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José Amador Partida Hernández fue arrestado de manera arbitraria. Es víctima de abusos por parte de autoridades de seguridad pública estatales que violaron gravemente su derecho a la libertad e integridad personales y a la presunción de inocencia, preso por delitos fabricados y víctima de tortura junto con su coprocesado.

¿Por qué una persona inocente tiene que permanecer 10 años privado de la libertad injustamente a causa de la sistematizada elaboración de investigaciones de ministerios públicos deficientes?

Antecedentes

El 7 de mayo de 2008 se recibió una llamada telefónica en las Oficinas de la Policía Federal, de una persona del sexo masculino quien hizo una denuncia anónima: “El día de hoy se va a reunir el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como el Barbas, con integrantes de su grupo en el Hotel-Motel Rosales ubicado en el kilómetro 95 de la autopista Cuernavaca-México. Como señas, el Barbas anda en una Suburban color negra, escoltado por varios vehículos”. Supuestamente al decir lo anterior, la persona interrumpió inmediatmente la llamada.

Detención arbitraria y retención ilegal

Detienen a José Amador entre Jojutla y Xoxocotla el 7 de mayo de 2008 entre las 15:00 y las 16:00 horas. Cuando caminaba por la carretera federal, le marcó el alto una camioneta en la que viajaban cuatro policías estatales. Lo esposaron, le amarraron los pies, con lo que queda indefenso. Lo aventaron hacia la batea de la camioneta. Como ya estaba inmovilizado, se golpea la cara.

Durante el traslado a la Procuraduría se encontraron con federales, quienes amenazaban con matarlo por su probable participación en la balacera entre ellos y la escolta de Beltrán Leyva. Aproximadamente después de 30 o 40 minutos fue entregado en las oficinas de la Policía Federal

Le colocaron una camisa sobre cara y cabeza para impedirle ver y dificultarle la respiración. Enseguida vinieron golpes con cacha de revólver; golpes de puño y patadas de pies a cabeza, incluyendo genitales. Lo obligaron a mantenerse en posiciones forzadas hasta el agotamiento. Recibiró amenazas, vejámenes, humillaciones y golpizas reiteradas. Además, privación deliberada de medios de vida y deprivación sensorial.

Narra Amador: “Cuando me entregaron me subieron a una camioneta donde se sentaron los federales a mi lado, preguntándome quién era yo, por qué me llevaban, y me dijeron: ‘Ellos dicen que participaste, así que tú nos vas a llevar con el fulano Arturo Beltrán Leyva’. Les conteste: “¡Cómo te voy a llevar si no sé quién es esa persona, ni sé dónde está!”. Me dijeron: ‘Ahorita vas a saber’”.

Vinieron más golpizas hasta descalabrarlo. Lo golpeaban si decía que sabe y si decía desconocer el paradero de la persona perseguida. Lo privaron de agua, alimentos y servicios sanitarios. Por ratos le retiraban la camisa de la cara para que pudiera “señalar la ruta” que conduciría a la persona buscada. Insultos, groserías y amenazas. Lo bajaron del carro y le propinaron golpizas en la banqueta, a la vista de transeúntes sin preocuparse de que pudieran dar aviso a las autoridades: la impunidad estaba garantizada.

Devolvemos la palabra a Amador: “Con el fin de que me dejaran de pegar, les mencioné que los llevaría; por lo tanto, armaron un convoy enorme de Federales. Me llevaban con las manos esposadas mientras los dirigía, hasta que me bajaron de la camioneta, me tiraron en el suelo y me desmayaron con patadas porque no los llevaban con esa persona. Me gritaban: ‘Te estás haciendo pendejo. Te vamos a matar, perro. Ustedes ya están muertos. Te vamos a dar en tu madre’. En dos horas, nunca llegamos a algún lado porque no sabía dónde a dónde llevarlos, no conocía Cuernavaca. Tenía mi cuerpo todo ensangrentado e hinchado; no los pude llevar a ningún lado, por lo que me regresaron otra vez a las oficinas, donde había militares y federales”.

Declaración ilegal

Lo pasaron a lo que parecía ser una oficina, donde volvieron las golpizas. Lo hirieron con armas punzocortantes. Además de la tortura y las humillaciones, también lo amenazaron con vejaciones a su esposa.

“Eran como las 9 de la noche. Me tenían esposado, con la playera tapando mi rostro, siempre agachado. Ahí estaban los otros seis junto con Hernández y Tambo, quienes estaban inclinados hacia abajo. los federales me decían: ‘Toda ésta es tu gente’. Me metieron a otro cuarto, empezaban a pegarme por todos lados, me daban patadas, guantazos con las armas. Cuando me desmayaba, me despertaban con agua. Me decían: ‘Ahorita no te va a pasar nada, pero con el tiempo estos golpes te van a matar o te vas a morir’. Me pasaron a otro cuarto en el que me quitaron toda mi ropa junto con las esposas, me pusieron una toalla íntima, me amarraron una venda en la cabeza. Los federales se turnaban para volverme a golpear. En un momento me les aventé, les dije que me mataran.

“Luego de un tiempo, regresaron para quitarme la venda de la cara. Me dijeron que me pusiera el pantalón y me colocaron las esposas. Me llevaron a otro cuarto donde entró un federal con una navaja, que empezóa cortar mi cuerpo y mis brazos. Por último, nos llevaron a otro cuarto, donde estaba la prensa. Nos acomodaron alrededor de una mesa que tenía armas, cartuchos, granadas. Nos dijeron que todo eso nos habían quitado. Me sentenciaron por dos armas, un puño de cartuchos y por delincuencia organizada; pero en la puesta a disposición de los estatales reconocieron que me agarraron sin armas.”

En la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo golpearon cn un casco y lo forzaron a firmar una declaración que no le permitieron leer y, claro, sin presencia de un abogado defensor.

Arraigo para fabricarle delitos

Luego fue trasladado al Centro de Arraigo de la PGR. Le obligaron a tener la mirada abajo, lo que le dificultaba comer adecuadamente. Le prohibieron el contacto físico con sus familiares que acudían a la visita.

“Lo más fuerte para mí fue cuando mi niña Perla me visitó. La llevo su mamá. Yo estaba todo cortado, morado de todo mi cuerpo. Lo que más se veía era la cara, no lo podía ocultar. Traía una camiseta y entonces había un director que me dijo: ‘No puedes bajar así, te va a ver tu niña’. Me regaló una sudadera. Bajé, mi hija me abrazó, la abracé. Se asomaron los federales y nos dijeron que nos separáramos y mi niña no se separó, se quedó abrazándome. Mi niña me preguntó qué tenía. Le respondía que nada, que todo bien. En ese momento mi hija levantó mi manga y empezó a llorar.”

Luego de 85 días de arraigo, policías federales levarona Amadeor y sus coacusados al reclusorio de Atlacholoaya. Durante el traslado, dejaron en libertad al Tambo” y al Hernández a pesar de que ellos sí declararon en la puesta a disposición que habían participado en la balacera.

Sentencia y propueta de reparación integral

Después de 10 años preso, José Amador Partida Hernández fue declarado absuelto de los cargos que se le imputaban. Se demostró que la declaración ministerial que él rindió fue obtenida de forma directa de la violación a sus derechos fundamentales por haber sido sometido a actos de tortura.

Derivado de la reforma cconstitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar el daño por violación a los siguientes derechos humanos:

-El derecho a la verdad de la investigación de los hechos relacionados con la tortura que se desprenden de la sentencia y los dictámenes periciales en relacionados con el Protocolo de Estambul, hecho por el que se inició una Averiguación Previa.

-El derecho a la justicia: que se sancione a los responsables por los hechos perpetrados en contra de José Amador Partida Hernández y sus coacusados, para que esto no vuelva a suceder a otras personas.

-El derecho a la indemnización, ya que los 10 años que pasó en la cárcel truncaron el proyecto de vida de José Amador Partida Hernández, y el de su familia, por lo que dejó de percibir durante esos años él y su familia. En este momento no puede acceder a una reparación del daño por la omisión del juez que no le otorgó el carácter de víctima. Se inició el procedimiento ante la CEAV, pero existe una dilación para resolver por parte de esta institución.

Tortura nunca más. Ni un culpable fabricado más.

Adrián Ramírez*

*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC

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