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Los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son el factor común del catálogo de los derechos humanos y sus respectivas garantías. La manifestación de las ideas y la libertad para difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, no son objeto de inquisición judicial o administrativa alguna. Tampoco autoridad alguna puede establecer la previa censura o coartar la libertad de discusión, como inconstitucionalmente lo ha decretado el juez 62 de lo Civil, Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, para proteger al empresario multimillonario Ricardo Salinas Pliego; uno de los favoritos en torno al lopezobradorismo y quien, además, se ha apoderado de la secretaría de Educación Pública (como antes lo fue Televisa), al tener a su empleado Esteban Moctezuma como su representante en esa dependencia, con Tv Azteca como caja de resonancia.

Resulta que antes de esa resolución judicial, con oportuna información veraz y contrastada, la revista Proceso publicó cómo participó Salinas Pliego (quien tiene a su hija como senadora por el PRI) en la compra –con sobreprecio– del Grupo Fertinal, por lo cual el multimillonario ha sido demandado, como lo ha publicado el Boletín del Poder Judicial de la Federación, en su edición del 11 de este octubre. Según el funcionario-juez de materia civil, los derechos de libertad de prensa y sus garantías valen un comino, y por lo tanto arbitrariamente puede pisotearlos, sirviendo a un poder fáctico económico, como es Salinas Pliego.

En contrario a lo que acaba de exponer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en el acto: Diálogos entre Jueces Constitucionales de América Latina y Desafíos del Constitucionalismo Transformador, quien encareció “a los jueces ser independientes del poder político, pero también del poder económico y de los poderes fácticos, que con frecuencia se olvida”. Agregando: “Los tribunales consti­tucionales deben ser ajenos al poder económico. No deben prestarse nunca a ser instrumentos del poder económico. Independientes sí, de la política partidista y de la política institucionalizada, pues, es el gran reto que tenemos”, según informó el reportero Gustavo Castillo (La Jornada, 26 de octubre de 2019).

El juez de marras Cortés Domínguez Toledano, tal y como lo informó el matutino Reforma (25 de octubre de 2019), ha cometido la parcialidad de favorecer a Salinas Pliego –un poder económico y poder fáctico–, al ordenar que no se publique la presunta corrupción del dueño de Tv Azteca, además de tiendas y beneficiado por las privatizaciones de Salinas de Gortari, en lo que tiene que ver con la compra del Grupo Fertinal; y donde está implicado el banco de Salinas Pliego: Banco Azteca. Lo grave del problema es que un juez se haya atrevido a pasar por encima de los Artículos 6 y 7, para disponer en tono de prohibición y con amenazas implícitas de imponer sanciones, a quien en los medios de información siga abordando el  tema del multimillonario propietario de un canal de televisión.

Fue el mismo Salinas Pliego quien solicitó al mencionado juez dictar tal resolución, donde se ve el nexo entre el poder judicial, el poder económico y el poder fáctico. Se trata de un asunto donde queda claro que la Constitución ha sido hecha a un lado y dado rienda suelta al abuso del funcionario para favorecer al empresario. Por lo que estamos ante una amenazante intromisión para censurar información y para suspender las libertades, con sus garantías, de la prensa, que ejercen los periodistas en acatamiento de la Constitución ya sitiada por el actual cesarismo populista utilizando invocaciones religiosas. Y en cuyo contexto los empresarios a la Salinas Pliego y su imperio económico, quieren tener privilegios como parte de la élite gobernante.

Que un juez se haya atrevido a darle impunidad a ese multimillonario convirtiéndolo en intocable para la información y la crítica, significa que se está cumpliendo aquello de: “las instituciones al diablo”; y el poder por el poder, sin limitaciones ni contrapoderes, sea lo que prevalezca para reconstruir el “país de un solo hombre”. De tal manera que el republicanismo, la democracia, el Estado federal y la división o separación de poderes sean una conquista simbólica en una nueva realidad política, económica, características de un despotismo disfrazado de paternalismo en el presidencialismo monárquico.

Álvaro Cepeda Neri

[OPINIÓN] [DEFENSOR DEL PERIODISTA]