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Habitantes de las comunidades de Hacienda de Dolores y de La Laguna -del municipio de Coyuya de Catalán, Guerrero- denunciaron que a 7 años del desplazamiento que sufrieron luego de los asesinatos de Rubén Santana Alonso y Juventina Villa Mojica, defensores del bosque, su caso sigue impune.

En conferencia de prensa, dijeron que tampoco ha habido justicia en el tema de los homicidios después de 3 sexenios, ya que las autoridades no han realizado las investigaciones necesarias para encontrar a los culpables, y tampoco han protegido a los habitantes de las comunidades a pesar de las amenazas que han recibido.

Tras el desplazamiento forzozo, la comunidad ha padecido tres desapariciones forzadas, 25 ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, siembra de delitos. Además, irrupciones militares y de comandos criminales armados.

Leonor (no se menciona apellido por protección), víctima del desplazamiento forzado de la comunidad de La Laguna y familiar de Juventina, señaló que toda su familia está amenazada. “Para nosotros no pasa el tiempo. Queremos que nos regresen a nuestros familiares, seguimos con temor”.

La situación de desplazamientos forzados se encuentra desbordada tanto a nivel nacional como en América Latina, explicó María Elena Hernández, abogada de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo. Sin embargo, en México no existen cifras con las que se pueda dimensionar el problema, ya que muchas autoridades están coludidas, advirtió.

Por su parte, Mariana Díaz Pérez, víctima de desplazamiento, pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador atienda a los representantes de la comunidad para que el caso no quede impune.

Tanto víctimas como sus defensores resaltaron que las condiciones en las que viven los desplazados son precarias, porque no tienen acceso a servicios básicos, como salud, educación y alimentación.

Además, no pueden trabajar porque fueron reubicados en la localidad de La Unión, en el municipio de Ayutla, y las tierras de ahí no sirven para la siembra. Tampoco pueden conseguir empleos por los delitos que les fueron imputados a varios desplazados.

Las víctimas y los abogados de la Asociación Mexicana dijeron que las razones por las que siguen recibiendo amenazas y aumenta el número de desplazados es porque en los lugares en los que están sus comunidades hay recursos minerales, zonas fértiles para cultivar y demasiada agua; por ello, el territorio está controlado por el crimen organizado.

Aseneth Hernández

 

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