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En la comunidad, en poco más de un sexenio, fueron asesinadas 26 personas y tres más fueron desaparecidas forzadamente. Delincuentes segaron la vida de líderes y lideresas, y 45 familias tuvieron que desplazarse fuera de la región. Todo, ante la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. La comunidad de la Laguna, en Coyuca de Catalán, Guerrero, casi desapareció y la familia Santana casi fue exterminada. Los perpetradores pudieron hacer todo a su antojo, con total impunidad.

A pesar de la magnitud de la tragedia, el acompañamiento de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos y del registro de los hechos en algunos medios de comunicación, el caso de La Laguna nunca ha sido atendido con la urgencia que se merece. Tal vez porque se trata de familias campesinas pobres, cuyos apellidos no son de abolengo ni tienen nacionalidad estadunidense. Y sobre todo porque se opusieron al negocio del tráfico de maderas preciosas en la sierra guerrerense. Por si algo faltara, habían construido su Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, aquella misma que fue conocida a nivel mundial cuando el encarcelamiento de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel y el asesinato de su asesora Digna Ochoa en 2001.

Libres Teodoro y Rodolfo y muerta Digna Ochoa, el embate se agudizó. Ya en los albores del criminal sexenio de Felipe Calderón, los cárteles tuvieron la rienda suelta. Pudieron secuestrar y masacrar sin freno alguno en toda la zona durante el tiempo que duró esa administración. No respetaron a niños ni ancianos. Descuartizaron cuerpos y torturaron a mujeres y hombres hasta la muerte. En una suerte de política de contrainsurgencia, implantaron un régimen de terror en toda la región.

En 2009 tuve la oportunidad de visitar la zona. En medio de esa tormenta que vivían campesinos y campesinas, pude recoger sus testimonios. Gritaban al mundo lo que les pasaba y muy pocos atendieron. El texto llevó por cabeza “Terror en el Espíritu” (https://bit.ly/2DumxPu). Las autoridades simplemente volvieron la vista a otro lado y entregaron la zona a los cárteles del tráfico de drogas y de maderas preciosas. Hoy puedo decir que uno de los testimonios que recogí y que publiqué con seudónimo, por seguridad de la declarante, era de Juventina Villa, la última líder de la organización que 2 años después sería emboscada y asesinada junto con su hijo de 10 años de edad por un grupo de 40 hombres armados.

Esa era el México de la guerra contra las drogas del cínico Felipe Calderón. Fue también el del indolente Enrique Peña Nieto. Y es, mientras las familias desplazadas no puedan regresar a sus hogares y no haya justicia, de Andrés Manuel López Obrador.

Este fin de semana integrantes de las familias desplazadas vinieron a la Ciudad de México y fueron recibidas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Es de reconocer que por primera vez una autoridad federal recibe a las familias. Pero de nada servirá si no se concreta una reparación integral de los daños que han vivido.

En el registro de las familias, se cuentan las desapariciones forzadas de Nicómedes Villa Santana, Orlando Rebolledo Téllez y Daniel Cabrera Peñaloza, perpetradas el 14 de febrero de 2005.

También, los asesinatos de José de Jesús Santana Villa (el 17 de marzo de 2005); de Justo Arroyo Delgado, que contaba 16 años de edad, y Gustavo Villán de 18 (el 24 de abril de 2007); de José Inés García Silva (el 7 de mayo de 2007); de Raymundo Díaz Maldonado (el 23 de agosto de 2008); Estanislao Méndez Blanco, Pedro Méndez Blanco, Nicolás Méndez Ríos, Cipriano Méndez Pérez y Adrián Méndez Pérez, de 14 años de edad (el 14 de febrero de 2009), y de Rubén Santana Alonso (el 18 de febrero de 2009).

El esfuerzo de Rubén Santana había mantenido la organización vigente. Se trataba de un líder genuino a cuya muerte siguió el primer desplazamiento forzado. El liderazgo pasó a su esposa, Juventina Villa Mojica. Los criminales siguieron con libertad para hacer lo que les viniera en gana y los asesinatos contra los integrantes de la comunidad de La Laguna continuaron:

Los de Sergio Santana Villa, Gilberto Islas Salgado y Martín Arroyo Casarín (el 17 de abril de 2011); de Jorge Delgado Salgado (el 5 de mayo de 2011); de Enrique Rodríguez Santana (el 3 de septiembre de 2011); de Joel Santana Villa (el 2 de diciembre de 2011); el de Ascensión Villa Santana (el 31 de diciembre de 2011); el de Damián Díaz Hernández (el 1 de septiembre de 2012), y los de Celso Chávez Segura, Fortino Méndez Segura, Rafael Chávez Segura, José Ochoa Segura y Heliodoro Ochoa Segura (el 11 de noviembre de 2012).

Finalmente, los de Juventina Villa Mojica y el niño Reynaldo Santana Villa, el 28 de noviembre de 2012.

Se han cumplido 7 años de esos últimos dos crímenes, pero el drama no ha cesado. Las familias no pueden regresar a sus hogares. De condición humilde, su situación económica y calidad de vida empeoraron. La tragedia de la comunidad de La Laguna y de la familia Santana fue haberse organizado para defender los bosques. Matanzas se sucedieron unas a otras pero autoridades, medios de comunicación y sociedad en general menospreciaron los hechos (algunos por complicidad otros por indolencia e indiferencia).

Ojalá la indignación ante el artero crimen contra la familia LeBarón, ocurrido en Sonora el pasado 4 de noviembre, alcanzara también a los cometidos contra la humilde familia Santana y las decenas de miles de familias violentadas y desplazadas. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), sistematizados en el International Displacement Monitorng Centre, a diciembre de 2018 había 338 mil personas desplazadas en México.

Estaremos al pendiente de la seriedad de la llamada “cuarta transformación” ante estos hechos. Las demandas de la comunidad de La Laguna son perfectamente atendibles. Por increíble que parezca, no habían sido recibidas por funcionarios de los gobiernos anteriores (federal y estatal).

Hoy, con el acompañamiento de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), están solicitando: 1) reunión en Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo, y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y con el delegado del gobierno federal en el estado, Amílcar Sandoval Ballesteros; 2) reunión con las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; 3) reunión con las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y 4) aprobación de la iniciativa de Ley Federal de Desplazamiento Interno, la cual ya está en el Congreso.

Una auténtica transformación pasa por la reparación integral del daño a estas familias y comunidades que fueron sometidas a tanto sufrimiento. Y también por devolverle a las comunidades sus bosques y enjuiciar a quienes se enriquecieron con el tráfico de maderas preciosas.

Zósimo Camacho

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