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A 4 años de la creación de la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas en el Ejercicio de esta Actividad, aún persiste la falta de atención a este tipo de crímenes, señaló Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Por ello, la Comisión emitió una recomendación en la que hace responsable a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de no resolver estas problemáticas.

La presidenta de la CDHCM señaló los casos de Aristegui Noticias, el fotógrafo Germán Guillermo Canseco (de Proceso) y el periodista Humberto Padgett (de Grupo Fórmula), quienes sufrieron violaciones a los derechos de la libertad de expresión, debido proceso, acceso a la justicia y derecho a la verdad.

Al respecto, la ombudsperson subrayó la negligencia por parte de la Procuraduría capitalina, ya que su personal “llevó a cabo una deficiente investigación, no solamente por la filtración de datos personales sensibles y exclusivos de la investigación, sino también por la falta de apego a protocolos, de un análisis de contexto de la situación, para posteriormente descartar la vinculación entre la labor periodística y delitos cometidos en contra de las personas”.

Nashieli Ramírez agregó que “la deficiencia no se limitó a entorpecer o anular la posibilidad de continuar con una línea de investigación apegada a los hechos, sino que, como consecuencia de ella, se puso en riesgo mayor a las personas denunciantes y sus equipos de trabajo”.

Así también se estableció en la Recomendación 19/2019 –dirigida a la PGJ de la Ciudad de México. Sobre esta, la defensora detalló: “es la primera recomendación en la que se documenta la violación a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en específico”, la cual consta de nueve puntos entre los que sobresale la creación de un plan integral individualizado de reparación para las víctimas directas, atención psicosocial y la solicitud a la Visitaduría Ministerial de realizar los estudios técnico-jurídicos de las investigaciones penales iniciadas.

Aunado a ello, la recomendación solicita la generación de un plan de trabajo para el diseño de la estructura institucional y normativa, que asegure progresivamente la especialización y profesionalización del personal que integra la Agencia Especializada, así como poner a disposición para consulta pública las averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite sobre delitos cometidos en este rubro.

Viridiana García