en gotas; o una combinación de ambos, que son los casos más severos y comunes”, explica la doctora Villanueva Martínez.

La especialista en microcirugía reconstructiva indica que es importante conocer el manejo de los ácidos, ya que el daño se limita a diferentes tiempos; sin embargo, en los casos de ataques a mujeres es complicado saber con exactitud cuál fue la sustancia utilizada.

“Para identificarla necesitaríamos tener un poco de residuos o restos para hacer un análisis químico, o tomar el PH del tejido dañado, y aun así no se sabría específicamente de qué sustancia se trata. También se podría inferir con la exploración clínica, porque los diferentes tipos de ácido dañan las estructuras a mayor profundidad.”

Por ejemplo, observa la doctora, “hay un ácido en específico que puede incluso erosionar o ir dañando el hueso, y cuando tenemos ese tipo de alteraciones inferimos que fue ese tipo de ácido el que lo causó; si hay un menor daño a las estructuras o es más superficial, se infiere que es otro tipo”.

Los ácidos nítrico, clorhídrico y sulfúrico son fuertes oxidantes, agentes corrosivos y deshidratantes; por lo tanto son peligrosamente abrasivos para los ojos, la piel y las membranas mucosas. Además, los vapores que expiden al contacto con la piel o los objetos pueden causar corrosión del tracto respiratorio, irritación, edema y bronquitis crónica.

Pese a los riesgos que implica su manejo y el aumento de los ataques contra mujeres, este tipo de productos se encuentran al alcance de toda la población con precios accesibles (aproximadamente 60 pesos el litro) y su venta no está regulada ni condicionada a la presentación de documentos o identificaciones que aseguren un uso legítimo para la sustancia, explica Alessandra Rojo de la Vega, quien además de ser legisladora es activista por los derechos de las mujeres.

Ante esta situación, la también presidenta de MUI México lanzó la iniciativa de ley en marzo pasado, que en primera instancia buscaba que las lesiones fueran tipificadas en razón de género, como lo es el feminicidio distinguido del homicidio.

Y es que, detalla, en los primeros ataques, las mujeres que se atrevían a denunciar se topaban con interpretaciones injustas: los médicos legistas les indicaba que las quemaduras eran menores a 15 días. Con esta clasificación no son perseguidas penalmente, cuando la realidad es que por años son atendidas clínicamente.

En entrevista, Rojo de la Vega expone que a raíz de la presentación de la iniciativa, otros legisladores se sumaron a la discusión y propusieron colocar como agravantes el uso de ácido o materiales corrosivos y, en razón de género, sancionar con hasta 12 años de cárcel a quien ataca de esa manera a una mujer.

Atención médica

Además del ataque a la saxofonista María Elena Ruiz Ortiz, otras mujeres enfrentan las secuelas de esta expresión extrema de odio. Tales son los casos de María del Carmen Sánchez, atacada por su expareja en 2014 al negarse a regresar con él; de Verónica y su hija Esmeralda, a quienes un grupo de hombres les arrojaron ácido en 2018 al salir de su domicilio (ubicado en Cuautlancingo, Puebla); y de Ana Saldaña Aguilar, agredida el año pasado cuando bajaba de su automóvil a las afueras de su casa.

En la Ciudad de México, las quemaduras con ácido resultado de este tipo de violencia de género pueden ser atendidas sólo en centros especializados, como el Hospital General Doctor Rubén Leñero, el Hospital General Balbuena o el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.

La doctora Villanueva Martínez explica que no todos los hospitales pueden atender a pacientes atacadas con ácido porque se requieren características especiales: desde el tipo de camas e instalaciones hasta flujos de aire, “porque cuando se pierde la barrera de la piel estamos susceptibles a todas las infecciones, al medio ambiente, además de ser pacientes que presentan mucho dolor”.

Asimismo, indica que los nosocomios que cuentan con un cirujano plástico también son ideales, ya que ellos son los especialistas capacitados en el manejo de las quemaduras.

Para la especialista, el sistema de salud mexicano requiere de una restructuración para que se entienda la necesidad de contar con todo lo necesario para que las pacientes se traten de manera adecuada, no sólo en las secuelas sino desde la primera atención médica que reciben tras el ataque.

Eso, indica, es “lo que va a hacer la diferencia en que la paciente tenga mayor o menor oportunidad de recuperarse, si bien no al ciento por ciento como todos quisiéramos, sí al mejor resultado posible. Si no tenemos todo el recurso no vamos a tener buenos resultados”.

Al respecto, la diputada del Congreso de capital Alessandra Rojo de la Vega explica que el primer punto de acuerdo aprobado –y establecido en la “Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Distrito Federal e incluir en el título de Delitos contra la Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a una Vida Libre de Violencia, un capítulo denominado Lesiones Cometidas contra la Mujer en Razón de su Género– está dirigido al sector salud con la indicación de atender a las víctimas “como lo que son: víctimas por ataques con razón de género”.

Asimismo, lo exhorta a proporcionar una atención integral a las sobrevivientes: física, psicológica y económica. “Es sumamente lamentable que ellas acudieran al sector salud por falta de recursos y que ese sector les dijera que su situación no era una prioridad, si no que era una cirugía estética. Lamentable, que encima de todo lo que han sufrido y han vivido tengan esa respuesta”.

El difícil tratamiento

En primera instancia, las víctimas de este tipo de ataques tienen que ser evaluadas para que los médicos determinen si las heridas son agudas o crónicas, explica la doctora Villanueva Martínez. En las agudas se neutraliza el ácido, para ello se tiene que irrigar abundantemente la zona con solución salina y, pasados 10 minutos, empieza la inactivación del ácido. “Hay áreas consideradas más graves y que requieren hospitalización, cuando es en cara, genitales, manos o se trata de niños”.

El manejo del paciente quemado resulta complejo, ya que requiere muchas veces la intervención de especialistas. La especialista señala que lo principal es dar analgesia, hacer un desbridamiento en caso de una quemadura extensa –ingresar a quirófano para quitar todo el tejido dañado o muerto–, para poder determinar si el paciente va a necesitar injertos, colgajos o algún otro tipo de manejo reconstructivo.

“Si nos referimos a los ataques de ácido en la cara, también está involucrado el ojo y puede haber quemaduras oculares. De éstas hay cuatro grados y dependen de la estructura que se dañó o que tan lesionadas están las estructuras oculares. Estas lesiones pueden provocar la pérdida de la visión. Lo más importante es el manejo de agudo en servicio de urgencias y, después de que ya se delimitó la extensión de la quemadura, se debe saber si va a haber manejo no sólo del cirujano plástico sino también del oftalmólogo u otro especialista”, detalla la doctora.

Para la recuperación a largo plazo, la especialista explica que primero se tienen que identificar las secuelas para saber si son estéticas, funcionales o ambas, que suele ser lo más frecuente.

“La secuela funcional es cuando, por ejemplo, hay quemaduras en el cuello y las pacientes no lo pueden extender o no lo pueden mover; cicatrices alrededor de los labios y boca que limitan la apertura oral, y eso hace que incluso la alimentación sea más complicada, o que se presente un daño en el pabellón auricular.”

Por ello, recalca la importancia de analizar el déficit que se tiene para hacer un diagnóstico y saber si en algunos lados se necesitarán injertos o transferir colgajos, no sólo locales sino con microcirugía para poder reconstruir zonas más grandes, como cuando el cuello no se puede extender o en el caso de las manos, para devolverles función.

Villanueva Martínez agrega que “el proceso reconstructivo es largo y va por etapas: en un solo procedimiento no se puede establecer toda la función, lo que lo vuelve bastante grave y complicado”.

La doctora observa que las cirugías reconstructivas dependen del tipo de procedimiento de cada paciente: hay algunos que las requieren cada tercer día, como en el caso de los aseos quirúrgicos porque se necesita estar lavando la zona para retirar el tejido muerto. En algunos casos, por la gravedad, “hay que ingresar al paciente cada 48 horas considerando lo que su condición demanda”.

Cuando se supera esa etapa, explica, ya se pueden realizar cirugías espaciadas: cada mes o cada 3 meses; pero eso va a depender de cada caso en particular y del diagnóstico que se haya hecho considerando la extensión, qué estructuras afectó, cuáles se perdieron y cuáles hay que reponer.

Asimismo, en este tipo de ataques las víctimas quedan con traumas no sólo físicos, sino también psicológicos que las puede llevar al aislamiento social, estrés postraumático o depresión. Por ello, Villanueva Martínez indica que el apoyo del psiquiatra, psicólogo y trabajadora social a la paciente se vuelve fundamental para que entienda que hubo un cambio y que ahora tiene necesidades especiales en el sentido de rehabilitación, como el uso de férulas y prendas de compresión.

“Debe entender que cambió la dinámica, pero que esto no representa que no se puede reintegrar a la sociedad, ya que al ser personas sociales necesitamos reintegrarnos a un medio (trabajo o familia). Al final, ésa es la idea de todo médico, que muchos pacientes se reintegren a lo que hacían o puedan ser nuevamente independientes.”

La doctora Villanueva Martínez advierte que el apoyo no sólo debe ser para el paciente, sino también para los padres, hijos o parejas, para quien vaya a ser el soporte directo.

Prevenir los ataques

La organización ASTI indica en su página web que los gobiernos nacionales tienen la máxima responsabilidad de introducir y aplicar leyes y políticas sobre la violencia con ácidos hacia mujeres y niñas.

Destaca también que los Estados deben prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas. E indica que están obligados a proveer servicios integrales a las supervivientes de dicha violencia, según lo establecido en 1992 en el estándar de debida diligencia, por la Recomendación General No. 19 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Asimismo, agrega que una de las razones del incremento de los ataques con ácidos es el bajo costo y fácil disponibilidad de las sustancias corrosivas; por ello, recalca la importancia de regular la compra y venta de los productos ácidos.

Por ello, la diputada Alessandra Rojo de la Vega refiere la urgencia de que se regule la venta de ácido pero no sólo en la Ciudad de México, sino a nivel federal. Además, de que se provea compensación a las víctimas de manera económica y psicológica por parte del gobierno, con la finalidad de ayudarlas a reconstruir sus vidas y reincorporarlas a la sociedad.

Otra iniciativa también se discute en el senado, promovida por el priísta Eruviel Ávila Villegas. Esta busca tipificar los ataques con ácido en el Código Penal Federal, al reformar los artículos 290, 291 y 292 con base en legislaciones de otros países.

Algunas medidas que plantea esa iniciativa para erradicar el problema son:

  1. Determinar los trámites y condiciones de venta, compra, almacenamiento, transporte, embalaje, transporte y uso de ácidos fuertes de todo tipo.

  2. Autorizar, por parte de las autoridades administrativas, la ubicación de los vendedores y distribuidores de ácido, con el fin de controlar cabalmente el uso de éste.

  3. Determinar que los vendedores y distribuidores solo tienen permiso para vender y distribuir ácidos a los que proporcionen una documentación adecuada emitida por la autoridad competente.

  4. Los vendedores y distribuidores están obligados a registrar toda la información relacionada con compras y clientes, así como para empacar y almacenar correctamente el ácido en botellas o recipientes seguros con etiquetas de advertencia.

  5. Los compradores de ácido deben tener al menos 18 años de edad y deben proporcionar documentos suficientes que clarifiquen su ocupación profesional relevante para el uso de ácido y el propósito específico del ácido comprado.

  6. Los compradores deberán mantener una factura de inspección durante el transporte.

  7. Los almacenes utilizados para el resguardo de ácido deben estar ubicados lejos del centro de la ciudad, estar equipados con sistemas seguros de prevención y extinción de incendios, así como mantener registros de todo el ácido almacenado.

Indra Cirigo

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