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Tras el mensaje enviado a la nación el pasado 1 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cumplirse su primer año de gobierno, quedó en claro que los temas de seguridad y crecimiento económico son prioritarios en su agenda de la 4T.

Textual, el presidente expresó en torno al clima de violencia generalizada,“Reitero: la disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con el apoyo del pueblo y con el trabajo coordinado de todo el gobierno, con perseverancia, profesionalismo, honestidad y, sobre todo, con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia”.

El primer mandatario dejó en claro que quienes en buena medida han sacado a flote la economía en los primeros nueves meses de su gestión, han sido los migrantes, que por el envío de remesas a sus familiares ingresaron al país 26 mil 980 millones de dólares, el monto más alto de la historia.

Sin duda una buena noticia, pero es evidente que hay mucho por hacer, para que de la mano de la iniciativa privada, sindicatos y trabajadores alcancen acuerdos para concretar proyectos, ejes de la actual administración, como el Plan Nacional de Infraestructura.

El presidente reconoció al respecto: “La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es una realidad positiva y necesaria. Hace unos días acordamos un plan conjunto para la construcción de obras de infraestructura con 134 proyectos y una inversión de 709 mil millones de pesos”.

Los proyectos de infraestructura hacen necesario e impostergable el llegar a acuerdos entre los representantes del capital y trabajo para terminar con el periodo de incertidumbre que, de acuerdo con el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, ha hecho que la economía mexicana se enfrente a un proceso de desaceleración y una fase de estancamiento, que retrasó su recuperación en el año que está por concluir.

Datos del Banxico establecieron que el crecimiento de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, dado a conocer el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), resultó “inferior” a las expectativas de los analistas económicos. Díaz de León aseveró por ello: “Es un elemento que confirma el estancamiento en el que ha estado la actividad económica”.

Analistas también aseguran que parte de esta desaceleración tiene una relación directa con la debilidad de la inversión y las tensiones económicas del exterior, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la negociación del Brexit.

Otro factor externo que debe valorarse, es que diversos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) enfrentan un proceso de desaceleración económica similar; por ejemplo, un país de la OCDE que crecía a un 2.7 por ciento en el tercer trimestre de 2018, hoy crece a un 1.7 por ciento, de tal forma que mientras México crecía a un 2 por ciento en el tercer trimestre de 2018, hoy crece cinco veces por debajo, un 0.4 por ciento. Este fenómeno deja en claro que, en efecto, hay un entorno global complicado.

Pero es innegable que a nivel interno la falta de crecimiento económico en el país también se ha agravado por el tema de la inseguridad, que ha impactado de forma negativa en la actividad de los pequeños y medianos empresarios, comerciantes y prestadores de servicios.

Especialistas del sector privado coinciden en las bajas expectativas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México para 2019, de 0.50 por ciento en agosto, a 0.43 por ciento en septiembre, fijando sus previsiones de crecimiento para el 2020 en 1.35 por ciento, frente al 1.39 por ciento del sondeo previo del banco central.

Y si bien la inflación, el tipo de cambio frente al dólar y el nivel de endeudamiento se han mantenido en un nivel razonable, la economía no termina de despegar. Por ejemplo, el consumo de los hogares, uno de los factores más importantes del PIB, solo creció 0.8 por ciento en el primer trimestre de 2019, 15 veces más lento que el 2.8 por ciento al que suele crecer en promedio, e implica una caída en términos de cuánto puede consumir cada persona en México, que termina impactando en el bienestar de todos.

Es por ello que si bien ya está planteado el abanico de proyectos de infraestructura, como la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y la red nacional de gasoductos, entre otros, es necesario sentarse a apuntalarlos para que con la participación de los sindicatos en consonancia con inversionistas y empresarios, se detone el crecimiento económico y la generación de empleos estables y bien remunerados.

Pero sin duda deberá atenderse el flagelo de la inseguridad propiciado en buena parte por la lucha de los diversos cárteles del país por el control de las plazas a lo largo y ancho del territorio nacional.

El propio Banco de México ha aceptado que la inseguridad representa un grave “obstáculo” para el crecimiento económico del país y de acuerdo con sus especialistas, es la inseguridad un factor que afecta la actividad económica, al ser una de las mayores preocupaciones del sector privado y de los inversionistas, sobre todo extranjeros.

Diversos sectores coinciden en que el combate a la inseguridad no será una tarea fácil para la actual administración, pues va a demandar un largo proceso, pero debe atenderse desde diversas estrategias multifactoriales porque representa quizá el principal obstáculo para potenciar el crecimiento económico.

El Plan Nacional de Infraestructura representa una oportunidad para dar impulso a la economía, pero la inversión y la suma de esfuerzos y voluntades de sindicatos y trabajadores, también serán clave para alentar el proceso de recuperación económica, ya que el país no solo debe mantenerse a flote por el flujo de las remesas sino por la reactivación integral de su mercado interno y de sus diversas ramas productivas.

Martín Esparza Flores

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