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Se levantó un coro de denuestos y calumnias en contra de Rosario Piedra Ibarra por el atrevimiento de postularse y ganar el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El Senado de la República, en una votación legal, aunque cargada de humo que lanzaron voceros de las derechas de este país, la designó por mayoría para el cargo. Los detractores jugaron con el derecho de veto que otorga a las minorías la votación de dos tercios que para algunas cuestiones exige la ley. Y persisten después con recursos procesales y con falacias en la prensa. Una de ellas es el artículo de Mario Patrón (CNDH: ¿legalidad y legitimidad?, La Jornada, 21 de noviembre del 2019, página 23).

Patrón sostiene que el presidente de la República abonó la legitimidad de Rosario Piedra al asegurar que “es algo extraordinario” que una afectada por violación a derechos humanos, hermana de un desaparecido, se encargue del organismo mencionado. Pero al articulista le parece que “queda pendiente… (definir) por qué y cómo ser víctima te habilita para asumir un cargo público y, en particular, para dirigir la CNDH”.

Más bien, Patrón debe elaborar  argumentos para descalificar a una persona que ha sufrido el daño de la desaparición de su hermano (Jesús Piedra Ibarra) para que ocupe la titularidad de la CNDH o de cualquier otro organismo público. Porque haber sufrido desde muy joven los efectos de un crimen atroz como ése, en el seno de una familia ejemplar por combativa y entregada a la causa de la presentación con vida de Jesús y todas las personas desaparecidas, es un mérito muy grande (que por cierto, los demás no quisiéramos tener). Olvida el autor de la crítica a Rosario que ésta ha militado durante décadas, por decisión propia e independientemente de su origen familiar, al Comité Eureka, que se caracteriza por su independencia respecto de cualquier poder, y privilegia la lucha por los derechos humanos. La combinación de esos elementos confiere autoridad moral y legitimidad a la actual ombudsperson.

En lugar de reconocer esos valiosos antecedentes de Rosario, Mario Patrón afirma que López Obrador la habilitó, por ser hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, no obstante que aquella –le parece a Mario– “se ha destacado más en el mundo del activismo político que en el de los derechos humanos”. Inadmisible resulta el menosprecio a la labor de Eureka (y antes del Frente Nacional contra la Represión, y más atrás el Comité de Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos), donde siempre participó Rosario Piedra.

Pasa luego el firmante del artículo a analizar la “legitimidad derivada” que, en su concepto, provendría de un proceso pulcro de selección de los aspirantes a ocupar el puesto que ganó Rosario Piedra. Según él, tal cosa no ocurrió, sino que Morena “recurre a los mismos métodos oprobiosos” de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), pues hubo desaseo en la designación. Incluso llega a compararla con dos anteriores titulares del puesto en cuestión.

Concluye el documento que analizamos en que hay que aplicar cuatro principios: que la designada sea una persona independiente del poder y de los partidos políticos, que tenga conocimiento amplio de los derechos humanos, que conozca la realidad internacional y que sepa de gestión institucional. Con ello, asevera, se podría ayudar a reivindicar “el perfil de los contendientes” y, sobre todo, a “objetivar y transparentar los criterios de selección”. Sin esto, remata, se debilita tanto la legitimidad de la persona, como la institucionalidad del organismo.

Desde nuestra perspectiva, Rosario satisface sobradamente esos principios, además de que tiene la vivencia de haber luchado por los derechos humanos durante casi toda su vida, al lado de víctimas de la Guerra Sucia (no mal llamada).  Y por ello está dotada de plena legitimidad. El procedimiento por el que fue nombrada se apega a los lineamientos normativos vigentes, por lo que tiene plena legalidad. Sin regateos, dudas ni mezquindades.

José Enrique González Ruiz*

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