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Alrededor del mundo, históricamente los gobiernos han violado los derechos de los líderes sociales privándolos de su libertad y de tener participación política en sus propias naciones, señalaron defensores de presos y expresos políticos. Por ello, exigieron justicia y un alto a las persecuciones “de odio y venganza” contra los dirigentes sociales.

Alfredo Crespo –abogado de Abimael Guzmán Reynoso, presidente del Partido Comunista del Perú, condenado a doble cadena perpetua y que lleva 27 años encarcelado– planteó que se han violado los derechos de Abimael Guzmán, al permanecer en condiciones precarias en el penal militar de la base naval del Callao.

Explicó que “este penal ha sido calificado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas como un centro donde se practica la tortura contra los detenidos”. La cárcel se construyó en el gobierno de Alberto Fujimori, en un momento en el que se vivía la guerra interna y el conflicto armado, para detener a los dirigentes.

Para el abogado Crespo, “hoy ya no existe una razón para el Estado peruano de seguir manteniendo ese penal de incomunicación y aislamiento absoluto, pero ahí está, y no tiene ninguna base legal, viola la Constitución Política del Perú”.

Denunció además que esas condiciones del penal provocan el deterioro de la salud de los presos, entre ellos la de Abimael Guzmán, quien no ha recibido atención médica y al que se le niega el derecho de visita. “Toda la negación de sus derechos se hace argumentando que es terrorista, y nosotros sostenemos que lo que hay en nuestro país no es terrorismo, lo que hay obedece a causas sociales, económicas y políticas […] Él es un preso político, un comunista combatiente […] por ello nosotros demandamos el cierre del penal militar de la base naval del Callao”.

Por su parte, Nora Alva Alfaro, integrante del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), manifestó que han sido detenidos dirigentes y activistas del movimiento por el operativo llamado “Caso Perseo”, con el cual “se pretende criminalizar e ilegalizar” a la organización.

Añadió que “eso es lo que venimos a denunciar ante el pueblo mexicano, porque nosotros tenemos derecho a la participación política pero nos están persiguiendo por expresar y criticar el sistema capitalista, que está implicando la explotación y opresión, hambre y miseria para nuestro pueblo. […] Este tipo de persecución no sólo se da en nuestro país [Perú], ya se está extendiendo: compañeros chilenos y argentinos también han sido hostigados”.

Y México tampoco es la excepción. En conferencia de prensa, Arturo Campos –expreso político– contó que fue encarcelado por pertenecer a una policía comunitaria. “Nosotros hemos brindado seguridad y justicia a nuestro pueblo, lo que no nos ha podido dar el gobierno mexicano; sin embargo, nos criminalizan y nos persiguen. A mí me encarcelaron, pero gracias a los abogados y las manifestaciones sociales se logró demostrar que no soy un criminal, por eso ahora estoy aquí, pero el gobierno dejó mi expediente abierto para que no me pueda mover”.

Los ponentes enfatizaron su exigencia de justicia, “cese a las persecuciones de odio y venganza, así como el castigo a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones y asesinatos de los líderes de las luchas sociales” de México y el mundo.

Viridiana García